12-04-2016.- La Comisión de Defensa Nacional avaló el dictamen del proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, que moderniza los métodos de impartición de justicia de jueces y tribunales del fuero de guerra, y armoniza esta jurisdicción –bajo los principios de prontitud y expedito- con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En reunión extraordinaria del órgano colegiado, su presidente, Virgilio Daniel Méndez Bazán (PRI), destacó que la aprobación de este documento se apega al plazo de ochos años estipulado en el Segundo Transitorio de la Reforma Constitucional del 2008, para armonizar los órganos de impartición de justicia del fuero militar con los nuevos sistemas penal acusatorio y procesal. Tal plazo prescribe el próximo 18 de junio.

La reforma al Código de Justicia Militar ajusta la estructura orgánica de los operadores del Sistema de Justicia Penal Militar y deroga el método actual de procedimientos en esta materia, para impulsar uno nuevo.

Tales ajustes orgánicos implican, entre otras cosas, suprimir los Consejos de Guerra y crear Juzgados Militares de Control y de Juicio Oral. Transforma la Procuraduría General de Justicia Militar en Fiscalía; y el Cuerpo de Defensores de Oficio, en Defensoría de Oficio Militar, e instaura la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Con la emisión del Código Militar de Procedimientos Penales -por su parte-, se fijan las normas que han de observarse en la investigación; se especifican procedimientos para esclarecer delitos y sanciones de éstos; se protege al inocente; se procura que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y, mediante la ejemplaridad de la pena, se previene la comisión de otros delitos.

Asimismo, “se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y a resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos”, además de que la nueva norma se “incorpora al derecho positivo mexicano”, precisó el diputado.

En la discusión correspondiente, los diputados Cristina Gaytán Hernández (PRD) y Alfredo Basurto Román (Morena), alegaron una “violación al procedimiento” por no turnarse el dictamen a la Comisión de Marina para su análisis y opinión, la cual consideraron indispensable ya que los elementos de la Secretaría de Marina también deberán apegarse a lo estipulado en el Código Militar de Procedimientos Penales.

Solicitaron incluir la opinión de la sociedad civil para escuchar su opinión y evitar imprecisiones en el documento –como posibles contradicciones con los derechos humanos- para que ya avalado en el Pleno cameral, no sea devuelto con modificaciones por parte del Senado de la Republica. “No queremos que no se apruebe, sino que salga de la mejor manera”, aclaró Basurto Román.

El diputado Méndez Bazán argumentó que la opinión de la Comisión de Marina “no es vinculatoria”, además de que ésta puede entregar sus observaciones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Enrique Jackson Ramírez (PRI) aseguró que reiterar en el dictamen disposiciones que ya se estipulan en otros ordenamientos, como la Constitución Política, “es ocioso”, pues, por ejemplo, los derechos humanos están consagrados, son inalienables y, por lo tanto, no pueden evitarse.

Por Acción Nacional, el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez consideró que en la reforma no existe “ningún conflicto competencial”, sino que respeta las disposiciones legales en ámbitos en los que pudiera tener contradicciones.

El diputado Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) recordó que la justicia militar es un tema relevante en el que se debe “avanzar y transitar” para estar a la par con las nuevas disposiciones legales. Su compañero de bancada, Carlos Sarabia Camacho, subrayó que esta reforma “es lo más importante de todo el trabajo que la comisión hará en los tres años” que dure la LXIII Legislatura.

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