13-04-2016.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que la fiscalización de la obra pública reveló las principales debilidades que subsisten en la gestión estatal, producto de una inadecuada focalización de los recursos económicos otorgados, por lo que se realizaron 234 auditorías a 47 instituciones públicas.

Resaltó que los principales factores de riesgo, en el 91.11 por ciento de los casos, son: deficiencias de los sistemas de control interno y fallas en el diseño de la normatividad que regula las actividades del sujeto auditado en el 8.89 por ciento.

Durante la Reunión de Análisis de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en Funciones de Desarrollo Económico, con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), el auditor de la Federación informó que se formularon mil 286 observaciones, que generaron mil 935 acciones y 582 recomendaciones.

Portal Martínez refirió la realización de 507 recomendaciones al desempeño; 284 solicitudes de aclaración; 358 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 173 pliegos de observaciones, y 19 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y se impusieron 12 multas.

Dio a conocer a los diputados los resultados de la fiscalización aplicados a nueve sectores económicos: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Trabajo y Previsión Social; Medio ambiente y Recursos Naturales; Energía-Empresas productivas del Estado; Turismo, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (PRI) refirió que en 2014 el presupuesto que ejerció la Sagarpa fue superior en 10 por ciento al de 2013; sin embargo, no se ve reflejado en los indicadores de crecimiento económico, y cuestionó cómo deben ser los padrones para que puedan ser fiscalizables.

También preguntó qué coordinación existe entre la ASF y los órganos dedicados a la trasparencia y el combate a la corrupción y qué papel va a desempeñar la Auditoría en el Sistema Nacional de Anticorrupción.

Por su parte, la diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) comentó la relevancia del campo y el Programa Especial Concurrente; las irregularidades persisten y muchos recursos no son reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo que preguntó qué pasa con ese dinero y qué acciones de fiscalización y rendición de cuentas preventivas se tienen que aplicar para evitar esta recurrencia de irregularidades.

Respecto al tema de petróleo, dijo que Pemex Exploración y Producción estimó las reservas prospectivas del petróleo en 112 mil millones de barriles de petróleo crudo, y preguntó cómo impacta en la viabilidad económica de la extracción y producción de estos recursos la volatilidad de los precios y la perspectiva de una nivel reducido de los precios de la mezcla mexicana. Además, cuántos proyectos se detectaron como improductivos bajo el esquema de Pidiregas.

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) estimó que un ejercicio adecuado de los recursos debe reflejarse en resultados concretos y en la aplicación efectiva de una política que genere oportunidades de crecimiento económico y mayores empleos; sin embargo, el Informe de 2014 no refleja que esto se haya obtenido, por lo que cuestionó cuáles fueron los hallazgos.

Preguntó qué encontró en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) respecto al ejercicio de los recursos de manera inadecuada; cuál es el estado del Fondo para la Biodiversidad y del Fondo Nacional de Turismo; y el destino de los recursos de los padrones de beneficiarios en Sagarpa.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) destacó la labor de la ASF, pues su análisis es muy profesional y consideró que sus observaciones permiten conocer si el presupuesto asignado se ejecuta con apego a todas las normas.

En tanto, el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) planteó que durante la aprobación del paquete económico existía un rubro por 250 mil millones de pesos denominados como “aprovechamientos de otros”, no se encontraban adecuadamente transparentados, por lo que solicitó informes al respecto.

También sobre calidad de gasto público, resultados de las auditorias de desempeño en materia ambiental y, si es necesario, diseñar una ley general de infraestructura.

Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) solicitó a los funcionarios de la ASF saber qué observaciones encontraron en los programas integrales de desarrollo rural y fomento ganadero, pues se tienen informes de que se les da apoyo a personas fallecidas.

Cuestionó cuál fue el mecanismo en la entrega de televisores, criterios que tomaron para la población objetivo, y si se tienen indicios que se pudo utilizar este programa con tintes electorales.

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo mencionó que a pesar de que el gobierno gasta en los rubros de desarrollo económico no hay crecimiento en el sector, debido a que existe desorden en la administración de los recursos, por lo que consideró necesario recortar el gasto, poner orden y volver a canalizar el gasto.

Añadió que hay un grado de discrecionalidad en el manejo de los recursos; cuando viene el tema de presupuesto se pide más dinero para el campo, pero vemos que hay un desorden administrativo; por eso vemos que se gasta más, pero no necesariamente se genera un crecimiento en estos rubros.

