27- 10- 2015.- Diputados de la Comisión de Justicia cuestionaron a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, sobre el caso Ayotzinapa y la certeza que dan a los mexicanos sobre la investigación; las acciones para combatir la trata de personas; la extradición de delincuentes; el arraigo; Oceanografía; del expediente de Elba Esther Gordillo y los audios de la fuga de “El Chapo” Guzmán.

Al comparecer por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la titular de la PGR se refirió a la solicitud de un tercer dictamen para el caso Iguala y a que se seguirá trabajando con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Aclaró que la extradición de 13 delincuentes “no fue ningún pago de nada”, sino un compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos, lo cual no se vincula con la posterior petición de extradición de Joaquín Guzmán Loera.

En la primera ronda de preguntas, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) interrogó sobre las acciones que implementa la PGR en el ámbito internacional para combatir la trata de personas; qué medidas específicas realiza para proteger a los grupos vulnerables, como los migrantes y qué resultados se han alcanzado, al ser un delito que priva de la dignidad a sus víctimas, sometidas a todo tipo de explotación, maltrato psicológico y sujetas a violencia física y económica.

La procuradora Arely Gómez González refirió los esfuerzos del Congreso, para contribuir con un marco legal que apoye a las víctimas y castigue a los culpables. Los legisladores tienen la oportunidad de impulsar este tema que se encuentra sin resolverse.

Aseguró que “no se toma a la ligera”, se combate en cooperación con otras naciones por ser trasnacional, a través de la Unidad Especializada de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad en la Procuración de Justicia y de la Unidad de Personas Migrantes y Mecanismos Transnacional de Búsqueda e Investigación, compromiso adquirido ante el Senado de la República y a nivel internacional que se aborda con organizaciones de la sociedad civil.

Por Nueva Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre inquirió si la extradición de 13 delincuentes fue una manera de compensar a Estados Unidos por no haber extraditado en su momento a “El Chapo”. ¿Por qué hasta después de fugado se acepta la solicitud de extradición de Joaquín Guzmán Loera, una vez que sea recapturado?, y por qué a tan poco tiempo de la fuga de El Altiplano se incrementaron significativamente las extradiciones.

La titular de la PGR aseguró que la extradición de los 13 delincuentes “no fue ningún pago de nada, fue un compromiso de ambos gobiernos” (México y Estados Unidos). Afirmó que al momento de la fuga de Guzmán Loera no existía ningún acuerdo firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligara al gobierno mexicano a entregar al extraditable. Se formaliza el 21 de julio del año en curso, y al recibirse la solicitud por parte del gobierno extranjero se tiene que cumplir una serie de trámites que, por lo general, tardan de seis meses a un año, precisó.

Sobre los delincuentes de “cuello blanco” y para que no evadan la justicia en México, dijo que la PGR trabaja en la traducción de los términos jurídicos para tener las pruebas que acrediten la causa probable del delito.

A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Jorge Álvarez Maynez preguntó sobre Ayotzinapa, y si la PGR descarta la verdad histórica anunciada por el ex procurador Jesús Murillo Karam. ¿Ustedes se retractan de esa verdad histórica? ¿O qué verdad le ofrecen a los mexicanos después de 13 meses? ¿Son capaces de sostener que los estudiantes fueron asesinados como lo sostuvieron en su momento?

Subrayó que “no es un asunto de acumulación de papel y decir ahí están 53 mil fojas. Es un asunto de una respuesta concreta”. ¿Qué certeza le dan a los mexicanos? ¿Los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula sí o no?, Además, inquirió si ella le creería al gobierno.

En respuesta, Gómez González indicó que “en particular sobre el incendio, porque no podemos decir cremación, es incendio, si fue hecho en Cocula y ahí fallecieron todos los muchachos, estamos actualmente en la investigación”. Se ha solicitado un tercer dictamen, para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con la Procuraduría, trabajen con especialistas en técnica forense.

Sobre el arraigo, precisó que se hace con respeto a los derechos humanos, para grandes temas como el de “El Chapo” Guzmán, en donde a todos se les ha dictado auto de formal prisión. En el 2012 se arraigaron 861 personas, y del 26 de enero al 26 de octubre de 2015 únicamente 79. La diferencia es amplia, subrayó.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, cuestionó por qué la PGR no ha realizado las investigaciones pertinentes de todos los implicados en el caso Oceanografía, desde ex funcionarios públicos y actuales, así como particulares, quienes, se demostró, incurrieron en el tráfico de influencias y conflicto de intereses, como el caso del embajador de México ante la OCDE, Dionisio Pérez-Jácome.

Gómez González explicó que aún se trabaja en la investigación, la cual ya está ante el juez, por lo que corresponderá al mismo emitir su fallo.

Del PVEM, diputada Sofía González Torres pidió a la procuradora Arely Gómez proporcionar más detalles sobre los objetivos a alcanzar con la nueva Unidad de Igualdad de Género ya que, consideró, “es un desafío vigente para el Estado mexicano garantizar una protección más amplia de los derechos de las mujeres”.

En este sentido, la titular de la PGR explicó que al analizar la estructura de la Procuraduría General de la República observaron que no contaba con la Unidad de Género, razón por la cual se instruyó el acuerdo de su creación, que tiene como objetivo principal y eje trasversal, combatir la discriminación contra las mujeres.

El perredista Waldo Fernández González preguntó a la funcionaria federal qué ha pasado con el expediente de la profesora Elba Esther Gordillo, por qué la PGR ha estado estática en este asunto y si existe la posibilidad de que se le otorgue su libertad.

Arely Gómez expuso que no es solo un proceso el que se sigue, sino que son el delito de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y es en este último proceso donde se ha solicitado la prisión domiciliaria por causas de edad y por vía de la enfermedad, las cuales fueron rechazadas. Indicó que la Procuraduría se ha encargado de apelar cuando existe alguna decisión que no considera favorable.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo, del PAN, solicitó a Gómez González explicar cuántas de las recompensas ofrecidas por la PGR en el último año han tenido resultados concretos, qué ha sucedido con la localización de Rafael Caro Quintero y sobre el Caso Tlatlaya, y qué políticas públicas ha diseñado la PGR para investigar y perseguir el delito de alto impacto.

La procuradora informó que en el año 2015 no se ha realizado ningún pago por recompensas. En cuanto a la corrupción destacó que hoy se acaban de dar diez órdenes de aprehensión por algunos hechos irregulares que cometieron servidores públicos, y sostuvo que no tolerará ningún acto de corrupción y aplicará la ley con toda firmeza “no importando el partido, el color del partido que sea, pues la Procuraduría General de la República trabaja de una manera imparcial y apegada a derecho”.

En tanto el diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI) cuestionó a la procuradora sobre las medidas que se han tomado por la posible filtración de audios que circularon en algunos medios de comunicación en torno a la fuga de Guzmán Loera.

Al dar respuesta, la funcionaria explicó que se levantó un acta circunstanciada que se inició en dos áreas de la procuraduría, la primera en la Visitaduría, que se encarga de revisar la actuación de los servidores públicos de la policía ministerial, y en la Subprocuraduría Especializada de Delitos Federales; esto, porque no se tiene certeza de donde salió esta filtración.

Añadió que actualmente esta investigación se elevó a averiguación previa y fue enviado un oficio a la Policía Federal Ministerial para que realice una exhaustiva investigación de los hechos; se solicitó al titular de la SEIDO informe quién ha tenido en su manos estos audios, y aclaró que en el momento que fueron circulados ya no estaban en posesión de la PGR, fueron presentados ante el juez y tenían la posibilidad de acceder a los videos los abogados y familiares.

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