21-04-2016.- Durante la sesión de hoy, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social presentaron 26 iniciativas sobre diversos temas y diferentes normas, las cuales fueron remitidas a las comisiones correspondientes para su dictaminación.

Reconocimiento en el servicio profesional

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 3o. de la Constitución Política, con el objetivo de que el reconocimiento en el servicio profesional sea con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el rescate del sector educativo requiere entrar al fondo de los temas académicos, de contenidos y formas de enseñanza, de formación y actualización docente.

Aumentar prórroga de permisos para uso del agua

Por su parte, el diputado Alex Le Baron González (PRI) planteó cambios a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, que aumenta el periodo para tramitar la prórroga de los permisos para uso del agua.

De esta manera, indica, se evitará generar suspensiones, trámites largos e incertidumbre innecesarios, abonar a un sistema más ágil y comprensible de las necesidades de la población. Se mandó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Cláusula general antielusión

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) propuso modificar el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación para establecer una cláusula general antielusión que señale que se comete fraude a la ley, cuando se realicen situaciones jurídicas o de hecho con el objetivo de eludir obligaciones o prohibiciones, señaladas en las normas fiscales vigentes.

Lo anterior, al amparo o cobertura de leyes emitidas con una finalidad distinta, por lo que serán aplicables las consecuencias previstas en las disposiciones que se pretendieron eludir. Se envió a la Comisión de Hacienda Crédito Público.

Promover y fomentar la Oratoria

Evelyn Parra Álvarez, diputada del PRD, presentó iniciativa para modificar el artículo 7o. de la Ley General de Educación para que la educación que imparta el Estado tenga el fin de promueva y fomente la Oratoria como materia optativa y pueda ser herramienta para el desarrollo de las personas.

El documento, enviado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, refiere que esta actividad está muy poco difundida en nuestro país, generando que los estudiantes dejen de aprovechar una poderosa herramienta que pudiera serles de gran valor en los negocios y en la vida.

Sanciones a servidores públicos que utilicen indebidamente programas sociales

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas e integrantes del PVEM, plantearon cambios a diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer sanciones en materia penal a servidores públicos que indebidamente utilicen, modifiquen o ingresen datos o los falsifiquen en los padrones de beneficiados de los diversos programas sociales a nivel federal, estatal o municipal, con la finalidad de obtener para sí un lucro.

El legislador consideró que se deben poner castigos ejemplares para que cada día menos servidores públicos tengan la tentación y la facilidad de poder manipular datos de los padrones con la finalidad de quedarse con un beneficio que no está destinado a ello, sino a los ciudadanos que más lo necesitan. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Prestaciones de seguridad social

Norma Xochitl Hernández Colín, legisladora de Morena, planteó derogar diversas disposiciones de los artículos 60, 136 y 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas al otorgamiento de las prestaciones de seguridad social y para anular el supuesto que establece que no procederá la solicitud de accidente por riesgo de trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en el plazo correspondiente.

También, suprimir los casos en los que se estipula que no tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite y, eliminar el lineamiento que señala que el derecho del trabajador y de los beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prescribe en favor del Instituto a los 10 años de que sean exigibles. Fue enviada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Personas no humanas, todos los animales silvestres o domésticos

La Comisión de Justicia analizará iniciativa del diputado Rene Cervera García (Movimiento Ciudadano), que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a fin de considerar como personas no humanas a todos los animales silvestres o domésticos, los cuales serán sujetos de derechos, más no de obligaciones.

Países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Francia, ya han considerado dicha legislación, por lo que las experiencias van desde asegurar el derecho de la naturaleza, limitar el abuso contra los animales, hasta su protección sectorial o en situaciones de desastre. “Hoy se establece el derecho de los animales no humanos y se les separa de la categoría de bienes materiales que tienen en el Código Civil por tratarse de seres vivos”.

Derecho de menores a tecnologías de la información

De Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila, propuso diversas reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer que este sector de la población tendrán derecho al acceso universal a tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

El UNICEF ha señalado que la brecha digital exacerba desigualdades en el acceso a información y conocimiento, socialización con pares, visibilidad y manejo de herramientas básicas para desempeñarse en la sociedad. “El acceso a las tecnologías de la información con seguridad es un derecho que debe estar desarrollado en la ley”. Se canalizó a la Comisión de Derechos de la Niñez.

