• Remiten el dictamen al Senado de la República para sus efectos constitucionales

15-10-2015.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el primero del Paquete Económico 2016 que el Ejecutivo federal remitió a esta Cámara el pasado 8 de septiembre.

El propósito del documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, y aprobado en lo general con 419 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, busca actualizar el marco normativo fiscal en cuanto al cobro o exención de pago de derechos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, destaca el documento.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), resaltó que las reformas son resultado de un análisis serio, plural, profundo y responsable y de una discusión abierta en esta instancia legislativa expresada por todos los grupos parlamentarios, en un ambiente de total apertura y pluralidad.

Explicó que la iniciativa contempla modificaciones al artículo 5, para que cualquier organismo del gobierno federal que preste servicios públicos esté en posibilidad de cobrar derechos por la expedición de copias certificadas, reposición de constancias y compulsa de documentos, entre otros.

Lo anterior, dijo, sin que esto se encuentre limitado a las secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, que tienen la posibilidad de cobrar una contraprestación por la prestación de sus servicios.

En materia de servicios migratorios, refirió que se reforma el párrafo primero del artículo 8, a fin de contemplar cada una de las etapas para la realización del trámite de expedición de documento migratorio que acredite la condición de estancia correspondiente.

Cruz Blackledge explicó que la prestación del servicio no sólo se genera en el momento de entregar el documento migratorio, sino desde que se realiza; de ahí que debe contemplarse como supuesto para el pago de derechos desde la recepción de la solicitud, estudio y, en su caso, la emisión del documento migratorio.

En el mismo tema, se aceptó ajustar el derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, pasando de 331 a 390 pesos, y que los turistas reciban servicios adecuados y modernos al momento de ingresar al país, por lo cual se lograría atraer más flujo turístico a México.

Mencionó que se incluyó la figura de la reposición del documento que acredite la condición de estancia de residente temporal, cuando el extranjero confirme ser ministro de culto o pertenecer a una asociación religiosa, ya que es viable toda vez que son aplicables los mismos requisitos y normatividad para el documento migratorio que confirme la condición de estancia de residente temporal, entre los que se encuentre la figura de reposición.

La diputada Gina Cruz subrayó que se exenta el pago del derecho por la autorización para realizar actividades remuneradas a los extranjeros residentes, tanto temporal como estudiantes, cuando sean autorizados al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación internacional, en consideración a aspectos de reciprocidad internacional.

También, se adecúan los conceptos de cobro de los pasaportes oficiales, eliminando las vigencias de uno y dos años, así como un refrendo para homologarlo a un sólo concepto con un único cobro de 426 pesos.

En congruencia con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, se exenta el pago de derechos por servicios consulares por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Respecto a la incorporación del cobro de derechos con cuota fija por la prestación de servicios en materia financiera, tales como la autorización para que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) se considere como entidad regulada, y establece una cuota fija a fin de que se refleje el costo real que tiene la ejecución de un servicio. Tales adecuaciones son acordes con las reformas en materia financiera publicadas por el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014.

Cruz Blackledge explicó que en el tema de energía se incorpora el cobro por la prestación de servicios consistentes en la expedición de los títulos de permiso que la Secretaría de Energía otorga para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural.

En cuanto a la reforma en materia de telecomunicaciones, se incluyen los derechos por los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De las reformas estructurales en materia de competencia económica, se establecen los cobros por las contraprestaciones del servicio que otorga la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para 2016, y en el tema de espectros radioeléctricos, se plantea un régimen fiscal en materia de derechos por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de éstos, con la finalidad de ampliarlo a la tecnología disponible y que su proceso licitativo sea competitivo, transparente y con plena rendición de cuentas.

Respecto de la extensión del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, a las personas físicas o morales del sector social y privado que usen y aprovechen las playas, las zonas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas para labores de investigación científica y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se otorga un apoyo a las actividades de investigación científica.

Con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, relativas a la conservación de los recursos naturales y valores culturales, así como para impulsar la conservación y rescate de monumentos de valor universal, se hace extensivo el cobro de una cuota especial para acceder en horario distinto al normal de operación a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación.

