18-11-2015 Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, cuestionaron al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, respecto a temas relacionados con el patrimonio de servidores públicos, conflicto de intereses, funcionarios que cometen delitos, fiscalización de los recursos federales y corrupción.

Lo anterior, durante la comparecencia del funcionario con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno, ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción.

En la primer ronda de preguntas, el diputado Alejandro González Murillo (PES) destacó la importancia de que la ciudadanía pueda tomar decisiones en el diseño y aplicación de políticas públicas, por lo que preguntó cuál es el impacto del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno de esta dependencia; si es diferente a los implementados en otras administraciones, y cuándo el ciudadano será parte de las políticas públicas.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) cuestionó sobre medidas implementadas para verificar la evolución del patrimonio de servidores públicos y los procedimientos disciplinaros iniciados con la intervención de órganos internos de control. De acuerdo con el Tercer informe de Gobierno, de 210 mil 966 servidores que informaron sobre las condiciones de su situación patrimonial, 2 mil 603 manifestaron que podrían encontrarse en un posible conflicto de intereses, dijo.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maynez, preguntó si no es conflicto de intereses que las casas del Presidente y del Secretario de Hacienda las haya construido una empresa que trabaja para el gobierno del estado de México, que obtuvo más de 23 mil millones de pesos en contratos y otros mil por la construcción del hangar presidencial; si, además, no se buscó la mejor opción y no se informó hasta que los puso en evidencia un medio de comunicación.

La diputada de Morena, Guadalupe Hernández Correa, pidió saber qué hace falta para llevar a la cárcel a los altos funcionarios que cometen delitos y/o las empresas responsables de los mismos o que se involucran en actos de corrupción.

Del PVEM, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama solicitó conocer que irregularidades ha identificado la SFP en el uso de recursos públicos asignados a las universidades del país y cómo se coordina con la ASF para tener estrategias conjuntas de fiscalización de los recursos federales.

Por el PRD, el legislador Omar Ortega Álvarez preguntó cuántos son los órganos internos de control cuyos titulares no han sido nombrados o lo han sido “por amiguismo o contubernio”, además de qué número de directores generales, subsecretarios y secretarios del Estado que la SFP ha investigado y sancionado.

La diputada de Acción Nacional, Minerva Hernández Ramos pidió al titular responder si considera viable establecer como un principio el que licitación que no se publicite no sea pagada y si de los poco más de 16 mil servidores públicos que atienden los procesos de contratación y licitación, tienen identificados a los servidores que cuentan con una declaración de conflicto de interés.

Del Revolucionario Institucional, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia cuestionó qué tan rentable resulta el ejercicio de las auditorías para la Secretaría de la Función Pública, y si logran recuperar recursos que pudieran resarcir el costo. ¿Qué acciones ha emprendido la SFP para propiciar o modificar las acciones de los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones como mecanismo de prevención para evitar actos de corrupción y fortalecer el servicio público?

Al dar respuesta, Martínez Andrade reconoció que se debe hacer un esfuerzo mayor en materia de mecanismos de participación ciudadana, porque existen 218 mecanismos de consulta entre las dependencias. Indicó que se implementó la Ventanilla Única Nacional, que concentra en un solo portal información de cuatro mil 518 trámites, de los cuales más de mil 100 tienen formato en línea. Se ha buscado reducir el costo de trámites del 3.5 por ciento del PIB a 2.8 por ciento al final de la administración.

Informó que actualmente hay 47 casos de posible enriquecimiento ilícito en la SFP, y una vez que se tenga la solidez de los expedientes se abrirán los procedimientos de responsabilidades administrativas y, en su caso, la remisión a PGR para las sanciones penales. Las nuevas medidas constitucionales y los expedientes quedarán abiertos siete años después de que los funcionarios dejen el cargo, para efectos de responsabilidades administrativas.

Por la forma que ha evolucionado y escalado el tema en el debate público, afirmó, los legisladores tienen la obligación de reflexionar sobre los alcances y límites de las definiciones que tiene la ley en materia de conflicto de interés, el cual se materializa legalmente cuando la relación cercana de un servidor público con un particular rompe el principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública.

Andrade Martínez dijo que el reto principal es construir marcos legales que permitan trabajar en los procesos jurídicos en términos de pruebas, de tal suerte que se abatan los niveles de impunidad en casos específicos.

