29- 10 - 2015.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, diversas reformas y derogó disposiciones de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, para garantizar el ejercicio transparente y más eficaz del gasto y acceder a mayor productividad.

Se reservaron los artículos 2, 3, 14, 21, 23, 24, 26, 27 y 29 que se avalaron en términos del dictamen, mismo que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

De esta forma, se establece que la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal correspondiente, “incluirá la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas” (APPs), el cual será revisado y aprobado por la Cámara de Diputados.

También incorpora los proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

El dictamen precisa que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir de que los reciba, y en caso de que no lo haga en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

Al argumentar la propuesta, el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que con estas reformas se logra abatir el tiempo para autorizar los proyectos de infraestructura de las APPs, garantizando obtener los beneficios de forma más ágil.

Se evitan costos adicionales a la población, la cual espera la provisión de bienes y servicios públicos. “Con este nuevo esquema es posible incrementar el número de proyectos de las asociaciones públicas y privadas, que se vinculen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró.

“El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de presupuesto un capítulo específico por sector, que contendrá el monto anual susceptible para contratar en estos nuevos proyectos de las asociaciones públicas y privadas, mismos que serán autorizados por la Comisión Intersecretarial en cualquier momento durante todo el ejercicio fiscal”, subrayó.

Será así, siempre y cuando sus requerimientos anuales, así como los proyectos anteriormente aprobados, no superen el monto máximo anual asignado para los proyectos de las APPs, aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos correspondiente, indicó.

Hinojosa Ochoa afirmó que también se facilita la autorización de las propuestas al dar mayor claridad y transparencia a dependencias y entidades de la administración pública que participen; se especifican y simplifican los requerimientos para aprobarse, de acuerdo a su fuente de recursos, precisó.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coincide con las propuestas de reformas a la ley presentadas al Ejecutivo, ya que establece elementos que agilizan los procesos de gestión para la preparación y autorización de los proyectos en el ámbito presupuestario, y en tiempo, y asegura el uso más eficiente de dichos recursos públicos.

Sostuvo que por la dimensión y gran alcance de los proyectos, donde participan entidades públicas y privadas, cada uno aportando sus recursos y tomando sus riesgos, es importante considerar la rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia y la calidad del gasto.

Por ello, sostuvo, la instancia legislativa propone modificaciones y adiciones al artículo 24 de la ley, para asegurar mayor visibilidad a través del portal de transparencia y otros mecanismos, además de rendir más información en forma oportuna a la Cámara de Diputados, la cual también está facultada para pronunciarse al respecto.

En los posicionamientos, el diputado Independiente, Manuel Clouthier Carrillo, solicitó “no extender un cheque en blanco” a estas figuras al aceptar que funcionen con el grado de discrecionalidad planteado. Su actividad tiene que estar totalmente regulada, para evitar daños económicos a México; de lo contrario, advirtió, “son más riesgosas que las candidaturas independientes”.

Afirmó que “es muy peligroso” y expuso tres razones: alto riesgo de disfrazar la deuda pública; incrementar la corrupción en la asignación de proyectos y que sean instrumentos de lavado de dinero. “No son invento, es una realidad. Si no tenemos el cuidado con las asociaciones público-privadas, el país corre muchos riesgos”.

A nombre del PES, el diputado Abdies Pineda Morín resaltó que se logra una sinergia positiva entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo para dar seguimiento puntual de las APPS, ya que las modificaciones legales establecen corresponsabilidad entre ambos.

Refirió que se tendrá una visión integral del máximo gasto para atender los requerimientos de los nuevos proyectos y de los autorizados anteriormente, evitando generar desequilibrios presupuestales. Además, se abre la posibilidad de incrementar los fondos a estos proyectos cada año.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas (Nueva Alianza) aseguró que “este dictamen no es un cheque en blanco para el gobierno federal”, y sostuvo que la facultad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se pronuncie en relación a los proyectos en un plazo no mayor de 30 días, es importante para que exista agilidad y dinamismo en el ámbito económico y sólo así se podrán cerrar las brechas de desigualdad y reducir la pobreza.

Afirmó que se eficientizan los procesos administrativos gubernamentales para atraer más capitales al país. Se “busca romper con el estatismo anual para dejar fluir los mecanismos del mercado interno, generador de empleo, consumo, gasto e inversión”, ya que los inversionistas destinan sus recursos en aquellas naciones en las que existe certidumbre para generar negocios de manera continua, es decir, invertir a corto, mediano y largo plazo.

De Movimiento Ciudadano, el diputado René Cervera García aseveró que el contexto macroeconómico adverso y el impacto negativo que se refleja en el nivel de inversión de la propuesta del PEF 2016, “obliga a pensar, considerar, analizar e incluso a arropar mecanismos alternativos para financiar el crecimiento del empleo y de la inversión productiva”.

Las APPs sin duda pueden contribuir a lograr este propósito, sobre todo “sin son manejadas con responsabilidad y con transparencia”, apuntó. Resaltó la relevancia de garantizar la transparencia no sólo con publicar información en el Internet, sino con impulsar la figura del fiscalizador ciudadano, como parte del programa de la Contraloría Social, convocado cada año por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda.

Por Morena, el legislador Vidal Llerenas Morales afirmó que se relaja el proceso de control que tienen los legisladores sobre el destino del gasto y de este tipo de asociaciones. “Es una pérdida de soberanía de la Cámara de Diputados”, enfatizó, pues cada vez menos los diputados podrán decidir sobre el destino del gasto y será el Ejecutivo el que pueda disponer cómo endeudar al país y ejercerlo.

