10-09-2015.-

La Cámara de Diputados exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que abran una investigación en torno al caso de la venta de niños en Sonora.

Mediante un punto de acuerdo promovido por las diputadas Sylvana Beltrones Sánchez y Susana Corella Platt, así como los diputados Próspero Manuel Ibarra Otero, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, de la fracción del PRI por el estado de Sonora, se avaló solicitar al titular de la CNDH a que coadyuve en las investigaciones, particularmente por la “grave violación a los derechos humanos”, e intervenga en la reparación del daño causado a las víctimas, además de que garantice la no repetición de estos hechos.

En tribuna, la diputada Sylvana Beltrones destacó que en un Estado democrático de derecho, la legitimidad de cualquier gobierno tiene como sustento fundamental el respeto a los derechos humanos, y en especial de los más vulnerables. “Los niños son la historia de nuestro futuro y por ello, no hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga en tomarnos en serio este hecho”.

Consideró que es urgente que la PGR investigue y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, delincuencia organizada, cohecho, y uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.

Es incomprensible, dijo, que la Procuraduría General de Justicia de Sonora no haya procedido en contra de los presuntos responsables desde el momento en que se detectó el ilícito de tráfico de menores y más aún, que con la existencia de pruebas haya procedido a dejarlos en libertad.

La diputada por Sonora insistió que es de gran relevancia realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para investigar y perseguir estos delitos que no solo ocurren en Sonora, sino en varios estados del país.

“La existencia de una red que operaba bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales, exige una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia; al parecer no vela por la pulcritud jurídica y existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”, comentó.

Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, indicó que es indignante que aprovechando su posición y en calidad de servidores públicos, algunas autoridades de Sonora hayan traicionado y violentado los principios que juraron defender al tomar su cargo.

Pidió incluir en el punto de acuerdo los resolutivos de otra proposición presentada en el mismo sentido para exhortar al gobernador de Sonora a que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos, particularmente a aquellos que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes y que la PGR atraiga la investigación, lo que fue aceptado por la diputada Sylvana Beltrones.

Norma Edith Martínez Guzmán (PES) se pronunció por la aplicación de la ley con firmeza, más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la protección de la familia y el interés superior del niño. “Precisamente por ello se ha solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación de este tema”.

Mencionó que el proceder de la Procuraduría estatal en la investigación, “en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, contradictorio y falto de transparencia. Este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia y a negligencia.

Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) se sumó al punto de acuerdo. Planteó que a través de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se cambie la realidad de millones de niñas y niños en el país, particularmente en lo que toca al tema del tráfico de menores, “que hoy ha sido alentado por autoridades del gobierno de Sonora”.

Refirió que en nuestro país existen 45 mil niños desaparecidos, sustraídos para la explotación sexual; otros 12 mil 301 niños son migrantes repatriados de Estados Unidos sin un familiar y más de 6 millones trabajan de manera forzada.

Irma Rebeca López López (Morena) destacó que la UNICEF ha documentado que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales. En el caso de Sonora, afirmó, es evidente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no ha sido eficiente ni efectivo en su propósito central de promover, prevenir y atender la explotación infantil y adolescente.

Pidió al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “poner atención a este problema y lo asuma como una prioridad para el país”.

Jesús Sesma Suárez (PVEM) comentó que “no hay cosa más irresponsable, inmoral y más absurda, que defender la venta de un niño en nuestro país”. Eso, dijo, “se llama defender la trata de personas”.

Indicó que el caso de Sonora no puede quedar impune, sobre todo, cuando a pesar de que se detuvo a 16 presuntos responsables, dos de ellos confesos de haber participado en 13 actos de venta de niños, fueron absueltos. “El procurador de Sonora es y será juzgado por esta sociedad, por este Congreso, por su falta de pulcritud”, concluyó.

Karen Hurtado Arana (PRD) se pronunció a favor del punto de acuerdo y manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora, están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores y lo más indignante, “que justo ayer nos enteramos que la esposa del gobernador, está presuntamente implicada en este hecho delictivo”.

Agregó que si los padres adoptivos aceptaron la comisión de un delito, deben ser investigados de igual manera. Consideró que la Procuraduría General de Justicia estatal, debe actuar imparcialmente y procesar a todos aquellos que resulten implicados.

Leticia Amparano Gamez (PAN) aseguró que fue la Procuraduría de Justicia de Sonora la que denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados de estos lamentables acontecimientos y combate el tráfico de menores, lo que no ocurre en otras entidades.

En México, indicó, existen 40 mil niños desaparecidos y 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio. Añadió que el tráfico de niños y personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 millones de dólares anuales.

Es de todos conocido, refirió, que en México las entidades donde más menores desaparecen son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Colima, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y por supuesto el Distrito Federal. “Incluso no puede dejarse de lado que el estado de México lidera los índices de secuestro de menores; 5 mil 400 niños desaparecidos en los últimos tres años”.

Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI) indicó que la comercialización de niños por parte de instituciones y funcionarios que deberían de protegerlos se hizo en lo oscuro y en la ilegalidad. “Quienes lo hicieron fueron motivados solo con fines de lucro, aprovechándose y engañando a familias desesperadas; unas, con problemas de desintegración; otras, con la esperanza de tener un hijo, una hija y formar familia”.

Es inconcebible, abundó, que la procuraduría estatal no haya actuado con la inmediatez que requiere el caso y no profundice en las investigaciones donde podría haber un mayor número de implicados e, incluso, estar ligados a redes internacionales de tráfico de menores.

“No permitamos que ejemplos infaustos se conviertan en prácticas nocivas tan lamentables como esta. No hay lugar a la impunidad. Nada ni nadie por encima de la Ley. Sonora y México lo demandan”, concluyó.

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