El secretario explicó que uno de los elementos de la fiscalización coordinada entre la ASF y la SFP, es el conjunto de rubros vinculados con la educación y el uso de recursos en las instituciones de educación superior. “Se alcanzó un acuerdo en este 2015 para revisar distintas partidas que utilizan, ya sea de manera directa, por la provisión de un servicio a la administración pública o sea por subsidio”.

El titular de la SFP admitió que aún hay pendientes siete titulares de órganos de control por nombrar, mientras que en materia de sanciones a servidores públicos, entre directores generales y titulares de unidad, asciende aproximadamente a 200 personas las sancionadas durante el presente año, además de 10 titulares de entidades paraestatales que incurrieron en violaciones a las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Explicó que se ha iniciado una política de contrataciones abiertas que significa establecer nuevas reglas para que en los procedimientos de licitación, se involucre el proceso desde la concepción y planificación de los proyectos el concepto de transparencia. En el tema de conflicto de interés, 9 mil servidores públicos que han declarado tenerlo, y de ellos, cerca de 300 han establecido en la participación de contrataciones públicas, que pudieran tener una relación que los excluya de la operación específica.

Andrade Martínez precisó que se han emitido 2 mil 45 observaciones y se recuperaron mil 700 millones de pesos derivados de este ejercicio de auditoría.

Durante la segunda ronda, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) destacó la importancia de que funcionarios menores, de ámbito municipal y estatal incurran en excesos con los recursos públicos, estén en la cárcel, “porque es así como los ciudadanos van a sentir que el gobierno de México está trabajando”. Preguntó qué está haciendo la Secretaría para estimular o incentivar las organizaciones civiles para que participen en la denuncia ciudadana.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres indicó que el sistema de contabilidad gubernamental permite reflejar la situación financiera, resultados y cambios de patrimonio de los entes públicos. El grado del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley fue de sólo el 53.28 por ciento, por lo que cuestionó cuáles fueron las razones que impidieron fuera mayor y de qué manera ha colaborado la SFP con la Auditoría Superior de la Federación para la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) inquirió en qué grado de cumplimiento se da la obligación en términos del artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, respecto a la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo. Además, en el marco del Presupuesto Base Cero, en qué medida la SFP participó para evaluar el impacto del Presupuesto de Egresos y cuáles secretarías tuvieron subejercicios.

El legislador de Morena, Rogerio Castro Vázquez, mencionó que en el tema del Grupo OHL en México, se encontraron audios, en mayo pasado, en los que se escucha a directivos de dicha empresa declarar que en los contratos de obra civil es común realizar un sobrecosto de al menos 25 por ciento.

Ante ello, preguntó qué ha hecho la secretaria a su cargo para investigar, castigar y denunciar ante la PGR a funcionarios federales involucrados en posibles actos de corrupción y tráfico de influencias como: Emilio Lozoya Austin, Enrique Ochoa Reza y Gerardo Ruiz Esparza.

Por el PVEM, la diputada Paloma Canales Suárez preguntó sobre los mecanismos que ha construido la secretaría con los sectores sociales y privados para fortalecer la transparencia y eficiencia en el Gobierno federal. “Los mexicanos necesitamos fortalecer la confianza en el gobierno y sus gobernantes, tener la certeza de que las instituciones y sus funcionarios actúan en un marco de legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos”, apuntó.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) solicitó saber cuáles serían los elementos normativos en materia de conflicto de interés y la definición de los tipos penales que evitarían casos como el de “La Casa Blanca”, y si está dentro de sus facultades obligar a que las obras de alto impacto, como el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cumplan con la Ley General de Transparencia, en el sentido de publicitar todos los contratos o concesiones que se ejecuten.

Acción Nacional, la diputada Lorena Alfaro García denunció que las acciones y omisiones de la SFP ante los escándalos de corrupción de la actual administración, han sido objeto de crítica constante a nivel nacional e internacional; cuestionó si se ha iniciado un procedimiento de análisis de la evolución patrimonial del Presidente de la República y del Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “cuyo crecimiento patrimonial ha sido públicamente expuesto”.

Enseguida, por el PRI, el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza preguntó cuáles han sido las medidas emprendidas por la SFP en torno a las acciones encomendadas por el titular del Poder Ejecutivo, de qué manera impactan en el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción y cómo se prevé involucrar a los diversos sectores de la sociedad.

Al responder, el funcionario indicó que con la obligación de aprobar una Ley General en Materia de Anticorrupción se espera que haya un catálogo de conductas comunes en materia de corrupción, que pudieran ser igualmente seguidas tanto por la Fiscalía como por el Tribunal de Justicia Administrativa. Precisó que las organizaciones civiles serán involucradas por la SFP, para establecer grupos de trabajo que cierran la brecha respecto a la cultura de la denuncia.

