26-11-2015.- La Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezcan asesoría jurídica y apoyo necesarios a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para la defensa de los textiles producidos de manera artesanal, y preservar su patrimonio, cultura e identidad.

Lo anterior se pidió mediante un punto de acuerdo, propuesto por el diputado Francisco Martínez Neri (PRD) ante la presunta intención de una diseñadora francesa, Isabel Marant, que en julio de este año presentó como propia la blusa tradicional de ese poblado oaxaqueño, e inició un juicio para obtener los derechos sobre la prenda, patentar su diseño tradicional y explotar el bordado.

Dijo que una prenda de este tipo, en el mercado local cuesta cerca de 300 pesos, y en tiendas de marca, alrededor de cinco mil pesos. “Las comunidades enfrentan el despojo de su creatividad, reflejo de su cosmovisión en un mercado totalmente asimétrico, en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura “de patente” como los diseños “de renombre”, e incluso en el colmo de los males, los creadores originales son acusados de plagio”.

Adelantó que presentará una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor para evitar que personas o corporaciones ajenas a la comunidad o etnias originarias, lucren con la producción artesanal y no puedan registrar como propias las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana.

“Es obligación del Estado apoyar con políticas públicas y medios necesarios para garantizar el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades indígenas y el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales a su favor”.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (NA) se pronunció por alzar la voz para proteger a las comunidades indígenas, y garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales. También por preservar su patrimonio cultural e identidad, que siempre ha sido explotado y no se le ha protegido, afectando, no sólo sus ganancias económicas, sino su cosmovisión, identidad y forma de vida por la codicia de personas y empresas que aprovechan la necesidad y la buena fe de los artesanos.

Afirmó que la defensa de los pueblos originarios es una obligación de todos, por lo que se manifestó a favor del exhorto y de que las acciones que se lleven a cabo sean de una firmeza ejemplar.

Recordó que el artículo 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor señala que en la utilización de cualquier obra de arte popular o artesanal, deberá mencionarse a la comunidad, etnia, o región de la República Mexicana de la que es propia. Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 28, prevé su derecho a que se les repare e indemnice justa y equitativamente de lo que se haya poseído, ocupado, utilizado o tomado sin su consentimiento libre, previo e informado.

La diputada Marbella Toledo Ibarra (MC) señaló que los pueblos y comunidades indígenas de México han sufrido condiciones de desigualdad histórica, que a la fecha no han sido resarcidas, por lo que es inaplazable promover acuerdos y reformas legislativas que les permitan alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos, con respeto a sus costumbres y sus derechos humanos, dentro del marco constitucional y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este caso pone en evidencia el abandono de las comunidades originarias, y la falta de interés por crear organismos, que defiendan con eficiencia los derechos intelectuales de quienes han ganado reconocimiento de patrimonio de la humanidad a nuestro país.

Enseguida, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (Morena) afirmó que es responsabilidad de los legisladores hacer las reformas que los mexicanos requieren para proteger los derechos de la comunidad mixe sobre sus diseños.

Adelantó su voto a favor de la proposición para dar asesoría jurídica a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, y que sus artesanos estén al tanto de sus derechos y queden protegidos los textiles producidos artesanalmente por su población.

Al participar, el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (PVEM) indicó que el arte indígena es un patrimonio que no le pertenece a nadie en particular y no debe ser motivo de propiedad de persona, empresa o marca alguna. Refirió que actualmente viven en México más de 60 comunidades indígenas, cada una con su propio modo de vida, sistema de valores, tradiciones y creencias, cuya apreciación no se limita al ámbito económico.

Falta mucho por hacer para lograr el pleno reconocimiento de la diversidad cultural en el país, que derive en el respeto de todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes.

Por el PRD, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz destacó que tiendas prestigiosas en Estados Unidos y Francia han utilizado y presentado como propias prendas con diseños típicos de Santa María Tlahuitoltepec, sin mencionar que se tomaron de la blusa característica de la comunidad, lo cual generó irritación y malestar entre los artesanos y habitantes de este municipio de la sierra mixe, debido a que la ropa representativa se ha preservado de generación en generación.

Agregó que la defensa de esta causa es responsabilidad que deben asumir los legisladores para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas en materia, así como tomar medidas y acuerdos pertinentes que ayuden a defender su patrimonio cultural

El diputado Luis de León Martínez Sánchez (PAN) lamentó que México no cuente con una regulación sólida en materia de derechos de autor que determine los específicos a favor de los pueblos indígenas y de las personas que los integran. “Las lagunas legales son las que hoy están poniendo en peligro la vida de más de seis mil habitantes de la comunidad mixe que se dedican a la elaboración de esta blusa”.

Pidió al gobierno del estado establecer un trabajo coordinado para ayudar a éste y otros municipios que se estén en esos supuestos. “Lo que afecta a integrantes de la comunidad mixe, también afecta al resto de los mexicanos. Por eso, alzamos la voz para defender el patrimonio cultural que los artesanos de Oaxaca construyen día a día en beneficio de sus comunidades y de todos los mexicanos”.

Del PRI, la diputada Yarith Tannos Cruz manifestó que en este asunto es necesario sobrepasar las barreras nacionales y solicitar la intervención de la Organización Internacional del Trabajo en el marco del Convenio 169 en el tema que especifica los derechos de las comunidades indígenas y tribales, y donde explícitamente hace un reconocimiento a la cultura y a la forma de subsistencia de dichas comunidades.

Éste es un plagio del trabajo creativo, inventivo y artesanal de nuestras comunidades indígenas y constituye, al mismo tiempo, la oportunidad de reivindicar sus orígenes, sus causas, su cultura y su forma de generar ingresos individuales y colectivos. “Alcemos la voz, sumemos voluntades, fuerzas, inteligencias y talentos para evitar que se consume el plagio de esta artesanía”.

Desde su curul, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), se sumó a la propuesta para que las dependencias a las que se dirige el exhorto atiendan inmediatamente este caso, ejerciendo sus atribuciones para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de esa comunidad, “ante el evidente despojo de sus creaciones de alto valor artístico y comercial”.

Además, que se dé cumplimiento al artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura.

Acuerdo de Jucopo sobre cambios en comisiones

Se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de Junta Directiva e integrantes de comisiones ordinarias y de consejeros, propietarios y suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

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