10-09-2015.- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, acompañado por integrantes de la Mesa Directiva, recibió una propuesta para la elaboración de la Iniciativa de Ley Sobre Desaparición Forzada y Desapariciones por Particulares, realizada por familiares de víctimas de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos.

Al recibir la propuesta, Jesús Zambrano asumió el compromiso de que será analizada con toda responsabilidad y dijo que se integrarán grupos de trabajo para interactuar con los autores de la iniciativa, a efecto de que en todo lo posible “asumamos sus propuestas y, una vez creadas las comisiones, se pueda dictaminar”.

Recordó que se tiene que dictaminar en este periodo ordinario, “porque habiéndose promulgado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 73 el pasado 10 de julio, hace exactamente dos meses, tenemos 180 días como máximo, para efectuar la realización de esta ley general”.

Añadió que, en relación con este material, configurado por quienes directamente han sentido el dolor por la pérdida de un ser queridos, “de ninguna manera puede desacreditarse el esfuerzo; al contrario, debe, desde nuestro punto de vista, tomarse en cuenta”.

Refirió que la propuesta se presentó ayer ante el Senado de la República y que, por lo tanto, estarán en sintonía con la colegisladora para atender este asunto “tan delicado que es de una enorme sensibilidad y más por los acontecimientos de 26 de septiembre del año pasado en la región del norte de Guerrero, Iguala y Cocula, con los estudiantes de Ayotzinapa”.

Al dar por recibida formalmente la propuesta, se pronunció por establecer mesas y reuniones de trabajo para darle seguimiento. Lo pertinente, lo aconsejable, dijo, es darle curso formal-institucional a la propuesta y discutir, valorar y tener su opinión directa, “con observaciones de carácter legal o del tipo de sea, pero que podamos tener esta relación de interacción responsable con ustedes”.

Consideró que si se hace de manera conjunta, no habrá ninguna duda de que va a tener una enorme fuerza y será “un mensaje muy poderoso al conjunto de la sociedad y al conjunto de las instituciones del Estado mexicano de la importancia que el tema tiene”.

Reconoció que existe una crisis de credibilidad en las instituciones. “Es entendible que no se tenga fe en las instituciones después de muchas cosas que han pasado y que justamente el reto que hoy tenemos, nosotros como legisladores, el Ejecutivo, el gobierno de la República, en lo que corresponde, es que con hechos se tenga que entrar a recuperar esa confianza, esa credibilidad tan necesaria para un país como el nuestro, en las instituciones”.

Asumimos, reiteró, el peso enorme y el momento histórico. No hay que desaprovecharlo. “Ese es el compromiso y esa es la convicción con la que queremos trabajar”, enfatizó.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (PRI) afirmó que esta Legislatura marcará la diferencia en la atención del tema de las desapariciones, a través del trabajo conjunto que harán respecto a la iniciativa entregada por las diferentes organizaciones y los padres de los desaparecidos, por lo que pidió un voto de confianza para los grupos parlamentarios.

“El compromiso de esta Legislatura es precisamente estudiar, analizar, debatir y sacar una ley que sea útil y que realmente pueda servir para todos estos acontecimientos”, precisó.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) consideró que la mejor manera de construir leyes es trabajando de manera conjunta con la sociedad civil y con los actores involucrados ya que, subrayó, “son los que tienen las propuestas, los que viven el problema y están con la claridad de lo que se necesita en una ley”.

Aclaró que no todo se resuelve con leyes, “aunque es un buen síntoma lograr un marco legal consensuado” y planteó establecer mesas de trabajo entre el legislativo y los grupos proponentes. “Estaremos construyendo paso a paso, con la intervención de ustedes, una ley que realmente sirva y que tenga, sobre todo, el respaldo político para que sea una ley útil.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, reconoció la labor de las familias que han sufrido la desaparición de uno de sus integrantes, ya que “han hecho de su dolor una causa humanitaria para muchas y muchos mexicanos”.