Refirió que se tiene un Consejo de Armonización Contable, cuyo objetivo es establecer guías de cumplimiento para entidades federativas y municipios en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en términos generales. Incluso, dijo, los sistemas informáticos de la Secretaría de Hacienda permiten cumplir, de manera óptima, a las instituciones federales, pero a los municipios y sus gobiernos se requiere establecer ayuda y guía.

El secretario precisó que de las 26 mil quejas que se presentaron en el periodo 2014-2015, sólo una de cada 100 se refirieron a situaciones vinculadas con actos de corrupción y una de cada 200 se refirieron a situaciones de soborno; por lo que la brecha que existe entre la denuncia específica y lo que se declara en encuestas, genera un reto importante para conocer las causas. Respecto al Presupuesto Base Cero, la dependencia tuvo un papel importante, porque a ella le corresponde evaluar la dimensión y la calidad de cada una de las estructuras públicas de la administración.

En relación al conflicto de interés, dijo que se ha convertido en una obligación constitucional el que los legisladores establezcan cuál debe ser el tratamiento a este concepto vinculado con el ejercicio público. En ese sentido, “el tema tiene que ver con ámbitos temporales, de relación y de elementos materiales involucrados”.

Respecto a obligar a que las obras de alto impacto publiciten contratos o concesiones, dijo que la Ley General de Transparencia obligará paulatinamente a las instituciones públicas hacer evidente todo tipo de decisiones que tomen y, más aún, que se establezca un sistema de contrataciones abiertas de manera creciente.

En respuesta al caso de OHL, señaló que cada vez que se presentan casos de carácter particular y de interés público, la SFP tiene la obligación de abrir auditorias. Informó que se abrió una por los reportes que la empresa OHL ha entregado en el mercado bursátil y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que en los próximos días se dará a conocer su veredicto específico.

En cuanto a la realización de obras específicas, continuó, la secretaría tiene abierta una auditoría a nueve obras que se han llevado a cabo en el presente sexenio o servicios que, a través de concesiones, dicha empresa lleva a cabo, específicamente en obras carreteras en Guerrero, así como la autopista Atlacomulco-Atizapán y Puebla-Amozoc. Aseguró que los resultados estarán probablemente a fines de año, en caso de que haya responsables, se harán las remociones correspondientes.

Informó que la dependencia a su cargo realizó convenios específicos con el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y próximamente se harán con otras organizaciones de la iniciativa privada, para ir de la mano en algunos aspectos de interés común, entre otros, el vinculado con las contrataciones públicas y su transparencia.

Del lado institucional, continuó, se tienen dos mecanismos donde la participación ciudadana está consolidada. Por un lado, la participación de los testigos sociales en licitaciones de gran envergadura, donde participan un total de 349, y el segundo y el más importante, la instrumentación de los contralores sociales, porque son ciudadanos, más de 130 mil, encabezados, en dos terceras partes de los 31 mil comités, por mujeres que vigilan la aplicación de los 58 programas públicos de carácter de desarrollo social en más de 2 mil 100 municipios.

Martínez Andrade señaló que la dependencia debe tener mucho cuidado para analizar las 47 investigaciones de expedientes por un posible enriquecimiento ilícito, dada la diferencia entre lo reportado y lo que se puede detectar particularmente en cuentas bancarias u otras operaciones de gastos. “Y ningún servidor público está exento de esta revisión”. Agregó que en términos del marco jurídico, se debe revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para reconstruir las atribuciones de esta dependencia.

Dijo que se ha creado la Unidad de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, con comités en prácticamente las 300 instituciones públicas y dijo que el reto es aplicar reglas de integridad y conductas vinculadas con el buen desempeño del servidor público, en términos de austeridad y respeto a derechos humanos; además, establecer y prevenir situaciones de conflicto de intereses.

Durante la tercera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) cuestionó qué acciones ha emprendido la SFP en materia de planeación y profesionalización de recursos humanos para atender la demanda y las necesidades del servicio a nuestro país.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres dijo que la corrupción refleja debilidades institucionales que se traducen en recompensas económicas en detrimento del interés social. Pidió saber qué medidas se han implementado para combatir conductas cotidianas de corrupción y si hay una política de colaboración con dependencias de los tres ámbitos de gobierno, para fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas y que las futuras generaciones no conciban la corrupción como conducta permisible.

