08-09-2015 Durante la sesión de hoy, los legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron nueve iniciativas que plantean reformas para establecer el Día Nacional contra la Desaparición Forzada; impulsar el desarrollo de la acuacultura; facultar a los diputados independientes, y que las secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República contribuyan a emitir la suspensión de derechos y garantías.

Asimismo, se plantearon reformas permitirán otorgar un vale a jóvenes en su primer empleo; evitar que programas sociales se usen con fines electorales; brindar protección y asistencia a personas de la tercera edad; garantizar el derecho humano al agua, y frenar la deserción escolar.

Turnan a Jucopo iniciativa para establecer el Día Nacional contra la Desaparición Forzada

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) presentó una iniciativa de reformas a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que busca establecer el 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, e izar a media asta el lábaro patrio.

Al hacer la propuesta –que se envió a la Junta de Coordinación Política para su discusión con carácter de urgente y obvia resolución a fin de que en la siguiente sesión ordinaria de este Pleno sea analizada-, recordó la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en esa fecha del año pasado, y de quienes a casi un año de los hechos, nada se sabe. Reiteró su compromiso por el esclarecimiento del caso y la erradicación total de la desaparición forzada en México mediante una legislación que la prevenga y sancione.

Desde sus curules hablaron sobre el trámite de la iniciativa los diputados Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Daniel Ordoñez Hernández (PRD), Federico Döring Casar (PAN),Omar Ortega Álvarez (PRD), Juan Romero Tenorio (Morena), Arturo Santana Alfaro (PRD), Jesús Sesma Suárez (PVEM) y Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN).

El Presidente de la Mesa, Jesús Zambrano Grijalva, reconoció la importancia del tema y la seriedad con la que debe abordarse, así como el que haya coincidencia en un trámite que puede ayudar a que los trabajos de la Cámara se desarrollen en un ambiente de civilidad democrática.

Reformas a la Ley Orgánica y Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de legisladores independientes

La diputada Gabriela Ramírez Ramos (PAN) presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de regular la participación de los legisladores independientes.

La iniciativa, también suscrita por los legisladores Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, busca establecer que en caso de que un diputado independiente quiera formar parte de la Mesa Directiva, la petición la formulará a la Junta de Coordinación Política, y señala que estos tendrán voz pero no voto en las reuniones de este Órgano de Gobierno.

La propuesta que será enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, establece que los diputados independientes tendrán derecho a incorporar asuntos en la Agenda política y efemérides; la presentación de sus iniciativas se hará directamente ante la JUCOPO; de igual manera, podrán disponer de tiempo para exponer su postura en las discusiones, y formular preguntas parlamentarias.

Secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República podrán emitir restricción o suspensión de derechos y garantías

El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) presentó una iniciativa que busca, dijo, fortalecer nuestra democracia al plantear que el titular del Poder Ejecutivo federal, en acuerdo con los secretarios de Estado y el fiscal general de la República, pueda presentar al Congreso el proyecto de decreto por el que se restrinja o suspenda el ejercicio de determinadas garantías, conforme lo establecía la reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada el 10 de junio de 2011.

La reforma al artículo 29 constitucional señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías. Esta propuesta será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Vale de 90 días de salario a jóvenes en su primer empleo; será deducible para el patrón

En su oportunidad, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) propuso reformar el Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que empleen jóvenes o les den preferencia, le otorgarán un vale por el primer empleo, por un monto de 90 días de salario mínimo vigente en el D.F., que será deducible de impuestos para el empleador.

Con ello, se busca implementar una política para abatir el desempleo entre los jóvenes, reducir su subocupación y favorecer su inserción en el sector formal de la economía. Propone que el patrón fomente y garantice la equidad y respeto a los derechos laborales de esta población.

Dijo que la tasa de desocupación en los jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años alcanzó el 7.4 por ciento, y que 7.1 por ciento de los que están ocupados se encuentran subocupados, “es decir, tienen la necesidad y la disponibilidad de laborar más tiempo de lo que su ocupación actual les permite”. La iniciativa se enviará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Garantizar que programas sociales no se usen con fines electorales

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) planteó adicionar el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer mecanismos que garanticen que los programas de desarrollo social no serán usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos.

