29-10-2015 El diputado Miguel Ángel Yunes Linares, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que a pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 no es el óptimo, tampoco pone en riesgo la seguridad ni la procuración de justicia del país.

Durante la reunión con Ricardo Corral Luna, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y María de los Ángeles Fromow Rangel, coordinadora para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, el legislador aseguró que “las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos deben estar ciertas de que recibirán los recursos necesarios para desempeñar su tarea de manera eficiente”.

Por su parte, la diputada Marcela González Salas y Petricioli (PRI) dijo que aunque los recursos con que cuenta hoy el gobierno federal para garantizar la seguridad pública han permitido avanzar “haciendo más con menos”, la comisión trabajará para que este ramo obtenga presupuesto.

En su exposición ante los integrantes de la comisión, Ricardo Corral Luna, afirmó que en el PEF 2016 se redujeron de 17 a diez los programas con prioridad nacional, los cuales proveen de recursos a los municipios para preservar la protección ciudadana.

Explicó que estos programas están enfocados al desarrollo de capacidades de las instituciones locales; profesionalización y certificación policial; tecnología, infraestructura y equipamiento; impulso de los sistemas Penal de Justicia y el penitenciario nacional, las ciencia forenses de la investigación de hechos delictivos; atención de llamadas de emergencia y denuncia ciudadana, prevención de delitos de alto impacto, y la búsqueda de personas.

Agregó que los criterios de distribución del apoyo de estos programas dependen de la población, nivel de delincuencia, disidencia delictiva, controles de confianza, información de seguridad pública, ejercicio de recursos, avance en el nuevo Sistema Penal de Justicia.

Destacó que en materia de seguridad pública se solicitaron para PEF 2016 un presupuesto de 7 mil millones de pesos a nivel federal y mil 700 para apoyo a entidades federativas, es decir, 8 mil 750 millones de pesos.

En la ronda de preguntas y respuestas, los diputados priistas María Gloria Hernández y Madrid Abel Murrieta Gutiérrez solicitaron al funcionario precisar en qué programa se incluirá el acceso de justicia para las mujeres y qué criterios toma cada estado para integrar una averiguación previa.

En representación del PAN, los diputados Angélica Moya Marín y José Everardo López Córdova preguntaron cuál es el plan para atender la sobrepoblación de los centros penitenciarios y disminuir el índice delictivo y cuántos policías han sido acreditados.

Los legisladores de Morena pidieron se les explicara de qué manera se le motiva a los elementos de seguridad para que no se incorporen a las filas del crimen organizado.

En tanto, la representante del PES Melissa Torres Sandoval solicito información de cómo se conoce el avance de los municipios que son apoyados por los programas de esta dependencia.

Al dar respuesta, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el programa de Acceso de Justicia para las Mujeres se incorporará al Sistema de Justicia Complementario.

Agregó que se trabaja para que los policías se profesionalicen, se les brinden mejores salarios y se les dote de la infraestructura necesaria para desempeñar de forma eficaz su labor.

En cuanto a la sobrepoblación de los centros penitenciarios, afirmó que se modificó la modalidad de operación al ampliar la capacidad de los espacios de reclusión y con ello reducir el hacinamiento.

De igual manera, dijo que los municipios beneficiados en los programas son aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar delincuencia.

Por su parte, María de los Ángeles Fromow Rangel explicó que a 230 días de que el Sistema de Justicia Penal entre en operación se está trabajando en la capacitación de los policías, quienes serán fundamentales para la operación eficiente del Sistema.

Puntualizó que para ello también se requiere aprobar las leyes de Miscelánea Penal y de Justicia para Adolescentes, cuya aprobación está pendiente.

Indicó que el PEF 2016 debe contemplar que el nuevo Sistema requerirá no solo salas de oralidad, sino además áreas de medidas cautelares, policía procesal, equipamiento del lugar para que presten el servicio adecuado y garantizar la inmediatez en el proceso jurídico.

En este sentido, mencionó que se requiere un presupuesto de 6 mil millones de pesos para satisfacer los requerimientos tecnológicos y periciales del nuevo Sistema de Justicia Penal.

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