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| Boletín N°. 0305 | Pide Segob a diputados aprobar una ley nacional de ejecución penal para fortalecer el sistema penitenciario |
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22-10-2015.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que debata y apruebe una ley nacional de ejecución penal que blinde eficazmente al sistema penitenciario. Asimismo, aseguró a diputados federales que la convicción de diálogo, los acuerdos y la trasparencia, han propiciado que la gobernabilidad del país esté garantizada.
En comparecencia ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, en el marco de la Glosa del Tercer Informe presidencial, el responsable de la política interna admitió que el 2015 “no ha sido un año sencillo para México”.
Sin embargo, afirmó que se trabaja en conjunto con la ciudadanía, partidos políticos, los Poderes de la Unión y demás órdenes de gobierno, para transformar a las instituciones y generar cambios necesarios, teniendo presente que “los problemas nacionales, requieren siempre respuestas de Estado”.
Respecto a los acontecimientos del Penal de El Altiplano, Osorio Chong sostuvo que el gobierno federal “trabaja día y noche para recapturar al delincuente”.
Dijo que se requiere fortalecer el sistema penitenciario por ser el último eslabón del proceso penal “para que ningún mexicano inocente pise la cárcel y ningún culpable pueda evadir la ley por cuestiones de procedimiento”.
Afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) ha dado pasos importantes, a fin de que todas las cárceles cuenten con personal confiable y altos estándares en protocolos de seguridad.
Destacó que la ley de nacional de ejecución penal contribuirá a blindar de mejor manera al sistema penitenciario, además de que fortalecerá el respeto a los derechos humanos. El gobierno se ha comprometido a que “ninguna política o acción justifique obviarlos o pasar por encima de ellos”, comentó.
En alusión a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, Osorio Chong indicó que las pruebas se entregaron en tiempo y forma al Ministerio Publico y las autoridades actuaron con respeto a la legalidad y transparencia, dentro de los límites que marca la ley, para no poner en riesgo la investigación en curso.
Gracias a las indagatorias, enfatizó, se han detenido a las personas que operaron el escape del presunto líder del Cartel de Sinaloa, como lo anunció este miércoles la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez.
Destacó que el CNSP ha impulsado un modelo integral de desarrollo policial, que profesionalice y dignifique su labor en los estados, pero “cada orden de gobierno debe asumir su responsabilidad”, ya que, “si bien ha habido avances –en seguridad- el modelo que ha persistido por décadas, ha probado ser insuficiente”.
Es menester, consideró, replantear el diseño institucional de los cuerpos de policía, y dotar al Estado mexicano de herramientas que le permitan actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones extraordinarias.
Lamentó que corporaciones locales fragmentadas y poco profesionales hayan permitido ser intervenidas por la delincuencia organizada, y derivado en hechos “dolorosos e indignantes” como los Iguala, Guerrero.
En este punto, aseguró que las autoridades seguirán investigando a fondo, mientras que las indagatorias en proceso ya han resultado en la detención de 111 presuntos responsables. “Se seguirá adelante hasta dar con el último culpable y acreditar plenamente qué fue lo que sucedió; la verdad que todas y todos los mexicanos merecen saber”.
Osorio Chong destacó que gracias a la implementación de las leyes generales de víctimas y de protección a menores de edad y adolescentes, las recomendaciones de la CNDH a la administración pública federal han bajado 60 por ciento del 2012 al 2014.
Asimismo, en el último año se ha capacitado a 43 mil funcionarios en materia de combate a la discriminación.
Recordó a los diputados los avances en materia de seguridad en lo que va de la actual administración, con lo cual, entre el 2012 y el 2014, la tasa de homicidios bajó de 22 a 16 por cada 100 mil habitantes; entre enero y agosto de 2015, se logró reducir los índices de secuestro en 32 por ciento, mientras que el robo disminuyó en 10 por ciento y la extorsión en 17, en el mismo periodo mencionado.
Programas como el Nacional de Prevención, continuó, beneficia a cinco millones de personas que habitan en municipios que concentran el 50 por ciento de la delincuencia, y se han destinado siete mil 700 millones de pesos para generar oportunidades a jóvenes y niños y evitar que caigan en actividades ilícitas.
