10-11-2015.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por 32 votos en pro, dos en contra y cero abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación (Tesofe), cuyo objeto es regular las funciones de tesorería, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación.

Durante una reunión de trabajo de esta instancia, que preside la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), se avaló el nuevo ordenamiento, que abroga las Leyes del Servicio de Tesorería de la Federación, publicada en 1985, y la del Servicio de Inspección Federal, de 1936, así como todas las disposiciones que se opongan a ésta.

El documento aprobado se divide en tres títulos. El Primero comprende disposiciones generales que regulan el ámbito de aplicabilidad y obligatoriedad del ordenamiento que se plantea, indicando la materia de la ley, los sujetos de la misma, la definición de los términos utilizados y la supletoriedad en temas no previstos.

En el Título Segundo se regulan las funciones de la Tesofe, de acuerdo con el orden en que se desarrollan las funciones propias de una tesorería gubernamental: recaudación y administración de recursos y valores, y pagos.

En el Tercer Título, por su trascendencia y a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a los destinatarios, se regulan las atribuciones que se confieren a la Tesofe para llevar a cabo la función de vigilancia de la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, distribución, reintegro o custodia de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal y, en general, que las funciones de tesorería se realicen conforme a la ley.

Entre otras cosas, establece que son funciones de tesorería las actividades que corresponde realizar a la Tesofe para la gestión integral de procesos vinculados con la recaudación, administración, pago y vigilancia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal, así como de las garantías otorgadas a favor del mismo.

Las funciones de tesorería, señala el documento, corresponden a la Tesofe y deben mantenerse bajo su responsabilidad, sin perjuicio de que sean ejercidas por Auxiliares –unidades administrativas de dependencias, entidades, tribunales federales administrativos, Poderes Legislativo y Judicial, Banco de México, así como órganos constitucionales autónomos de la Federación y estados, entre otros— por lo que debe tener facultades suficientes para emitir disposiciones que regulen esas funciones.

Además refiere que la función de vigilancia debe ser ejercida directamente por la Tesofe, a efecto de que se practiquen los actos necesarios y comprobar la adecuada recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, o custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal.

Se implementa un sistema electrónico de información sobre valores o documentos que represente las inversiones financieras del gobierno federal, a efecto de que la SHCP obtenga información con agilidad y certeza para el adecuado registro de esos valores, que podrán solicitarse y emitirse a través del mismo sistema.

Fomenta el pago electrónico de obligaciones a cargo del gobierno federal, o de terceros, debido a que se promueve la transparencia y seguridad de las operaciones realizadas con recursos públicos, a la vez que el gobierno federal gestiona conforme a las mejores prácticas internacionales.

Para evitar la triangulación en el cobro de sanciones económicas o multas administrativas a favor de la Tesofe –impuestas por autoridades federales, jurisdiccionales o administrativas—, establece que es procedente considerarlas créditos fiscales y se remitan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro.

Se prevé el sistema de Cuenta Única de Tesorería, cuya administración es una de las principales funciones de tesorería y debe regularse en un instrumento jurídico de jerarquía legal.

Con ello se fortalece la administración unificada de recursos de la propiedad o al cuidado del gobierno federal, pues hace posible recibir los citados recursos directamente en cuentas de la Tesofe, conocer las disponibilidades y contar con información para administrar la liquidez, planear el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del gobierno federal y llevar un mejor control en el ejercicio del gasto.

Sobre la función de recaudación, propone que los bienes que pasen a propiedad del fisco, con motivo de la recaudación del SAT, sean transferidos directamente al SAE para evitar triangulación y sea éste el órgano que realice la aplicación de dichos bienes a la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

El dictamen avalado, incluyó algunas propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentarios de Nueva Alianza y del PRD.

Respecto a las facultades de la Tesorería para autorizar y revocar a los auxiliares para realizar funciones de tesorería que determine, se integró un párrafo en el artículo 8, a fin de establecer que la nueva empresa continúe teniendo comisiones bajas en beneficio de los trabajadores y estimule la competencia en el sector.

Se modificó la facultad de la asamblea general de accionistas de poder ordenar la reinversión del remanente de operación, sustituyéndola por la obligación de ordenar dicha reinversión, lo que proporciona certeza sobre la reinversión de éste siempre que se haya generado.

Para dar certeza del destino de los recursos en la Tesofe, se estimó necesario precisar en el artículo 30 que la aplicación del erario federal, en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, se realizará atendiendo a la naturaleza de dichos recursos, a fin de transparentar su aplicación.

En el tema de operaciones de inversión de recursos disponibles, en el artículo 31 se precisa la integración del Comité Técnico en la Ley, a fin de dar certeza jurídica sobre los miembros que la integran, sin perjuicio de que la suplencia, la organización y el funcionamiento de dicho Comité se establezcan en el Reglamento de la Ley que al efecto se expida.

Respecto a la atribución de vigilancia de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno Federal, para determinar el monto a resarcir en caso de que no se realice la concentración o entero a la Tesofe, en el artículo 54 se precisa el procedimiento mediante el cual se determina el monto a resarcir, con objeto de que prevalezca en todo momento la garantía constitucional de audiencia, estableciendo elementos mínimos para la defensa de los derechos del gobernado a la vez que se asegura una resolución pronta y expedita por parte de la autoridad competente.

Referente a la aplicación de sanciones por parte de la Tesofe, se consideró necesario adecuar el parámetro del importe de la multa establecida en el artículo 60, fracción I, para quedar en el equivalente de 10 mil a un millón 700 mil unidades de inversión (UDIS), sin que la multa mínima pueda ser menor al uno por ciento del monto que se haya dejado de concentrar o enterar, en cuyo caso, se aplicará como multa mínima dicho porcentaje.

