07-04-2016.-Este jueves, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron nueve iniciativas sobre responsabilidades administrativas de diputados y senadores; Código de Ética; recomendaciones internacionales; protección a infantes migrantes; transparencia en el uso de recursos; licencia de maternidad y paternidad; apoyos a Mipymes; emisiones contaminantes, y agricultura campesina y familiar.

Responsabilidad administrativa de servidores del Legislativo

La diputada Carolina Monroy del Mazo (PRI) presentó iniciativa que reforma los artículos 109 y 116 de la Constitución Política, para subsanar las lagunas en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Poder Legislativo, incluidos los de elección popular, y sentar las bases constitucionales que den paso a una legislación secundaria que establezca con claridad las particularidades que deben observarse, tratándose de estos servidores.

Carolina Monroy dijo: “La sociedad mexicana está cansada de ver imágenes de sus representantes populares insultándose, ignorando la ponencia o mofándose de sus correligionarios o durmiendo en el Pleno cameral, o lo que es peor, en estado de ebriedad amedrentando en la calle a policías o haciendo ostentación del cargo o liados a golpes entre las curules”. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Expedir Código de Ética de la Cámara de Diputados

Jorge Triana Tena, legislador del PAN, planteó reformas al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y propuso expedir el Código de Ética de esta institución, para fijar las normas éticas que regirán la actuación de diputadas y diputados, así como los procedimientos para la imposición de sus sanciones.

La ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático. “Resulta trascendente que el Congreso cuente con un código de ética que oriente el desempeño de sus servidores públicos, que forman parte de él, para beneficio de la sociedad”. Fue canalizada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cumplir decisiones de la CIDH

Del PRD, el diputado Erik Juárez Blanquet propuso reformas a los artículos 1 y 21 de la Constitución Política, con el propósito de precisar que el Estado mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en que sea parte, y reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma.

Estos organismos han reconocido ciertos avances del país en materia de derechos humanos, de igual manera, han puesto especial relevancia en focos rojos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, situación de periodistas defensores y defensoras de los derechos humanos y otros grupos, especialmente afectados por el contexto de la violencia. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Protección a infantes migrantes en cruces fronterizos

La legisladora María Ávila Serna (PVEM) propuso modificaciones a los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para fortalecer los derechos y medidas de protección de los infantes; establecer que tendrán derecho a no ser expuestos a ningún tipo de riesgo, y precisar que el DIF deberá otorgar medidas especiales de protección a los infantes migrantes en los cruces fronterizos.

Precisó que las niñas y los niños que emprenden la travesía hacia el país vecino del norte, lo hacen porque creen que ahí podrán encontrar mejores condiciones de vida, y porque muchos de ellos tienen en ese territorio por lo menos a un familiar. “Para llegar viajan por semanas enteras e incluso meses, bajo peligros extremadamente graves, como: extorción, violaciones sexuales, violencia física, secuestros, mutilaciones, prostitución, obligación para transportar drogas para traficantes e incluso asesinatos”. Fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez.

Revisar recursos de cada grupo parlamentario

Blanca Margarita Cuata Domínguez, diputada de Morena, presentó iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de precisar que la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados revisará semestralmente la contabilidad de los recursos que reciben los grupos parlamentarios por concepto de subvenciones y gastos realizados.

Indicó que en los últimos años la Cámara de Diputados ha sido cuestionada severamente respecto de la opacidad en el manejo, uso y destino de los recursos públicos y en específico de las subvenciones. “Es necesario hacer un frente común en la lucha contra la impunidad y corrupción en el ejercicio y destino de los fondos de carácter público”. Fue enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Ampliar licencia de maternidad y paternidad

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, planteó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ampliar la duración de la licencia de maternidad y paternidad; señalar que el descanso obligatorio que se otorgará a las mujeres será de al menos 14 semanas, y en este caso se deberán tomar al menos cuatro semanas anteriores y seis posteriores del parto, y al término de éstas podrá optar por solicitar el goce de las semanas restantes hasta cuatro meses después del alumbramiento.

Si los hijos nacieron con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto. En el caso del fallecimiento del pequeño, la trabajadora podrá gozar de seis semanas de descanso y duelo. Según datos de la Conapred, colocan a la maternidad como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que Mipymes puedan competir en mercados internacionales

Por Nueva Alianza, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral presentó iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), con el fin de actualizar los instrumentos de apoyo a las Mipymes, de acuerdo con los acuerdos internacionales de los que México sea parte, para que esos negocios puedan tener conocimiento de los mercados donde pueden incursionar y competir satisfactoriamente.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen aproximadamente cinco millones de unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son Mipymes, que generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y un 72 por ciento del empleo en el país. La mayoría no participa activamente en el comercio internacional e inversiones, debido a que no pueden competir con las grandes empresas multinacionales. Se canalizó a la Comisión de Competitividad.

Responsabilidad de emisiones contaminantes

La diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) presentó iniciativa que modifica el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que cada estado, municipio y la Ciudad de México, puedan hacerse responsables de su política y control de emisiones contaminantes que abarquen su territorio.

El Valle de México, dijo, enfrenta una emergencia que pone en riesgo la salud de sus habitantes. Éste es un problema que sigue escalando, por el aumento en las concentraciones de ozono. “Los ciudadanos merecen medidas de fondo que garanticen su salud y demandan un transporte público eficaz, rápido, seguro y no contaminante. Es necesario hacer un llamado a cada estado y municipio para que cada uno asuma las políticas públicas que se requieren”. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Regular la agricultura campesina y familiar

A la Comisión de Desarrollo Rural se mandó una iniciativa del diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD) que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de regular la agricultura campesina y familiar, así como fortalecer la participación estatal y municipal en la materia.

Se busca establecer la definición de ambos tipos de agricultura; precisar que el Estado deberá otorgar atención preferencial a la agricultura campesina, indígena y familiar, así como indicar que para compensar las desigualdades y estimular el desarrollo de los sectores rezagados, se dará prioridad a los pequeños y medianos productores y a estas economías.

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