El secretario dijo que todos los servidores que integran la administración Pública Federal, un millón 600 mil, se les capacita permanentemente y dota de instrumentos en el ámbito de la cultura organizacional, de la innovación y transferencia del conocimiento, además se cuenta con manuales de administración que tienen que ver con recursos humanos, financieros y materiales, entre otros.

Martínez Andrade aseguró que la dependencia apuesta a consolidar la Ventanilla Única Nacional para que los trámites federales de cualquier unidad económica se hagan de manera digital. En términos de política integral a nivel federal, estatal y municipal se firmó un compromiso con la CONAGO, para desarrollar también las ocho acciones ejecutivas de prevención de la corrupción, e involucrar al INAI para aterrizar las obligaciones en estos niveles de gobierno, así como el Sistema Nacional de Fiscalización.

Durante su réplica, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) cuestionó que de 44 denuncias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, sólo siete han sido consignadas.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Sofía Corichi García, preguntó si los más de dos mil millones de pesos gastados para los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, representan un gasto que deriven en una dualidad de los beneficios que establece la ley.

El secretario informó que la decisión de contratación de este tipo de servicios médicos y de otras prestaciones, son de carácter complementario ya que abarcan otro tipo de atenciones y servicios más allá de los brindados por las instituciones públicas, específicamente el ISSSTE.

En su réplica, Corichi García dejó en claro que los servicios médicos están siendo duplicados para estos trabajadores, creando un beneficio indebido para burócratas federales de alto nivel. “La contratación de seguros de gastos médicos mayores con empresas privadas abre la puerta a la corrupción y genera una condición de ilegalidad y una duplicidad en el gasto”.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, señaló que en el proceso de adjudicación relativa a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se cumplió con los criterios constitucionales señalados, ni con los principios fundamentales establecidos en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa.

El titular de la SFP justificó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado con el propósito de administrar la obra sin que sea un concesionario. “Es un órgano de autoridad que tiene la obligación de conducir la administración del conjunto de obras que integran la construcción del nuevo aeropuerto”.

Barrientos Pantoja refutó que la propuesta del gobierno federal de construir un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no considera las más básicas medidas de austeridad. “El costo de la primera etapa de construcción que abarca seis años, asciende a 169 mil millones de pesos”.

Del PRD, el diputado Luis Maldonado Venegas quiso saber la factibilidad de hacer exigible a los funcionarios superiores de la federación el Tres por Tres.

Andrade Martínez explicó que la obligación de declarar está orientada solamente a una de las tres partes, que es la declaración patrimonial. La de conflicto de interés se da a nivel normativo, por parte de la Secretaría de la Función Pública, mientras que la tercera es de carácter fiscal y requeriría de una reforma a la propia Ley General de Transparencia.

En su réplica, Maldonado Venegas pidió alentar a los servidores públicos a que realicen sus declaraciones.

El panista Eukid Castañón Herrera, señaló que ante la problemática que enfrenta el país en el tema de corrupción, deben existir esfuerzos integrales con los Poderes de la Unión y órdenes de Gobierno. En este sentido, -preguntó- cuál será la postura y definición de la SFP en el entendido de que la corrupción es un asunto de instituciones. “Qué vamos hacer, vamos a seguir por el mismo camino o a dar una vuelta de timón para implementar el tan ansiado Sistema Nacional Anticorrupción”.

Por el PRI, la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano solicitó saber cuál será el papel que tendrá la secretaría en el Sistema Nacional Anticorrupción, y cómo enfrentará la institución la reducción de recursos en el 2016, ante los nuevos desafíos que representa el formar dicho sistema.

En su respuesta, el titular de la SFP, señaló que fue modificado el reglamento para dar plena solidez a uno de los aspectos que cambiará la naturaleza de la gestión pública y el abordaje preventivo de elementos de administración: la creación de la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, tendrá la responsabilidad de establecer metodologías y vías, a fin de evitar intervenciones de funcionarios públicos en casos de conflictos de interés.

Respecto a la reducción de recursos, precisó, “debemos adaptarnos a las nuevas situaciones presupuestales, y en ese sentido la disminución del 13 por ciento del presupuesto a la secretaría debe ser compensada con metodologías que nos permitan ejercer a plenitud nuestras facultades.

Respondió que deberá asumir la responsabilidad institucional y personal de coadyuvar en los trabajos para definir una agenda permanente de discusión y reflexión en torno a 4 ejes que garanticen claridad en lo que regulará el Sistema Nacional Anticorrupción, y que a la vez converge con las funciones de la secretaría. En este sentido, “la vuelta de timón ya se está dando”, acotó.

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