• Comisión del ramo también aprueba reforma para estipular que tales programas no pueden ser empleados con fines electorales

13-04-2016.- La Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Javier Guerrero García (PRI), avaló el dictamen de una propuesta para solicitar a la autoridad correspondiente que divulgue los mecanismos para proteger el recurso de los programas de ayuda del gobierno federal, en el marco de los comicios de junio de este año.

Mediante un punto de acuerdo, plantea instar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a que haga del conocimiento público las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso de tales recursos en las 13 entidades de la República que abrirán casillas al voto ciudadano, así como los métodos de blindaje electoral.

El proponente, Moisés Guerra Mota (MC), destaca en el documento que sustenta el llamado, que dicho proceso electoral será uno de los más complicados para la autoridad y la sociedad, pues más de una tercera parte de los estados renueva a sus funcionarios públicos, donde poco más de mil 350 puestos de elección popular estarán en contienda.

Advierte de que en esas 13 entidades federativas, la población pobre o con alguna carencia social es de alrededor de 31.6 millones de personas. Sectores vulnerables como éste “históricamente han sufrido algún tipo de presión de las autoridades para dirigir el sentido de sus votos en diferentes procesos electorales”.

Por otra parte, subraya que existen antecedentes -de conocimiento público- en los que gobernadores salientes junto con delegados, han pretendido incidir en el resultado electoral en sus estados, condicionando el voto de los beneficiarios de programas sociales al sufragio a favor de sus candidatos.

“Los legisladores debemos rechazar y censurar cada una de las maniobras tendentes a presionar a las familias pobres y marginadas de nuestro país para condicionar su voto a cambio de una despensa, de una inscripción en el programa Prospera, de techos de cartón, láminas de asbesto y otro tipo de materiales, pues pervierte tanto a la democracia como al efectivo combate a la pobreza”, agrega.

En este mismo tenor, la Comisión avaló el dictamen de reforma a la Ley General de Desarrollo Social para estipular que las reglas de operación de los programas de ayuda deberán establecer que dichos programas no pueden ser usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos.

Además, que la aplicación de los recursos públicos para tales programas se lleve con transparencia.

El documento que sustenta la enmienda –propuesta por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena)- considera necesario instrumentar medidas adicionales para la protección de los programas sociales, pues blindarlos “no es dejar de salir al aire (en TV o radio) dos semanas antes de una elección”.

Evitar que los programas de ayuda del gobierno no sean empleados con fines ajenos a los que fueron creados, es un ideal al que todavía no se accede en México. De ahí la propuesta para dotar de mecanismos útiles para vigilar que los recursos públicos se apliquen a su fin previsto.

Destaca que la instrumentación de una política permanente de protección de programas sociales debe, a la par, reducir las posibilidades de manipulación y generar ciudadanos libres y conscientes de sus derechos y responsabilidades frente al Estado.

“Blindar los programas sociales, no sólo es un deber impuesto por la Ley, es, en el fondo, un imperativo que deriva del deber moral de los gobiernos de igualar a los mexicanos en sus derechos y oportunidades”, concluye.

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