La diputada refirió que en materia hídrica, se adecuó el término de entidad u organismo en el artículo 231-A, ya que el nuevo comprende toda una gama de contribuyentes beneficiarios de los programas a los que se aplican los destinos específicos en materia de agua, sean comisiones estatales de agua, ayuntamientos y organismos operadores, independientemente de su razón social, de carácter público o privado.

Subrayó que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de trasvase de aguas nacionales se destinarán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la realización de programas que contemplen acciones de restauración, rescate, preservación de acuíferos y cuencas de las zonas o regiones flor exportadoras, al ser la que puede ser afectada por el trasvase de aguas nacionales.

Con dicha modificación, abundó, se diferencia el ingreso por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales asignadas para otorgar el servicio público de suministro de este vital líquido, del ingreso del derecho por concepto de trasvase de las aguas nacionales, tal y como ocurre en la estructura de la Ley Federal de Derechos que distingue a ambos concretos.

De igual modo, expuso, se amplió de tres a cuatro años el plazo de acreditamiento de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, para que sea hasta el quinto año cuando se pague el 100 por ciento del referido derecho.

Lo anterior, a fin de otorgar un año más al sector industrial para efectuar los ajustes necesarios en sus procesos productivos y permitiéndole con ello abatir sus consumos de agua.

Fijan diputados posicionamientos

En los posicionamientos, la diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) señaló que ante la realidad y perspectiva económica a nivel mundial, así como el panorama financiero para México en torno a la producción y cotización petrolera, es un acierto del dictamen haber constituido un aliento a la actividad turística, fuente de divisas e ingresos que emerge como la mejor alternativa posible para el desarrollo económico del país.

Al contemplar la reducción en el costo del trámite de la licencia federal de conductor, sólo si se solicita a través de medios electrónicos, ayudará a optimizar los recursos materiales y a una mayor eficiencia en la atención de los trámites al reducir tiempos en recepción de la solicitud y su respuesta. Además, se optimiza, el apoyo a la investigación científica especializada marítima, actividad de relevancia a nivel internacional que durante mucho tiempo se encontraba ignorada o devaluada.

De Nueva Alianza, el legislador Luis Alfredo Valles Mendoza expresó que el dictamen busca adecuar el catálogo de costos administrativos que han caído en desuso, y armonizarlos a las reformas estructurales que fueron aprobadas por el Poder Legislativo, y al derogar el cobro de derechos que han dejado de ser vigentes, el país se orienta hacia un sistema mucho más sencillo y menos complejo, pues la intención es facilitar el pago y agilizar los trámites administrativos.

Con los ajustes derivados de la reforma financiera, la reestructuración de los derechos por los servicios en telecomunicaciones y la serie de medidas orientadas a exentar ciertos pagos, se logrará obtener el horizonte de recaudación establecido en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016, de 41 mil 761 millones de pesos por el concepto de derechos, principalmente por la prestación de servicios, que se refleja en un 3.4 por ciento en términos reales de lo estimado a recaudar en 2015.

La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano) anunció que en lo general, su fracción votará a favor, aun cuando la visión que ha regido la conducción de la política nacional no ha sido la acertada y se ha caracterizado por altibajos y contradicciones que durante los últimos años no han movido a México; por ello, se debe aspirar a esquemas de simplificación, racionalidad y certeza jurídica que permitan tener instituciones sólidas que den seguridad a ciudadanos y a contribuyentes.

Se manifestó por eficientar, agilizar y simplificar el proceso de devolución por concepto del aprovechamiento de aguas nacionales a las entidades federativas o municipios, así como de las cuotas relativas a los documentos migratorios. Respecto a las adecuaciones relativas a los temas de telecomunicaciones, radiodifusión o energía, dijo que son producto de las reformas estructurales. “Presentaremos reservas para atender temas excluidos sobre equidad, justicia hacendaria y otros de telecomunicaciones, energía, agua, monumentos, museos en zonas arqueológicas y radiodifusión”.

El legislador de Morena, Vidal Llerenas Morales, externó el voto en contra de su grupo parlamentario, puesto que algunos de los costos en materia de telecomunicaciones carecen de un fundamento que garantice que no se está cobrando de menos a los particulares, e hizo votos por gravar de manera adecuada a quienes explotan los recursos naturales, en particular incrementar las cuotas por la minería.