Sostuvo que “no se pueden reducir ni relajar los mecanismos de supervisión y vigilancia”, y subrayó que esta reforma no abona a dar más transparencia ni control del Congreso en las APPs. Refirió que la Cámara de Diputados debería ya discutir proyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el Tren Toluca, toda vez que no hay claridad en la política de inversión de la administración actual.

Por el PVEM, Remberto Estrada Barba dijo que para generar infraestructura con ayuda de empresas privadas, se requiere un marco jurídico que dé certeza a inversionistas, que muestre solidez respecto a riesgos y garantice que el gobierno vigilará cada proyecto. Afirmó que mediante estos ejercicios se podrá recuperar la confianza, pues “la transparencia y la rendición de cuentas en todos los proyectos ejecutados serán fundamentales, evitando actos de corrupción, y demostrando que vivimos en una sociedad madura”.

Explicó que las ventajas de las APPs en la obtención de financiamiento, permitirán delimitar y ceder el riesgo de un proyecto productivo, lo cual constituye “un crecimiento en términos de compromiso institucional y cuentas claras”. Planteó que el Congreso lleve una regulación administrativa y que la Auditoría Superior de la Federación valore los proyectos y el gasto de los recursos federales y agilice trámites para lograr una administración más transparente de recursos públicos y tener reglas claras de la ejecución de contratos.

El diputado Tomás Octaviano Félix (PRD) manifestó su confianza en las bondades de esas asociaciones, pero también conoció los riesgos que implican, pues con esta reforma se abren a la legalidad a atractivos negocios en salud, educación, energía y seguridad pública.

“Las APPs están exentas del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y otros, lo que potencia su posibilidad de mantener la opacidad y ausencia de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo federal a esta Soberanía. Adelantó que presentará reservas para no crear “elefantes blancos”, pues pueden dejar la puerta abierta a las interpretaciones. Agregó que ante la reducción de 21 por ciento en el gasto de Inversión pública en el PEF, en el sector privado se depositó la función de aportar los recursos de inversión bajo estas figuras.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (PAN) señaló que Implementar esquemas como el de las APPs logrará una mejor relación calidad-precio en el desarrollo de la infraestructura. Explicó que la reforma establece un mecanismo ágil para aprobar proyectos con el costo mínimo. “Se trata de aprobar leyes con alto beneficio social, que impulsen el desarrollo y atiendan las necesidades de la población, contribuyendo al pleno desarrollo nacional, buscando la transparencia y un uso responsable de los recursos públicos”, puntualizó.

Se pronunció a favor de impulsar el desarrollo, la infraestructura y la prestación de servicios, pero “no coincidimos en la forma en que se presentó el mecanismo de ejecución de proyectos de APPs pues se elimina la atribución de la Cámara de Diputados y se traslada a la Comisión Intersectorial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en detrimento del sano equilibrio en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo”.

Del PRI, el diputado Alfredo Del Mazo Maza pidió el voto a favor del dictamen para impulsar los objetivos del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, fomentar inversión en sectores estratégicos del país y asegurar que el desarrollo llegue a todas las regiones y sectores de la población, pues es condición indispensable para la consolidación del país.

Destacó la importancia de destinar recursos al crecimiento y modernización, para lo que se requieren estructuras legales sólidas que fomenten la transparencia e impulsen la agilidad para su desarrollo, como las APPs, que incentivan la participación de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos de calidad. Con esta reforma se perfeccionan mecanismos de transferencia de riesgos y se genera más competencia para su contratación.

Al iniciar la discusión en lo general, la diputada Rocío Nahle García (Morena) fijó su postura en contra del dictamen, pues comentó que las asociaciones público-privadas son un mecanismo en el cual “el Estado pone y los particulares cosechan”. Se requiere un sistema mixto donde, por ejemplo, los propietarios de parcelas puedan ser accionistas.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Alicia Barrientos Pantoja comentó que es el Estado el responsable de ejecutar las actividades que proporcionan servicios públicos; incluir a privados, indicó, representa la renuncia del gobierno a sus obligaciones.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) se pronunció a favor del dictamen pues, dijo, son mecanismos benéficos donde el gobierno y privados aportan para favorecer a la población con inversiones con un fin social. “El objetivo de las APPs es desarrollar inversiones en tiempos donde se necesita dinero”, agregó.

Del PRD, el diputado José Antonio Estefan Garfias indicó que las figuras asociativas público-privadas han sido adoptadas por muchos países, ya que impulsan infraestructura productiva.

Sin embargo, no puede permitirse que el Congreso pierda facultades y se abra la posibilidad de que privados creen negocios inventados, otorgados por el propio gobierno mediante concesiones o asociaciones; por tanto, se manifestó a favor del dictamen, pero indicó que presentaría reservas.

El diputado Manuel Clouthier Carrillo, legislador independiente, subrayó que cualquier proyecto de asociación público-privada se debe discutir, y el dictamen no lo precisa. Fijó su postura en contra del documento, pues, dijo, “no queremos negocios con el Poder en lo oscurito, los queremos encima de la mesa”.

El diputado David Epifanio López Gutiérrez (PRI) se manifestó a favor del dictamen, ya que, señaló, es atribución primordial del Estado atender el desarrollo de la infraestructura productiva y social del país; aseguró que los esquemas de APP surgieron con la finalidad de incentivar la participación del sector privado en beneficio de los mexicanos.

De la misma bancada, el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio refirió que ese modelo de inversiones está vigente hace tiempo en México, debido a que tiene muchas bondades, entre otras, dinamizar a la economía y el progreso de las regiones.

Posteriormente, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados, levantó la sesión, y citó, para la que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de noviembre de 2015, a las 11 horas.

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