En su intervención, el auditor Portal Martínez sostuvo que se identificaron deficiencias de control interno, operativas, de infraestructura, malas prácticas y falta de implementación de indicadores con metas adecuadas, para medir avances y corregir acciones, factores de riesgo para cumplir los objetivos de las metas planteadas en materia económica.

Afirmó que el área de mayor riesgo se vincula con la obra pública, por lo que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 se realizaron 133 auditorías, con enfoque de cumplimiento financiero, a dependencias y entidades federales, en las que se abordaron diversos proyectos de infraestructura para determinar si se habían cumplido las previsiones originales en su contratación, ejecución, pago y puesta en marcha en cuanto a tiempo, costo y calidad.

“Las ineficiencias que se presentan en el desarrollo de infraestructura se propician previamente a la definición de los proyectos específicos de obra pública, debido a la modificación en las carteras de proyectos autorizados, lo que implica el retraso en el inicio de la ejecución de los trabajos”, sostuvo.

En las etapas subsecuentes, como la planeación, se observó la existencia de proyectos ejecutivos con deficiencias en el alcance, las normas técnicas y de calidad, las especificaciones generales y particulares de construcción y los estudios previos (mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales, principalmente).

“Eso propició que las especificaciones técnicas de las bases de licitación fueran inadecuadas o incompletas, lo cual ocasiona una falla de origen que repercutirá en el desempeño de la obra. La carencia de estudios previos propicia la autorización y pago por conceptos adicionales, obra extraordinaria o cambios, tanto en los materiales como en los bancos de extracción y desperdicio”, explicó.

Portal Martínez subrayó que es recurrente la falta de cumplimiento en el trámite de los permisos y licencias requeridos ante las autoridades competentes para el desarrollo de los trabajos, que incide en ajustes durante la construcción e incrementan el tiempo en que las obras se efectúan.

Se encontró que una vez formalizado el contrato e iniciados los trabajos, por parte de las entidades públicas, se aceptan extemporáneamente las fianzas, y la entrega de anticipos se realiza fuera del plazo establecido; además, no se efectúa la reprogramación de los programas de ejecución para la correcta aplicación de penas convencionales.

Respecto a la supervisión, el titular de la ASF destacó que implica dos elementos: primero, el control de la ejecución de la obra por parte del ente público a cargo del proyecto; segundo, a la contratación de servicios de monitoreo y gerencia para el desarrollo de los trabajos.

Precisó que en la fiscalización al Desarrollo Económico de la Cuenta Pública 2014, se dio especial atención al proceso de adjudicación, ya que las empresas presentan personal con la experiencia técnica y el perfil académico requeridos para el proyecto, con el fin de obtener el contrato de servicios. Sin embargo, en ocasiones, una vez iniciados los trabajos el personal es sustituido por otro con menor perfil.

Por ello, continuó, se incurre en omisiones al cumplimiento del contrato respecto a los prestadores de dichos servicios, por la falta de experiencia técnica e inadecuado perfil académico de supervisores y/o gerentes, derivando en problemas por inconsistencias entre el número de las horas-hombre o los entregables pagados en relación con el avance de la obra, incumplimiento de las fechas críticas, incompetencia o bajo desempeño del personal responsable.

En otro tema, Portal Martínez señaló que existe un menor precio del petróleo, y en aquellos proyectos de aguas profundas y someras, obviamente que el impacto está en los costos que son incrementales por la cotización del dólar. Además, el precio del petróleo impacta a este tipo de perforación.

Refirió que hace cinco años ciertos programas de contratación de Pemex se manejaron como Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con. Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas) sin que se tuviera asegurado que se iba a recuperar su monto. En virtud de crecimiento y cierto abuso en Pemex, se impulsó y se logró convencer al gobierno que estos Pidiregas tenían que reconocerse como deuda real y pasivo total, y ese es uno de los efectos que se ha tenido dentro de la economía nacional.

Comentó que, en 2010, la ASF propuso la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual ya está reconocido en la Constitución y dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, como una columna importante.

El efecto que tendrá el Sistema Nacional Anticorrupción, añadió, es una modificación de fondo en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual se refiere principalmente a la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, lo que permitirá que la ASF pueda revisar bajo ciertas características recursos que se están aplicando durante el ejercicio.