Dijo que las cuotas contempladas en el dictamen demuestran que la Reforma Energética ha fracasado. Al revisar el Paquete Económico, se observa un subsidio de 2 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “porque así es como se pretende bajar el precio de la electricidad, no a través de la competencia. El único sector que tiene un incentivo es el de la energía, porque la reforma no está funcionando, además de caídas de más de 13 por ciento en el presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de CFE”.

Adriana Sarur Torre, diputada del PVEM, sostuvo que este documento requiere ser aprobado para contar con un instrumento jurídico que permita al Estado generar los recursos necesarios derivados del cobro por la prestación de servicios públicos y el uso de los bienes del país, con ello se garantiza el mejoramiento en los propios productos y el uso eficiente de los bienes públicos.

Se tiene, afirmó, una Ley Federal de Derechos que salvaguarda la integridad de los bienes de la nación como el espectro radioeléctrico, los recursos naturales, los servicios mercantes, sanitarios, de medio ambiente y turísticos. “Toda esta complejidad de los derechos que configuran una de las fuentes de ingreso del Estado se traducen en una oportunidad para incentivar a cada uno de los sectores en los que se encuentran”.

El diputado Candelario Pérez Alvarado (PRD) resaltó que esta Ley es un excelente vehículo para distribuir una parte de los ingresos obtenidos por el gobierno federal, y los cambios alcanzados en la comisión, permitirá garantizar la programación efectiva de obras para dotación de agua potable, construcción de obras de drenaje, tratamiento de las aguas residuales, ya que los municipios y las entidades podrán acceder a la devolución expedita del pago realizado por concepto de aprovechamiento de las aguas nacionales y destinarlo a construir este tipo de infraestructura.

Los ingresos que se vienen captando por este concepto deben destinarse al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a las zonas o regiones que aportan el agua para el trasvase. “Se trata de un acto elemental, de mínima y necesaria justicia para las comunidades que aportan este recurso vital. Un acto que aporta criterios de sustentabilidad al destino y aplicación de los recursos”.

Por el PAN, el legislador César Augusto Rendón García indicó que el dictamen no sólo refleja las inquietudes e intereses de cada grupo parlamentario, sino soluciones a problemas puntuales en diversos sectores, así como eliminar algunos derechos que buscan fomentar ciertas actividades y simplificar el marco jurídico fiscal para evitar complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Añadió que para mantener la competitividad de las empresas, los contribuyentes deben contar con un lapso mayor para cumplir con el pago del derecho por la explotación, uso u aprovechamiento de aguas nacionales; ampliar de tres a cuatro años el plazo de acreditamiento para que sea hasta el quinto año cuando se pague el cien por ciento de éstos derecho. “Estamos seguros que con las modificaciones damos la certeza a los ingresos federales del próximo año en materia de derechos”.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI) dijo que la aprobación de este dictamen es un primer paso para concretar el Paquete Económico 2016, el cual es congruente con el entorno monetario, pues prevé medidas que permitirán a los mexicanos tener la tranquilidad de mantener finanzas estables y propiciar un clima favorable que mejore la competitividad. Reconoció la voluntad política para ajustar el marco normativo impositivo en materia del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como el agua.

Se buscan beneficios claros y tangibles para los ciudadanos y evitar cargas administrativas a los mismos, promoviendo una política de agilización y simplificación. Agregó que ante un entorno económico mundial adverso, el Paquete Económico 2016 es un pilar de estabilidad desde una visión responsable y realista, con la clara convicción de disminuir la deuda pública, y proteger los recursos destinados a las necesidades que más le importan a los mexicanos como el combate a la pobreza, programas de seguridad pública, educación, ciencia, tecnología y cultura.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) se pronunció en contra, al considerar que el incremento de ciertos derechos que prevé esta ley lo único que generará será mayor evasión en el pago de los servicios prestados por el Estado, “orillando a los mexicanos a actuar fuera del marco de la ley”.

