23-05-2015 La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), secretaria de la Comisión de Economía, señaló que el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas no cuenta con prestaciones laborales y sociales, por lo que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, situaciones que suceden con frecuencia “dado los riesgos y productos tóxicos a los que se encuentran expuestos”.

Enfatizó que los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas han sido ignorados por mucho tiempo, tanto en la sociedad como en el marco jurídico mexicano. Su mano de obra está presente en al menos 19 estados de la República y en todos ellos se presentan casos de abusos y explotación, agregó.

Por ello, propuso exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de diversas dependencias, se evalúen y diseñen acciones y políticas que permitan impulsar sus derechos laborales en todo el país, a través de la formalización del sector y su integración a la seguridad social, para garantizar un salario justo y un trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y pertenecer a una agrupación sindical.

La legisladora, quien presentó el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, refirió que en México hay entre un millón 484 mil 638 y dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, y alrededor del 87.6 por ciento son hombres; el 68.8 por ciento presenta pobreza patrimonial; la mayor parte de ellos no finaliza la primaria; menos del 10 por ciento de los niños y niñas de familias de jornaleros asiste a la escuela, y 40 por ciento son indígenas.

Estos trabajadores son, por lo general, migrantes internos, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, es decir, de los estados que presentan mayor pobreza en el país, por lo que no tienen acceso a redes sociales estructuradas a las que puedan recurrir en caso de sufrir un abuso, afirmó la diputada.

Mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, el 90 por ciento de ellos carece de un contrato formal; se obliga a integrar a sus hijos contrariando la edad mínima, generando una alta tasa de trabajo infantil; se vulneran reglas básicas de sanidad e higiene al estar expuestos a químicos dañinos a la salud, principalmente en los pulmones y la piel; en casos extremos a las mujeres que dan a luz sólo se les brinda un día de descanso y existe un impedimento de acceso a la justicia cuando sufren delitos.

Aguilar Gil sostuvo que su situación de vulnerabilidad y discriminación de la que son objeto, les impide gozar de un trabajo digno, derecho consagrado en la Constitución Política, pues los patrones no respetan su dignidad humana, y no les reconocen su utilidad social y tampoco se les garantiza su acceso a la seguridad social o a un salario digno.

Consideró que, en este contexto, “no es extraño que situaciones como la de los jornaleros de San Quintín, Baja California se presenten, pero no son las únicas, ya que la vida precaria de los jornaleros agrícolas se reproducen también en Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México”.

Por ello, estimó necesario que las autoridades competentes reanuden esfuerzos para garantizar a este sector los derechos que les reconoce la Constitución, acceder a un trabajo digno y recibir un trato adecuado.

Planteó que las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Salud, así como y los institutos Mexicano del Seguro Social, del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, evalúen y diseñen acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

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