Otros aspectos importantes, añadió, son el que se puedan iniciar revisiones de la rendición de la Cuenta Pública el primer día hábil del año siguiente al cierre; actualmente, la reciben en abril y en mayo se empiezan las auditorias. Hay otras nuevas funciones como una ampliación respecto a la investigación, agregó.

El auditor mencionó que se tiene que fortalecer el esquema de sanciones para reducir la impunidad en un grado adecuado y la forma de lograrlo es que existan menos situaciones irregulares, por lo que la parte preventiva permitirá que haya una mejor administración y una cultura de control de la legalidad.

Sagarpa y la SCT concentraron casi el 65 por ciento de las recuperaciones

Por su parte, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, explicó que de las 234 auditorías practicadas, se determinaron mil 286 observaciones por diversas irregularidades, promoviendo mil 935 acciones: mil 89 fueron preventivas y 846 correctivas.

En la fiscalización al Desarrollo Económico 2014, dijo que la ASF determinó recuperaciones por 6 mil 432.4 millones de pesos, el 32.7 por ciento se reporta como recuperaciones operadas (2 mil 105 millones de pesos), monto significativamente superior a lo obtenido en 2013.

Sagarpa y SCT concentraron casi el 65 por ciento de las recuperaciones: la primera con 2 mil 129.7 millones de pesos, equivalente a 33.1 por ciento del total; la segunda con 2 mil 044.6 millones de pesos, es decir, 31.8 por ciento.

Destacó la realización de 358 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 284 solicitudes de aclaración y 173 Pliegos de Observaciones (PO) por probables daños al patrimonio federal.

Los sectores con mayores observaciones y acciones fueron: Comunicaciones y Transportes con 465 y 611, respectivamente; Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación con 158 observaciones y 275 acciones, y Medio Ambiente y Recursos Naturales con 149 y 284. “El sector agropecuario concentró el 51.4 por ciento de los pliego de observaciones”, precisó.

Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño, comentó que no se tenía un país petrolizado, pero las finanzas públicas sí, pues se llegó a tener cerca de 40 por ciento de ingresos provenientes del petróleo. En 2014, la Ley de Ingresos preveía 4.2 billones de pesos y tan sólo de Pemex era un billón 200 mil, con lo cual ya se estaba al 26 por ciento, y para el 2016 se prevén 611 mil millones, es decir, el 11 por ciento de ingresos petroleros. “La caída es brutal en este sentido”.

Comentó que en la evaluación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) se observó que en la metodología para establecerlo, no habían los elementos para evaluar cuál era el valor adquisitivo que habían perdido las familias, con el propósito de que se reflejara en la metodología, por lo cual la fijación del salario mínimo estaba abajo del valor adquisitivo de un año a otro.

Asimismo, señaló que se tienen informes de que en el país existen 91 mil fuentes de contaminación y la dependencia encargada de supervisar esta área cuenta con 192 inspectores, por lo cual sólo pudo inspeccionar 4.5 por ciento de estas anomalías.

Por su parte, Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, consideró que la conformación de políticas debe estar dirigida a los pequeños dueños de extensiones de tierra, a fin de se pueda llegar a los objetivos deseados y se tenga mejor distribución en el gasto público.

Expuso que los aprovechamientos han sido poco transparentes. En los últimos 10 años tuvieron cantidades crecientes pero son difíciles de presupuestar; por lo general, provienen de los precios excedentes de petróleo y fueron destinados para la construcción de carreteras.

Explicó que el programa de transición digital, al manejarse con celeridad, cayó en una serie de vicios como el no realizar una investigación de mercado en la compra de televisores; además, existió una falta de controles, pues al cierre del 2014, no se sabía a donde habían sido repartidos casi 400 mil aparatos.

Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis e Investigación Económica, refirió que los ingresos petroleros en 2011 y 2012 representaron el 33.7 por ciento del total; disminuyeron a 30.5 por ciento en 2014 y a 19.7 por ciento en 2015. Esto nos permite ilustrar el tamaño del reto que tienen las finanzas públicas, sostuvo.

Cruz Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones, explicó que el proyecto integral de Fonatur es una urbanización que se realiza dentro de un perímetro planeado y hay contratos de terracería, agua potable y energía eléctrica.

Se han revisado en diversos lugares y en todos ha habido observaciones por la diversidad de los contratos y el no cumplimiento de las obras, por lo que se hacen observaciones por mala calidad de la obra y que el programa no se cumple, subrayó.

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