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| Boletín N°. 0127 | Plantea diputado Álvarez López exhorto a SFP y SAT para difundir información sobre sanciones a funcionarios |
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03-10-2015 El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) propuso exhortar al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, y al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, para que hagan público un reporte detallado de las sanciones económicas, por hechos de corrupción, impuestas a funcionarios públicos, que incluya: monto, cantidades recuperadas y, en su caso, razones que han motivado el no pago.
Detalló que hasta el año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de una lista de 640 funcionarios a los que se les impusieron multas que van desde 500 pesos, a un suboficial de la Policía Federal, hasta 60 millones de pesos, al ex director de Pronósticos Deportivos.
A través de un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, Álvarez López relató que una de las últimas sanciones económicas fue la multa de 638 mil 653 pesos, en contra del ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, por el uso familiar que dio a un helicóptero de esta institución.
Mencionó que la lista incluye las cantidades más altas que se aplicaron a ex funcionarios y servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros.
No obstante, expresó, el pago de dichas sanciones impuestas por la SFP, es muy deficiente. “No se sabe si siguen sin cobrar o si se ha recuperado alguna cantidad. La información difundida ha sido insuficiente, por lo que es necesario que esta Cámara y los ciudadanos conozcan a detalle el cumplimiento de dichas sanciones”.
El diputado de Morena aseguró que no existe información oficial del estado que guarda la cobranza y tampoco del supuesto cese de funcionarios, y denunció que “uno de los principales problemas que enfrenta la autoridad es que las multas son recurrentemente litigadas por los funcionarios sancionados para no pagarlas y a que no se logra localizar a los funcionarios o no tienen bienes que se puedan embargar”.
Esto es así, dijo, a pesar de que existe el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, control y cobro de las sanciones económicas y multas que impone la SFP, publicado el 6 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
A partir de ese año y en 2014 no hay información de la SFP que ilustre sobre el índice de recuperación de las multas, “porque la dependencia afirma que no está en su competencia hacer el cobro, sino únicamente fijar el monto”.
Sin embargo, expuso que ese acuerdo refiere que el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Recaudación, enviará mensualmente a la SFP la información y los cuadros estadísticos, sobre el estado que guarde el cobro de los créditos fiscales derivados de sanciones económicas y multas controladas, impuestas por la propia Secretaría y los Órganos Internos de Control.
Conforme a expertos en la materia, subrayó que la corrupción entre servidores públicos federales permanecerá mientras el gobierno federal deje sin castigo los casos graves de irregularidades y desfalcos al erario.
Álvarez López recordó que la corrupción es uno de los desafíos más apremiantes en la vida pública de México, con costos para la economía y el desarrollo, por lo que urgió a atender este fenómeno que, de acuerdo con la percepción prevaleciente, se ubica en los mismos niveles desde hace 15 años o que, incluso, va en aumento a pesar de las recientes reformas en la materia.
El daño al erario por corrupción o negligencia de los malos servidores públicos, continuó, ha sido otro eslabón de la impunidad en México. Agregó que las sanciones económicas son de llamar la atención, pues en el 2000 se aplicaron a mil 201 funcionarios que cometieron ilícitos, mientras que en 2013 a sólo 490.
Sobre los montos, en el 2000 fueron de mil 837.7 millones de pesos y para 2013 un total de mil 196.6 millones de pesos, a precios corrientes; entre enero y julio de 2014, agregó, sumaron mil 191 millones de pesos. “Todo ello, en perjuicio del erario nacional”, denunció.
No obstante estas sumas, concluyó el legislador en el documento que se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de 2010 a 2013 el índice de recuperación de las multas y sanciones administrativas era apenas de 0.1 por ciento, de acuerdo a la SFP.
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