Estos números indican que la seguridad “ya no está al servicio de la política, sino que la política está al servicio de la seguridad”, enfatizó.
Refirió que en materia migratoria, se ha brindado trato digno a 210 mil connacionales para que regresen de Estados Unidos en forma ordenada y segura. En el caso de la frontera sur, se entregaron tarjetas de visitante regional para regularizar el paso de 124 mil migrantes.
De igual forma, en un año, 400 mil oficiales de protección a la infancia dieron asistencia y protección a casi 20 mil menores extranjeros repatriados.
Previo a finalizar su intervención inicial, el titular de Gobernación advirtió que el huracán “Patricia”, de casi 400 kilómetros de diámetro, lo colocan como uno de los fenómenos más peligrosos que se está acercando a territorio nacional.
Ya se encuentra en Categoría 4. Impactará los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, atravesará prácticamente nuestro territorio por Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, y muy seguramente llegará hasta Tamaulipas, refirió.
Ante ello, afirmó que ya se ha hecho lo pertinente en materia de información a la sociedad, además de que el Comisionado de Protección Civil, Luis Felipe Puente y todo su equipo, se encuentran en los tres primeros estados mencionados para coordinar los esfuerzos de seguridad.
Antes de la intervención del titular de la Segob, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, expresó que la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, ayuda a poner en perspectiva los avances obtenidos en la primera mitad de la actual Administración Pública Federal; en particular, en la política interior del país.
La pluralidad y madurez política representadas en esta Cámara de Diputados, dijo, permitirán un ejercicio objetivo para el intercambio de información, la expresión libre y democrática de puntos de vista, “lo cual enriquece el ejercicio de rendición de cuentas que le debemos a los ciudadanos de quienes asumimos responsabilidades públicas”.
Hizo votos para que este diálogo político sea una fiel expresión de la corresponsabilidad, del equilibrio entre poderes y del deseo de seguir construyendo la gobernabilidad democrática del país, “para que unidos, desde nuestras propias atribuciones, el Legislativo y el Ejecutivo, contribuyamos al proceso de transformación nacional que vive y tanto necesita México”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), sostuvo que si bien el proceso de comparecencias de los funcionarios del gobierno federal ha dado resultados, es indispensable marchar hacia un esquema de colaboración y control más eficiente, en donde el peso de la representación nacional cuente con un modelo en el que el diálogo pueda ser productivo.
“Es una responsabilidad de nosotros los legisladores, avanzar hacia un modelo de control en el que por encima de los colores del partido cuenten solo los intereses de la nación y de la patria”, subrayó.
Puntualizó que hoy, con los medios de comunicación y las redes sociales, se pueden difundir ampliamente las acciones del Ejecutivo en materia de gobernación y seguridad pública, así como la posición de esta Cámara de Diputados frente a estos temas, “lo que también constituye un esquema de control ciudadano y de los mexicanos que están al tanto de lo que sucede en el país, para contrastarlo con los informes de los gobernantes y tener elementos para calificar su gestión”.
Posicionamientos
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, reconoció el esfuerzo del gobierno de la República para recobrar la seguridad en muchas regiones del país. Sabemos que por años la sociedad ha vivido tiempos convulsionados y hoy espera cambios y resultados.
Aplaudió que la actual administración haya optado por hacer frente al narcotráfico mediante la inteligencia en lugar del enfrentamiento. Asimismo dijo, la construcción de un México mejor pasa por cuidar y fortalecer a la familia. Propuso un encuentro de visiones que permita la reconciliación nacional.
Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, pidió hacer una profunda revisión de las políticas públicas en materia de seguridad. Señaló que ante la “alarmante inseguridad” que viven municipios, propuso fortalecer la estrategia del mando único, mejorar la planeación y ejecución de los operativos y facilitar los exámenes de confianza y profesionalización de los cuerpos policiacos.
En el fuero común, dijo se mantienen niveles altos de impunidad derivados de la falta de una cultura de denuncia. “Se percibe también una debilidad del Estado para llevar a cabo una de sus tareas fundamentales, que es garantizar la seguridad de la población. No obstante, reconoció que se han logrado importantes avances.
