• Órgano colegiado emite opinión respecto a la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE
• “Atiende cabalmente las necesidades de los trabajadores para el cuidado de su patrimonio"
• Proponen fortalecer participación de trabajadores en el consejo de la nueva administradora de fondos para el retiro

04-11-2015.- La Comisión de Seguridad Social avaló por 10 votos a favor y cinco en contra su opinión de la iniciativa para transformar al PENSIONISSSTE en una empresa de participación estatal mayoritaria. Consideró que con esta nueva figura administrativa “no se pretende en ningún momento privatizarlo”, y subrayó que atendería “cabalmente las necesidades de los trabajadores para el cuidado de su patrimonio”.

Además, con la propuesta del Ejecutivo federal para reformar la Ley del ISSSTE en tal sentido, dicho sistema para el retiro “continúa como una institución 100 por ciento del Estado”, enfatiza el órgano colegiado en el documento que sustenta sus observaciones y que fue puesto a consideración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, encargada de dictaminar la iniciativa.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social sugirieron una modificación al Segundo Transitorio de la iniciativa para “fortalecer la participación de los trabajadores” en el consejo de la nueva sociedad administradora de fondos para el retiro.

Plantean integrar dicho consejo con 18 miembros -en lugar de 13 como propuso el Ejecutivo federal-, nueve de los cuales serían vocales titulares nombrados por organizaciones de los trabajadores.

Proponen conformar la otra mitad del consejo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidiría; el director general de esta sociedad, nombrado por el consejo de administración, a propuesta de la SHCP; tres vocales nombrados por la SHCP; uno por el director general del ISSSTE, y tres vocales nombrados por las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública, y de Desarrollo Social (uno cada instancia).

Las decisiones del consejo de administración, plantean, se tomarían por mayoría de los representantes y, en caso de empate, su presidente tendría voto de calidad.

El documento que sustenta la opinión de la Comisión de Seguridad Social, refiere que el sistema de pensiones se separa administrativamente del ISSSTE para constituirse como entidad paraestatal financiera, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión que coadyuve en el crecimiento económico del país, “siempre con las mejores condiciones para los trabajadores del Estado”.

Estos últimos “continuarán siendo parte de la nueva institución pública, respetándose en todo momento sus derechos laborales conforme a la ley y su esencia como institución de los trabajadores, sin fines de lucro”.

La comisión opina que la propuesta del Ejecutivo federal es certera en su exposición de motivos, al afirmar que actualmente se vive dentro del instituto una migración neta de 39 mil 718 cuentas individuales, equivalentes a la administración de 51 mil 232 millones de pesos.

Garantiza que los bienes, derechos, obligaciones y el presupuesto del PENSIONISSSTE que se traspase a la nueva institución, no genere un costo adicional para el Estado mexicano. “La funcionalidad se verá sustancialmente optimizada, fortaleciendo su capacidad operativa para lograr ser más competitiva en los mercados actuales”, precisa.

Indica que esta iniciativa cuenta con el respaldo público de la junta directiva del ISSSTE y de diferentes organizaciones sindicales, ya que prevé el derecho del trabajador para que pueda y deba elegir la administradora en la que desee que su cuenta individual permanezca, de manera libre y equilibrada.

El órgano colegiado sostiene, por otra parte, que la reforma obliga a las administradoras incorporar en los estados de cuenta que expidan a los trabajadores, el valor nominal de sus bonos de pensión del ISSSTE, en unidades de inversión y en pesos

Asimismo, el valor de pago anticipado de los bonos en unidades de inversión y en pesos a la fecha de corte del estado de cuenta, de conformidad con las disposiciones que emita para tal efecto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lo que “brinda mayor certeza financiera a los trabajadores y sus recursos”.

En la ronda de posicionamientos, la diputada presidenta del órgano legislativo, Araceli Damián González (Morena), sostuvo que con esta iniciativa, el PENSIONISSSTE no sería 100 por ciento estatal, pues establece 49 por ciento de participación privada.

Por otra parte, dijo, no hay forma de garantizar que con esta transformación las comisiones cobradas por dicho sistema de prensiones sean las más bajas del mercado, ni que los rendimientos sean los más altos, como ha sucedido hasta el momento.

Su correligionaria, diputada Mariana Trejo Flores, sostuvo que las propuestas contenidas en la iniciativa del Ejecutivo federal “ponen en riesgo los beneficios del PENSIONISSSTE, al bursatilizar su financiamiento. Nadie tiene del derecho de arriesgar ni mucho menos prestar el dinero de los trabajadores”, agregó.

Del Revolucionario Institucional, la diputada Beatriz Vélez Núñez defendió que la reforma “no implica privatización”, sino “eliminar las restricciones administrativas y operativas que enfrenta el actual PENSIONISSSTE”, paso transformador que, aseguró, se da de manera conjunta con los trabajadores.

Por el PRD, Erik Juárez Blanquet advirtió que se dotará al Ejecutivo “la facultad de crear una afore pública sin participación del Congreso de la Unión y un consejo de administración a modo, subordinada a la SHCP”, además de que el PENSIONISSSTE “puede correr la misma suerte que la Afore Siglo XXI”.

De la misma bancada, la diputada Elida Castelán Mondragón subrayó que con la reforma a la Ley del ISSSTE, el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad administradora que se creará. “Se puede concluir que se quiere privatizar al PENSIONISSSTE, pues deja de lado el sentido de ser una administradora sin fines de lucro”, añadió.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra acusó que la propuesta de transformación del PENSIONISSSTE en empresa de participación estatal mayoritaria, no precisa cual será el porcentaje real de participación estatal ni el de la iniciativa privada; tampoco cómo será el reparto de remanentes entre estos dos inversores.

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