“Creo que no hay palabras para poder sanar esa herida que ustedes tienen y espero que sean los resultados de este trabajo colaborativo entre nosotros los legisladores y ustedes, los que permitan ir saneando las capas de herida que sufrió nuestro México y que ustedes experimentan día con día”.

Por Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla aseguró que este es un reto para la LXIII Legislatura que entra en funciones, el cual conoce. “Soy muy afortunada, porque pude recuperar a mi hija. Yo sé lo que han vivido, mi reconocimiento solidario porque es un dolor muy fuerte”.

“Tenemos muy claro que lo que requiere México, y es un propósito que hemos puesto en la mesa, es fortalecer las instituciones, que se tenga credibilidad en ellas y en los institutos políticos que representamos en esta Legislatura; más que con palabras, vamos a trabajar con resultados y con hechos”, puntualizó.

Del PRD, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech señaló que esta Legislatura cuenta con la voluntad de trabajar con las organizaciones y los padres de 43 desaparecidos, para que esta iniciativa que hoy proponen salga con mejoras.

“Hay voluntad de todas las fracciones parlamentarias de trabajar en conjunto para que tengan la garantía y la certeza de que vamos a construir juntos esta nueva ley”, concluyó.

A la reunión asistió también el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva.

Al presentar el documento con los elementos esenciales que debe contener la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición Por Particulares, Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, señaló que existen más de 40 iniciativas para abordar esta problemática, pero no se ha tomado en cuenta a las familias para que sean el eje conductor del nuevo ordenamiento.

Destacó la importancia de reconocer a la persona desparecida como sujeto del derecho, pues actualmente “hay una perversión del concepto y no es una figura típica de reconocimiento de estatus y personalidad jurídicos”.

Plantea recuperar el concepto más amplio de este ilícito con base en la Convención Internacional de Desaparición Forzada, de la Organización de Naciones Unidas, para dar más cobertura y posibilitar la armonización legislativa en términos de la tipificación del delito.

Considera su tipificación con base en dicha redefinición, así como el delito de desaparición por particulares, pues actualmente “se tipifican esos casos como de privación de la libertad, secuestro, sustracción o no localizado”.

Asimismo, presenta componentes –en caso de personas detenidas por las desapariciones— como qué tipo de incentivos se tendrían que procurar o facilitar, orientados fundamentalmente a aquellos elementos que aporten los perpetradores, para localizar a la persona con certeza.

Resaltó la importancia de crear un nuevo sistema de búsqueda y localización; instalar un registro nacional; diseñar un plan nacional de restos no identificados en fosas comunes, tanto de panteones civiles como militares, fosas clandestinas y de cuerpos entregados a instituciones académicas, así como prohibir la cremación de restos.

También, que el mecanismo operador de búsqueda sea nacional, no centralizado, con unidades de búsqueda en todos los estados, integradas por personal certificado y capacitado, y que se establezcan medidas de colaboración interestatal e interinstitucional, así como un mecanismo de vinculación de información.

Pidió que se legisle sobre la protección de los derechos de las familias en términos de la afectación y el impacto en materia de seguridad social, patrimonial y salud, que impiden avanzar con mejores condiciones de búsqueda para las familias.

Se pronunció por una ley de declaración de ausencia por desaparición, porque si se definen la problemática y el sujeto de derecho, es necesario reconocer la identidad y personalidad jurídicas del desaparecido y que, desde la responsabilidad del Estado mexicano, se protejan sus derechos hasta que aparezca, vivo o muerto.

Asimismo, se solicitó que en esta la legislación se contemple la protección al migrante mediante un mecanismo transnacional.

Estuvieron representantes de diversas organizaciones civiles Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, entre otras, así como de COFAMIDES de El Salvador y de Guatemala, en representación, dijeron, de todas las familias de centroamericanos desaparecidos en México.

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