José Clemente Castañeda Fuentes, de Movimiento Ciudadano, dijo que la gobernabilidad del país se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Las decisiones y acciones que no han movido a México en el camino correcto.
Agregó que en los últimos años, el país ha sido víctima de una serie de embates que han evidenciado el verdadero rostro de nuestras instituciones: negligencia, insensibilidad, e ineficacia. Citó que la violación sistemática de los derechos humanos; la escalada de ejecuciones extrajudiciales y las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas dan cuenta de una crisis de gobernabilidad.
La diputada Norma Rocío Nahle García, del Partido Morena, se refirió al informe de Human Rights Watch, en el sentido de que “en nuestro país persiste una grave crisis humanitaria, donde se identifican la desaparición forzada, la impunidad y el abuso de militares; la tortura, el deficiente sistema de justicia penal, los ataques a la libertad de prensa, la violencia de género y la situación de los migrantes, además del espionaje y pérdida de libertad individual mediante el costoso sistema del Cisen”.
Cuestionó sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera. “Cómo es posible que ustedes no hayan escuchado por semanas o meses, los ruidos de taladros y excavaciones que se oyen en el vídeo filtrado a los medios de comunicación. Eso sin duda habla de la omisión del Estado y la complicidad de algunos funcionarios”.
Por el PVEM, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas resaltó que hoy los delitos de homicidio, robo, secuestro y extorsión están a la baja, gracias a la unidad entre gobiernos locales y el federal, en el norte, centro o sur del país.
Expresó que, para evitar que tragedias como la de Iguala, son necesarios varios componentes como contar con una legislación en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas; generar condiciones de desarrollo y reconstruir el tejido social de muchas comunidades. “Eso es lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación, a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia”.
En tanto, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) indicó que la política de seguridad en este gobierno, en muchos de sus aspectos, es copia exacta de la implementada en el sexenio anterior: las Fuerzas Armadas siguen en las calles y “han sido expuestas a la infiltración criminal y a sufrir un desgaste social innecesario, mientras cuerpos policiacos siguen siendo hogar de la criminalidad organizada”.
La política, dijo, también es percepción, y “no sirve de nada que se defienda el sistema nacional de seguridad cuando se fuga ‘El Chapo’ y los encargados de la inteligencia y la seguridad nacional siguen en sus puestos como si no hubiera pasado nada” y tampoco es útil “cuando no se investiga a los ‘peces gordos’”.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) consideró que se aprecia un retroceso en materia de seguridad pública, y la decisión de trasladar las tareas en esta materia hacia la Segob, no ha tenido un efecto positivo, “en el sentido de incrementar las capacidades del Estado para prevenir el delito, para perseguir a las organizaciones criminales o para reducir la incidencia de los delitos que más lastiman a la sociedad”.
Enfatizó que el problema es que no se advierte un sentido de urgencia, una respuesta certera, una estrategia exitosa capaz de afrontar el reto de la inseguridad. Lamentó “el deterioro de mecanismos como los controles de confianza y que, ante la ineficiencia y la incapacidad de las instituciones de seguridad pública, el Ejército y la Marina hayan tenido que intervenir en funciones de seguridad en detrimento de su imagen”.
La diputada Marcela González Salas y Petricioli (PRI) afirmó que en materia de seguridad, la coordinación de esfuerzos ha sido la divisa de la secretaría. Por años, dijo, la fractura y el desencuentro entre las autoridades federales y locales sólo beneficiaban a la delincuencia. Por ello, continuó, fue necesario establecer una visión compartida, coordinada y corresponsable para revertir la tendencia creciente de homicidios y otros delitos que tanto afectaban a las familias mexicanas.
Enfatizó que, en este sexenio, absolutamente todos los delitos han disminuido y eso solamente habla de una política que ha cambiado para bien. Precisó que donde otros han tergiversado la verdad sobre el penal de El Altiplano, el gobierno de la República ha hecho un trabajo profesional, no sólo para detener a los cómplices del delincuente sino para llevar a cabo una exhaustiva búsqueda que permita reaprenderlo. “Tenemos plena confianza en que pronto el más buscado delincuente estará otra aprendido igual que lo hizo la administración el año pasado”.
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