En relación al Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal (FOGAREF) se estimó pertinente que sus recursos disponibles, se utilicen en actividades prioritarias o en el mejoramiento del balance público en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación. A fin de dar transparencia y certidumbre jurídica sobre el destino de estos recursos, se precisa que se aplicaran conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

La presidenta de la Comisión informó que las reservas sobre este dictamen se presentarán ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el momento de la discusión del mismo.

Posicionamientos

Al fijar la postura del grupo parlamentario de Encuentro Social, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes sostuvo que con esta ley se están evitando duplicidades; de ahí que su importancia sea destacable. Hizo votos para que se creen procedimientos internos adecuados, “a fin de que las leyes no caduquen, no se hagan viejas, sino que tengan un respaldo con normatividad interna que pueda hacerlas válidas”.

El legislador Luis Alfredo Valles Mendoza (Nueva Alianza) consideró necesario actualizar y crear una nueva ley que se apegue a la realidad tecnológica y administrativa; por ello, argumentó, el dictamen permitirá que la Tesorería pueda operar conforme a las mejores prácticas internacionales, garantizar la administración de los recursos y fomentar que su actividad se realice con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad económica.

De Movimiento Ciudadano, la diputada María Elena Orantes López resaltó que esta nueva ley contempla el uso de las nuevas tecnologías para eficientizar los programas de recaudación, así como las facultades que debe tener la Tesorería para poder lograr una armonización que refleje transparencia en todos los procesos. “No podemos permitir que las prácticas fiscales desleales lastimen a la economía del país; será de gran utilidad al adquirir mecanismos innovadores”.

Juan Romero Tenorio, diputado de Morena, expresó que si bien en el dictamen hay avances administrativos, en cuanto al control del ingreso, “hay puntos de opacidad que no nos permiten ir con la propuesta, principalmente, en los artículos del 21 al 28, 33 y 45. Estas disposiciones establecen atribuciones a la Tesofe que no cuentan con plena transparencia en el manejo de los recursos del Estado”.

La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) indicó que es fundamental trasformar a la Tesofe, ya que le imprimirá liderazgo, honestidad y prontitud a su gestión. Además, establece mejoras que darán mayor eficiencia y eficacia en el rol de la Tesorería, y mayor dinamicidad a sus funciones de recaudación, administración, pagos y control gubernamental. “Respaldamos el reto de su implementación, pues con ello se alcanzará eficiencia, disponibilidad y transparencia en los recursos a su administración”.

El legislador Waldo Fernández González (PRD) respaldó el dictamen que le otorga mayor transparencia a la administración de recursos de la Tesofe, corrige omisiones e imprecisiones en el proceso administrativo, fija infracciones y sanciones que no violan derechos humanos y canaliza los recursos a actividades prioritarias o de mejoramiento del balance público.

Por el PAN, el diputado Herminio Corral Estrada mencionó que esta ley no tiene impacto presupuestario ni amplía facultades ni áreas o actividades distintas a las que por sí misma tiene. Recordó que desde 1985 no se actualiza este ordenamiento, cuando “ya estábamos superados por los avances tecnológicos. Las modificaciones fortalecen el trabajo de la Tesofe, para que tenga mayor control y transparencia”.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (PRI) resaltó que fortalecer las fuentes de ingreso del gobierno y administrar efectivamente la calidad del gasto, es algo que debe ser prioridad; por ello, dijo, “la necesidad de una nueva ley de la Tesofe, como elemento para que haya un manejo eficiente y transparente de los recursos del gobierno federal, ayudando a la rendición de cuentas claras, pues la actual no se ha actualizado desde 1985 y hay muchos rezagos en su aplicación”.

Aprueban opinión favorable sobre desindexación de salario mínimo

La instancia legislativa también aprobó con 34 votos a favor la opinión sobre la desindexación del salario mínimo, luego del análisis realizado a la minuta por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 41 de la Constitución y “concluye que es pertinente la aprobación de dicho proyecto”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (PES) sostuvo que la desindexación del salario mínimo se había postergado y, “por fin, un tema tan importante para la economía del país y de los trabajadores avanza. Ya basta de referenciarlo”, resaltó, y urgió a terminar con este tipo de remuneración.

Por Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales se congratuló por la opinión y expresó: ahora, “el compromiso es tener pronto un cambio legislativo, a fin de que el salario mínimo sea un mecanismo para que las personas que ganan menos, obtengan lo suficiente para vivir. “Se tiene un salario base que no cubre la canasta mínima de pobreza, de alrededor de 88 pesos, faltarían entre 17 o 18 pesos”, destacó.

Dijo que debe ser uno de los principales trabajos de la actual Legislatura diseñar una la ruta para definir en los próximos meses un incremento real e importante del salario mínimo. Recordó que el salario mínimo más alto logrado en México fue en 1976, equivalente a 250 pesos al día, es decir, 9 mil pesos al mes para el trabajador que menos ganara, eso implicaría reducir la desigualdad, fortalecer el mercado interno y establecer una política social efectiva, apuntó.

El diputado Herminio Corral Estrada (PAN) celebró esta medida para desanclar el salario mínimo de otras obligaciones e instrumentos, que se ha convertido en la imposibilidad de tener una remuneración digna para los trabajadores. Se pronunció por alcanzar un acuerdo para que los trabajadores mexicanos tengan un salario que alcance para cubrir sus satisfactores mínimos.

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