Propuso que las reglas de operación aseguren transparencia en la aplicación de recursos públicos y simplificación de trámites y procedimientos y acotar riesgos de manipulación político-electoral, o de uso distinto para el que fueron concebidos.

Consideró que en un contexto de desigualdades, como el que enfrenta México, proteger esos programas es una prioridad y una obligación irrenunciable del Estado mexicano. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

Protección y asistencia a personas de la tercera edad

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) presentó una iniciativa de reformas a los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a fin de fomentar la coordinación con gobiernos estatales, municipios, Distrito Federal, instituciones sociales y privadas, y crear albergues y residencias de día para la asistencia integral de esta población en situación de riesgo económico o desamparo.

Se pronunció por impulsar políticas públicas que a favorezcan al sector –que en 2014 comprendía el 11.7 millones de mexicanos mayores de 60 años— y prestar atención a los problemas y limitaciones en materia de cuidado, salud, educación, pensiones, maltrato y trabajo, por la gran persistencia, incremento y diversificación que han alcanzado en los últimos años.

Agregó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) confirmó las dificultades que enfrentan las personas de este importante grupo, pues sólo dos de cada 10 pueden solventar sus gastos. “Se tiene un registro en 2014 de que 37.4 por ciento está en situación de pobreza moderada, 8.5 por ciento en pobreza extrema, 26 por ciento es vulnerable por carencias sociales y el 7.7 por ciento por ingresos”. Se remitirá a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Que Congreso tenga facultad para expedir leyes generales

A fin de que el Congreso tenga facultad para expedir leyes de carácter general que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades y los municipios en materia de acceso, disposición y saneamiento de agua, y dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, el diputado Óscar Ferrer Ábalos (PRD) presentó iniciativa para modificar el artículo 73 de la Constitución.

La reforma a la fracción XVII y adición de la XVII B tiene el propósito de cumplir los fines previstos en el párrafo sexto del artículo 4º constitucional, para garantizar el derecho humano al agua, que implica la obligación del Congreso de expedir una nueva Ley General en materia de Aguas y derogar la Ley de Aguas Nacionales vigente.

El diputado apuntó que no basta oponerse. Se requiere, dijo, un nuevo marco normativo, porque el sistema de concesiones actual permite una enorme contaminación y propicia la sobreexplotación y concentración del recurso. “Tenemos que atender este gran pendiente con una amplia discusión académica y ciudadana, legislando por el bien de la nación y no por un grupo de intereses, con pleno apego a la legalidad, sin albazos ni atropellos al Reglamento de la Cámara y sin ningún vicio de anticonstitucionalidad”. La propuesta se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Frenar deserción escolar mediante becas integrales a estudiantes

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM) presentó iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, a fin de que las autoridades del sector implementen un programa nacional de becas para apoyar a estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de instituciones públicas.

Además, de un programa especial para alumnos de comunidades marginadas lejanas a los planteles escolares, otorgándoles apoyos económicos en materia de hospedaje, transporte y alimentación, además de uniformes y útiles escolares. Señaló que de esa forma se logrará frenar la deserción escolar, producto de la desigualdad social y la pobreza. La iniciativa se turnará a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

En los transitorios, propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca un Consejo Nacional de Becas en el que participen las autoridades educativas federales y de todas las entidades, incluyendo al Distrito Federal, para determinar las necesidades presupuestales de cada región y definir una programación presupuestal integrada al proyecto del Presupuesto de Egresos, que corresponda al ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor.

Incentivar desarrollo de la acuacultura

El diputado Evelio Plata Inzunza (PRI) propuso adicionar el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el propósito de que las obras para ganar artificialmente terrenos al mar, autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se destinen preferentemente para uso acuícola.

Plata Inzunza argumentó que México ocupa el sitio número 20 en cuanto a producción acuícola, actividad generadora de divisas, que contribuye al combate de la pobreza en el medio rural por la generación de empleos.

Se busca, dijo, que cuando sea previsible que los terrenos ganados al mar no se requieran para la prestación de servicios públicos, éstos puedan desincorporarse del régimen del dominio público de la Federación y destinarse a la instalación de la infraestructura para uso acuícola por particulares. El documento será turnado a la Comisión de Gobernación.

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