• El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, señala que las interpretaciones o malos entendidos de autoridades mexicanas, no las eximen de sus obligaciones internacionales

• En el país, como lo establece la CIDH, se padece una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad

07-10-2015.- Más allá de las interpretaciones o molestias derivadas de las declaraciones de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que estuvo encabezada por su presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, México está obligado a acatar sus recomendaciones, aseguró el diputado Alejandro Ojeda.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados aseveró que el incumplimiento de México a las recomendaciones de la CIDH sería un rechazo a la convención americana que sobre la materia fue ratificada por las autoridades del país.

Subrayó que “más que quejarse del panorama desolador que dio a conocer dicha delegación, el gobierno federal debería estar más abierto a este escrutinio internacional y mostrar voluntad política para resolver el grave problema de las desapariciones, que a todas luces es un asunto que preocupa a la mayoría de los mexicanos”.

El diputado Alejandro Ojeda consideró que “si el informe preliminar le molestó a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no debe esperar mejor trato cuando en enero próximo la CIDH dé a conocer el informe final, donde es de esperarse que el diagnóstico será más severo”.

Dijo que los señalamientos de dicha delegación en el sentido de que México padece una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad; “más que indignar a las autoridades mexicanas, las deberían obligar a trabajar”.

Es realmente preocupante que la delegación conformada para la visita in loco -observación en terreno- que duró cinco días, afirme que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, no le parezca una tragedia aislada, sino un patrón de violaciones a los derechos humanos.

Declaró que la desaparición de los jóvenes representa una afrenta para todos los mexicanos y sus instituciones, pero apenas es la punta del iceberg, porque en México existen miles de cientos de desaparecidos, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados “por temor -indicó- a las propias autoridades encargadas de investigar los casos”.

Mencionó que tan solo en enero de este año, se registró un promedio en el país de 11 personas desaparecidas cada 24 horas, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todavía es más grave que el registro histórico de desaparecidos en México supere ya las 25 mil 700 víctimas, aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que no necesariamente se trata de desapariciones forzadas, sino de hombres y mujeres cuyo paradero se desconoce actualmente.

El legislador reiteró la obligación de México de acatar las recomendaciones de la CIDH, tal como quedó estipulado en 1969, cuando fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a septiembre de 1997, por 25 países, entre ellos, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana y Ecuador.

Expuso que el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades en México tienen la obligación objetiva de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; esto es, que para el caso concreto, el Ejecutivo federal lejos de cuestionar la prontitud del informe preliminar de la CIDH, debiera realizar un ejercicio de autocrítica para encontrar soluciones a las problemáticas contenidas en dicho informe.

Recordó que si bien es cierto que México tiene la soberana decisión de cumplir o no las resoluciones de carácter Internacional, también es cierto que se encuentra obligado a asumir las decisiones que más favorezcan a las personas.

Lo anterior, puntualizó, se denomina principio pro homine, de contenido ius cogens, consagrado en el mismo artículo constitucional y significa que es un principio innegable en el ámbito internacional y que México lo ha adoptado en su derecho interno.

Los derechos humanos son universales y no admiten excepciones, como lo pretende el Ejecutivo federal al escudarse con argumentos débiles que no superan ningún test de argumentación jurídica internacional, finalizó.

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