26-11-2015.- En la sesión de hoy, diputadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, llamaron a eliminar toda violencia contra la mujer y emprender mayores acciones para proteger los derechos de la población femenina, toda vez que “siguen padeciendo discriminación, abuso e inequidad”.

Al emitir comentarios sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se celebra cada 25 de noviembre, las legisladoras expusieron que en México las agresiones que sufre esta población no sólo es física, sino psicológica, sexual e, incluso, llega a la privación de la vida, y afirmaron que las mujeres merecen ser respetadas, libres y tener una vida digna.

En el inicio de los posicionamientos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) sostuvo que eliminar la violencia contra la mujer es una prioridad mundial y en México ha significado un compromiso con la equidad y el empoderamiento, a través del fortalecimiento de capacidades de una educación objetiva y el decisivo respeto a su dignidad y derechos.

Las mujeres no únicamente sufren violencia física, pues de acuerdo con el Inegi, hay caso de agresión emocional, sexual, económica, patrimonial y laboral entre las más recurrentes, donde aproximadamente 80 de cada 100 mujeres en México, mayores de 15 años, han padecido distintos tipos de intimidación.

Por ello, dijo, se requiere endurecer las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios a las mujeres que son objeto de violencia, así como conferir una seguridad jurídica solida e imparcial. “La dignidad de la mujer exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales”.

De Nueva Alianza, la legisladora María Eugenia Ocampo Bedolla expresó que a pesar de que existe legislación y de los enormes esfuerzos en esta materia, la agresión contra las mujeres es un común denominador a nivel nacional; por ello, se debe conmemorar esta fecha, ya que “la violencia que se ejerce contra esta población, se presenta en todos los ámbitos y proviene desde la pareja, familiares, desconocidos o compañeros de trabajo”.

Mencionó que la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas son un pilar fundamental, y este es el momento de alzar la voz y terminar con estos patrones de agresión y violencia, porque no deben ser cotidianos y menos aceptables. “La acción debe ser continua, terminar con el sistema de violencia al interior de los hogares, trabajos, familias y de la política”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, del total de mujeres casadas o unidas, un 44.5 por ciento sufre algún tipo de violencia. “Lo más lamentable es que, en muchos casos, esas mujeres creen ser merecedoras del maltrato, de la agresión y de la discriminación”, consideró.

María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada de Movimiento Ciudadano, resaltó que el activismo contra la violencia, todavía hoy es un eco que debe llegar, pero desafortunadamente cada vez se incrementa más la violencia hacia las mujeres, a pesar de que este sector constituye el 52 por ciento de la población. “No es justo que las mujeres pierdan la vida en manos de la otra población, que es el 48 por ciento, que son sus padres, sus hijos, sus esposos y sus vecinos”.

Agregó que de acuerdo con el Inegi, 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido un acto de violencia y 7 feminicidios suceden al día. La violencia contra la población femenina tiene como origen la discriminación por el hecho de ser mujeres y ejercer sus derechos.

Se manifestó por reconocer y sancionar como un delito grave estas agresiones que atentan contra la sociedad. “Debemos avanzar en el reconocimiento y goce de nuestros derechos en pie de igualdad con los hombres. Requerimos un programa para detener la violencia contra las mujeres, que abarque las áreas educativa y cultural, que revierta la desvalorización y, además, un verdadero acceso a la justicia para erradicar la impunidad”.

La diputada Concepción Villa González (Morena) puntualizó que esta fecha debe ser motivo para reflexionar y recapacitar sobre la responsabilidad que como legisladoras y legisladores se debe asumir, ya que la violencia de género es un delito impune, consecuencia de la discriminación tanto en leyes como en la práctica, así como de la persistencia de desigualdades por la razón de género.

Conforme a Naciones Unidas, 70 por ciento de las mujeres alrededor del mundo sufren violencia en su vida y de acuerdo con la encuesta nacional del Inegi, el 11 por ciento de mexicanos, hombres y mujeres, justifica los golpes que se propinan a una mujer; 13 de cada 100 mujeres de México han sido golpeadas, amarradas, pateadas o han sido objeto de ahorcamiento o asfixia o agredidas con armas por sus parejas, y a siete de cada 100 se les ha exigido y forzado a tener relaciones sexuales.

“Tenemos hoy la obligación de exigir a las autoridades que cumplan sus funciones y garanticen de forma efectiva la seguridad y protección de ellas. Mientras autoridades federales, locales y municipales no terminen con la impunidad que impera, seguirá siendo una quimera para la mayoría de las mujeres y, especialmente para las que se encuentran en estado de pobreza, el respeto a sus derechos para garantizar una vida libre de violencia”, abundó.

Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada del PVEM, argumentó que la violencia contra la mujer es el acto más antinatural que puede existir, pues “atentar contra una mujer es atentar contra la humanidad”.

La violencia de género se manifiesta de diferentes modos: física, sexual, psicológica y la más común, económica, presentando varias facetas como el acoso sexual o la trata de personas, siendo la parte más crítica, que en su mayoría proviene del núcleo familiar, y es producto de los roles de género, de concepciones culturales fuertemente arraigadas como el machismo.

Resaltó que la violencia de género no siempre es visible, pues no sólo son golpes, insultos, agresiones sexuales; también está en las ofensas y las tareas de acuerdo al rol socialmente aprobadas, muchas veces no identificadas como tales y han migrado a otros espacios como la ciberviolencia. “Reconocemos los avances, pero es necesario continuar trabajando para erradicar y prevenir la violencia de género, creando acciones de combate a esta pandemia social”.

Por el PRD, la diputada Maricela Contreras Julián mencionó que se debe erradicar la violencia hacia las mujeres en todas las etapas de su vida. Prevenir, atender y poner fin a las agresiones de género no es un asunto exclusivo de un gobierno, “ya que tienen que estar todas las instancias de gobierno, y también las representaciones políticas; no es cuestión de color. El asesinato y la violencia de las mujeres se ejercen en todos los municipios de la República Mexicana”.

Es obligado respetar la vida de la mujer, no alentar las agresiones, no menospreciar sus derechos y, sobre todo, reconocer que hay una realidad que es violenta. “El reconocimiento de esta realidad nos permite tener acciones que encaminen a su abolición. Desde la violencia política, la obstétrica, la feminicida, del Estado, las desapariciones forzadas, la negación de la justicia, la represión política, la tortura, los desplazamientos forzados, las sexuales y todas las manifestaciones que se acumulen en las cifras”.

Se debe transformar la mentalidad y cultura y por ello propuso que el Poder Legislativo ponga el ejemplo y avance en la creación de la Comisión Especial de delitos cometidos en razón de género, la cual tendrá la encomienda fundamental de articular los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres como un asunto de Estado. “El llamado es para impulsar un cambio institucional cultural e ideológico que ponga fin a la violencia hacia las mujeres”.

La legisladora del PAN, Janette Ovando Reazola, consideró que la mayoría de las mujeres del país “hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por una situación de violencia. La vergüenza ha sido, muchas de las veces, la que ha impedido que las mujeres, no importando de qué nivel político o de qué nivel cultural seamos, hablemos de la situación que nos ocupa”.

Agregó que en México son violentadas las mujeres del campo, las indígenas y las mismas diputadas federales, “cuando nosotras hemos vivido violencia política, una que ahora también tiene que ser hablada”; por ello, sugirió seguir legislando para que se acabe con estas agresiones y planteó que en el país haya justicia para todas las mujeres, sin que importe su raza y credo.

“No toleramos que una más sufra, no toleraremos que la violencia, que incrementa de punto a punto, llegue hasta su máxima expresión, como ha sido el feminicidio, porque la violencia empieza con una broma hiriente, con algo que no percibimos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo violentadas. El que se nos ignore, mienta, culpabilice, descalifique, ridiculice, humille, intimide, controle y use, eso significa violencia y llega en su máxima expresión, hasta la muerte”.

Al cerrar los posicionamientos, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI) reafirmó su compromiso con las mexicanas. “Sabemos que más de la mitad de la población de este país son importantes para la construcción de un mejor México, y de una nación en paz y con desarrollo sostenido. Las diputadas y los diputados del PRI habremos de caminar en un rumbo fijo que permita a las mujeres de nuestro país tener realmente opciones para el progreso”.

Si bien, la violencia es el peor de los males en la sociedad, el gobierno de la República ha puesto como política nacional el erradicar la violencia en contra de las mujeres con diferentes esfuerzos. Al día de hoy se cuenta con 26 centros de justicia para las mujeres en diferentes estados del país; se tiene una línea telefónica 01800, que da auxilio y atención integral a las mujeres. Hoy es importante para los diputados del PRI que quede esto muy claro, aclaró.

Concluyó con un llamado que diga “ni una más, para que digamos no más violencia en contra de las mujeres, porque realmente erradicar la violencia que nos afecta a más de la mitad de la población requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, de la ciudadanía y de todos los actores políticos”.

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