19-10-2015.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, adicionar el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un mecanismo que fortalezca la posición financiera del gobierno federal y garantice la reducción de la deuda pública en caso de que se reciban ingresos extraordinarios asociados al remanente de operación del Banco de México.

El documento, aprobado con 358 votos a favor, 88 en contra y 23 abstenciones, se deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, cuyo objetivo es contener el crecimiento de la deuda pública y evitar que se utilicen recursos no recurrentes para financiar gasto que se pueda traducir en una presión estructural de las finanzas en años siguientes.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), explicó que lo que se busca “es fortalecer la economía, asegurar la liquidez y el orden en el mercado cambiario, para salvaguardar la estabilidad de la economía mexicana y, por lo tanto, el bolsillo de nuestras familias mexicanas”.

El legislador resaltó que el complejo entorno económico internacional “nos obliga hoy más que nunca a actuar con responsabilidad para preservar la estabilidad económica”.

El dictamen, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, plantea adicionar el artículo 19 Bis en el que se establece que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la ley de esta institución, a los siguientes fines:

Cuando menos el 70 por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores, o a la reducción del monto del financiamiento necesario para cumplir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos.

Asimismo, el monto restante se podrá destinar a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

El documento agrega que la SHCP deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta genere en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) subrayó que el objetivo de la modificación es establecer un mecanismo que garantice el uso responsable y transparente de los ingresos extraordinarios asociados al remanente de operación del Banco de México.

Se pronunció a favor del dictamen, ya que “permitirá en futuros ejercicios fiscales, liberar recursos presupuestarios para atender los nuevos retos del desarrollo nacional y el incremento de los activos que fortalezcan la posición financiera del país”.

En su turno, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas (Nueva Alianza) señaló que la reforma busca dar certeza al destino de los recursos provenientes de remanentes por parte del Banco de México y contribuye a fortalecer las finanzas públicas determinantes en el ámbito internacional, como referente para la atracción de capitales extranjeros a nuestro país.

Estimó que, dado el escenario poco favorable de los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de la economía internacional, destinar una tercera parte de los remanentes al fondo de estabilización se traduce en una medida de carácter precautorio.

El diputado René Cervera García (Movimiento Ciudadano) dijo que la modificación de la ley no es puntual en la propuesta para la utilización de los recursos y deja un espacio discrecional para elegir entre deuda y déficit, sin que esta decisión pase por este Congreso.

Por ello, expresó su voto en contra del dictamen y estimó que es necesario comprometerse con finanzas públicas sanas y sustentables. Además, acotó, la adición debería considerar publicar trimestralmente el monto de los aprovechamientos y remanentes del Banco de México y que el destino de estos recursos cumplan con prioridades de impacto social, sin dejar de ser responsables en materia hacendaria.

De Movimiento Regeneración Nacional, el diputado Juan Romero Tenorio advirtió que con esta modificación legal no se subsana la opacidad de los remanentes del Banxico, al no permitir al Congreso de la Unión decidir su destino, lo que violenta la atribución de esta soberanía para distribuir el gasto de la federación.

Pese a que se habla de destinarlo al pago de las deudas, subrayó que el remanente no se vincula con la que se está autorizando para el 2016, lo que pone en entredicho su transparencia. “Lo correcto sería aplicarlo a cuestiones productivas para generar mejores condiciones económicas y para que el país cumpla sus compromisos nacionales e internacionales de empréstitos”, opinó.

El diputado José Antonio Arévalo González, del Verde Ecologista, se congratuló por las medidas económicas adoptadas por el gobierno federal en un contexto internacional adverso, donde la desaceleración de naciones como China, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos o la baja en el precio del petróleo, implica desafíos al gobierno mexicano.

Calificó esta reforma como un “cambio estructural” para blindar las finanzas públicas del país y asegurar que los ingresos extraordinarios se destinen a fortalecer la posición fiscal de largo plazo del gobierno federal. “Si se gastan estos recursos, la deuda consolidada entre Banxico y el gobierno se incrementa; para evitar esto, debemos aplicarlos para aminorar los requerimientos financieros del sector público”, agregó.

Del PRD, el diputado José Antonio Estefan Garfias hizo un llamado para analizar a profundidad el destino de los remanentes, ya que, consideró, deberían emplearse en las necesidades de infraestructura, educación y pensiones, entre otras, de las entidades y municipios, al no contar con fondos suficientes para ello.

“Entendemos el mensaje que se quiere dar a la comunidad internacional, pero no podemos estar de acuerdo en que se privilegien las finanzas federales sin considerar a las de las entidades. Por eso, no es un tema sencillo. Tenemos la exigencia de nuestros representados de buscar mejoras importantes para el desarrollo de las comunidades a través de ingresos extraordinarios”, reiteró.