En tanto, el diputado Waldo Fernández González (PRD) dijo que el propósito es implementar medidas para mejorar la prestación de servicios públicos mediante la actualización de derechos fiscales, a fin de fomentar actividades, simplificar el marco jurídico y evitar complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) expresó su desacuerdo con la estrategia y los resultados que han propiciado el debilitamiento de la capacidad productiva del país y la dependencia política del exterior. “Eso ha provocado la acumulación de rezagos en infraestructura y en desarrollo social, lo que se refleja en que más de 50 millones de mexicanos vivan en condiciones de extrema pobreza”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN) mencionó que el dictamen respeta en su mayor parte las propuestas de origen del Ejecutivo federal, pero se corrigió en temas como los servicios migratorios, créditos fiscales y plazos de acreditamiento de las personas vinculadas con temas hídricos “que, sin duda, aseguran su competitividad”.

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) expresó su voto en contra, “porque contiene graves omisiones que afectan a diferentes sectores, en particular a los emigrantes”. Estimó que el modelo neoliberal es contradictorio; “de origen facilita el intercambio de bienes y servicios, más no el libre tránsito de personas”.

En su turno, el diputado Ricardo David García Portilla (PRI) aclaró que no se aumentan o modifican impuestos vía la Ley Federal de Derechos por lo que no se viola el acuerdo de certidumbre tributaria. Las reformas son con el objetivo de incorporar derechos por nuevos servicios o de algunos que no se cobraban, así como simplificar el marco jurídico fiscal, derogar los cobros de algunos servicios que ya no se prestan y actualizar algunas cuotas de derechos ya establecidos, como los migratorios.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) destacó que en el dictamen los derechos no garantizan un ingreso real por los bienes nacionales que explotan empresas privadas y públicas, además no son transparentes y no rinden cuentas de los ingresos reales. “Es esta falta de información, esta lógica del costo-beneficio que nos lleva a razonar un voto en contra”.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (Movimiento Ciudadano) explicó que su bancada se pronuncia a favor del dictamen en lo general, sin embargo en lo particular, dijo existen cobros por derechos que deberían ajustarse, “toda vez que no corresponden con la realidad social, con la justicia económica o técnica en la que se implementarán”. Mencionó que muchas de las cuotas nuevas son ambiguas y no claras.

De Morena, la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana sostuvo que su voto es en contra al considerar que mediante este decreto “se legitima, en contra de los intereses de la ciudadanía y de la nación, el flagrante despojo de nuestros recursos naturales y culturales”. Destacó el caso del agua, ya que se favorece el modelo privatizador de este recurso y que lejos de promover precios especiales para los más vulnerables, mercantilizará y aumentará el precio.

Por el PVEM, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, al manifestarse en pro del dictamen, señaló que los cambios que se plantean para mejorar la prestación de los servicios públicos, así como la adecuación de las disposiciones tributarias, son medidas que favorecen el cumplimiento de obligaciones fiscales.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (Morena) resaltó que ni siquiera se sabe cuál es el beneficio de los ingresos fiscales que tendrán las reformas que se propusieron. “Los funcionarios de Hacienda estiman que se captarán 40 mil 761 millones de pesos en 2016; sin embargo, no podemos garantizar que esto sucederá”. Refirió que los cálculos de esta dependencia en materia de derecho siempre han sido inferiores al potencial. “Y lo más grave es que esta Cámara no pide información para evaluar las posibilidades que tiene el país de aumentar su recaudación”.

Votación en lo particular

El Pleno camaral aprobó en lo particular, con 380 votos a favor, 57 en contra y una abstención, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Se acordó modificar los artículos 30-C y 31-A1, cuya reserva fue impulsada por el grupo parlamentario del PVEM y presentada por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez.

El propósito es para se pague un derecho de mil 367.01 pesos, por cada examen de conocimientos que presenten los actuarios que ofrezcan sus servicios a las sociedades mutualistas o a las instituciones de fianzas, ya sea como personas físicas o morales.

En términos del dictamen quedaron los artículos reservados 5, 8, 18-B, 61-A, 61-F, 86-D-2, 148, 173, 194-H, 231-A, 233, 244-A, 288 y 288-A-1, así como los transitorios: segundo y sexto, impulsadas por diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.

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