De Acción Nacional, el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz se manifestó a favor del dictamen ya que, señaló, establece un mecanismo por el cual los ingresos resultantes de los remanentes del Banco de México se destinan a disminuir el endeudamiento y las presiones del financiamiento público. “Abona a tener finanzas públicas más sanas y transparentes y por ello el grupo parlamentario del PAN votará a favor”.

“Asumimos que esta reforma servirá para mitigar el aumento de la deuda pública y reducir las presiones para que el Ejecutivo federal recurra a elevar el déficit, hacer recortes o emplear recursos excedentes de manera discrecional”, apuntó.

Por el PRI, el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos señaló que la problemática estriba principalmente en que el remanente de operación es “sumamente volátil” por la naturaleza de las operaciones financieras que realiza el Banco de México. “Es un recurso no recurrente que puede generar inestabilidad en las finanzas públicas; es por ello que el gobierno no debe considerar dichos ingresos para el presupuesto de gasto”, explicó.

Destacó que el marco macroeconómico previsto en el dictamen se construyó sobre expectativas realistas alineadas al mercado, además de que prevé una reducción del déficit del uno por ciento del PIB de 2015 a 0.5 por ciento en el 2016, con el fin de regresar al equilibrio de un déficit de cero en el 2018.

En contra del dictamen, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena), dijo que la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, encaminada al pago de cuando menos 75 por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal, “es una medida que representa una desviación de recursos para cubrir el endeudamiento irresponsable de administraciones anteriores, acción que atenta contra los derechos de los ciudadanos”.

Asimismo, la legisladora Verónica Delgadillo García (MC) señaló que el gobierno federal “gasta mucho y no estamos seguros de qué tan bueno sea su gasto”, ya que, indicó, la deuda del sector público ha aumentado en 1.1 billones de pesos corrientes en un año, es decir, el 18.4 por ciento más en comparación con el del año anterior. “Esta propuesta es fiel a una política de opacidad, de uso discrecional de recursos económicos y a una nula comprensión de la situación social de millones de mexicanos”.

En pro del dictamen, la diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) expresó que la iniciativa plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer la aplicación específica de los remanentes de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México. “Esto es transparencia, pero también se comprometerá a dar a conocer la reducción que esto genere en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público”, dijo.

También a favor del dictamen, el diputado Quirino Ordaz Coppel (PVEM) destacó que frente a un escenario internacional complejo y de volatilidad financiera, México toma una acción de responsabilidad, disciplina y orden que reforzará la estabilidad macroeconómica del país. Con la reforma, precisó, se manda una señal a los mercados financieros internacionales de certidumbre y confianza que se traducirá en mejores condiciones de financiamiento y se atraerán mayores inversiones y empleos, además de ser elegibles a tener acceso a líneas de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional.

Al hablar contra el dictamen, el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) afirmó que se debe utilizar la política económica, monetaria y cambiaria para fortalecer la inversión y el crecimiento del país, por lo que planteó impulsar la capacidad productiva del país; evitar trampas en el manejo de la deuda; invertir en Pemex para frenar las importaciones de gasolinas —que contribuye a la debilidad del peso— y atender los rezagos en infraestructura.

Por el PRI, la diputada Olga María Esquivel Hernández, se manifestó a favor de que 70 por ciento de esos recursos se destine a reducir el techo de deuda, y el resto a robustecer el fondo de estabilización. “El manejo de la deuda pública no puede ser indiscriminado, debemos privilegiar la amortización del saldo de la deuda contra los ingresos públicos que se generan. Una vez que se cumplan las premisas de la reforma se podrá destinar más recurso a otros rubros”.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) consideró un error permitir que Hacienda tenga un “guardado” de más de 100 mil millones de pesos para 2016, que manejará con plena discreción. Refirió que el presupuesto viene con 20 por ciento menos en gasto de inversión y “los remanentes diferenciales del tipo cambiario en el Banco de México, decidimos no gastarlos en inversión, sino en adelantarles el pago a los banqueros”. Por ello, se manifestó en contra.

Por su parte, Tómas Octaviano Félix (PRD) se pronunció en contra de la adición debido a que es una forma de subsanar el dispendio que se ha tenido en el gasto público, el cual tiene un déficit acumulado de 407 mil 4000 millones de pesos.

Moción Suspensiva

Previamente, la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) presentó una moción suspensiva del dictamen, la cual fue desechada por el Pleno.

Asimismo, se desecharon las propuestas de modificación a la adición del artículo 19 Bis, de las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos y Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; de los legisladores Sergio López Sánchez y Norberto Antonio Martínez Soto, del PRD, así como del diputado Vidal Llerenas Morales (Morena).

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