Formación empresarial para jóvenes

La diputada de Encuentro Social, Ana Guadalupe Perea Santos, presentó iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para considerar como actividad de fomento las capacitaciones para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales que realicen las organizaciones de la sociedad civil, principalmente de jóvenes emprendedores, de estrato socioeconómico, bajo y medio bajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, en México hay más de un millón y medio de jóvenes de 15 a 29 años que tienen su propia empresa o negocio. Sus niveles de ingreso son bajos. Esta situación incide en que el 78 por ciento de los jóvenes emprendedores pertenezcan a un nivel socioeconómico. Fue turnada a la Comisión de Gobernación.

Ampliar plazos de licencias de maternidad y paternidad

María Hadad Castillo, legisladora del PRI, planteó reformas a la Constitución Política, así como a las leyes Federal del Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Seguro Social, General de Salud, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para ampliar los plazos de licencias de maternidad y paternidad.

Se busca que las madres cuenten con 24 semanas de licencia con goce de sueldo, para disfrutar de su hijo o hija recién nacido o adoptado; pero fundamentalmente para que puedan cumplir, si así lo desean, sin obstáculos, y en la comodidad de sus hogares o donde ellas decidan, de seis meses de lactancia materna, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el caso de licencia de paternidad, se propone que el período sea de seis semanas obligatorias a partir del nacimiento del niño o la niña o de su adopción. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las de Marina y de Defensa Nacional.

Vigilar que empleadores no incurran en discriminación

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN) propuso reformar el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de facultar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social verifique y regule que empleadores no incurran en actos de discriminación al momento de realizar publicaciones en búsqueda de postulantes para las actividades de empleo que ofertan al público en medios impresos, electrónicos y gacetas oficiales.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, el embarazo, la discapacidad, la preferencia u orientación sexual y la edad son factores determinantes para poder acceder a un empleo. Esto significa que las empresas incurren de forma habitual en prácticas discriminatorias. “Debemos procurar más oportunidades y un trato no discriminatorio”. Fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Evitar causar daño a mujeres embarazadas

Por el PRD, la diputada Maricela Contreras Julián, presentó dos iniciativas. Una reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a fin de precisar la obligación de las autoridades sanitarias a disponer medidas para que el personal de salud, mediante acciones u omisiones no cause daños físicos o psicológicos a la mujer durante la atención de su embarazo, durante el parto y en el puerperio. Se envió a la Comisión de Salud.

La segunda adiciona un artículo 20 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer el concepto de violencia institucional, y definirlo como aquella que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados. Será analizada por la Comisión de Igualdad de Género.

Crear derecho especial sobre puertos

Virgilio Mendoza Amezcua, legislador del PVEM, propuso cambios a la Ley Federal de Derechos, con el propósito de crear el derecho especial sobre puertos e indicar que lo pagarán personas físicas o morales propietarias, remitentes o destinatarias de bienes que para su importación o exportación utilizan puertos marítimos federales, estatales o privados.

El objetivo es apoyar a municipios y entidades en donde se desarrolla actividad comercial portuaria para que a través del cobro de un derecho especial, se constituya un fondo capaz de incrementar las posibilidades financieras y mejorar la infraestructura urbana de las ciudades, así como incrementar acciones de conservación y rehabilitación del medio ambiente. Fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Planes de enseñanza media superior y superior

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se mandó una iniciativa del legislador Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena), que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, para que en la formulación, diseño e implementación de programas y planes de estudio estén caracterizados por la participación activa del estudiante.

En la actualidad, el grueso de las instituciones de educación media superior y superior en México siguen estando inmersas en un modelo pedagógico tradicional cuyo paradigma es de corte técnico y bancario. Se trata de un modelo donde las decisiones obedecen a un sistema burocrático y gerencial, y en donde el maestro es visto apenas como un transmisor de conocimientos, dictador de clases y reproductor de saberes.

Plantea que Imjuve promueva programas de capacitación

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano) planteó reformar los artículos 3o. y 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que uno de los principales objetos de dicho organismo, sea proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de capacitación, inclusión y desarrollo laboral.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Juventud, refiere que la inclusión y capacitación de los jóvenes en el mercado laboral a nivel nacional, les permitirá alcanzar un desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo se fomentarán mayores impulsos para el desarrollo económico de nuestro país.

El legislador también propuso modificar el artículo 4o. de la Ley General de Educación, para establecer que todos los habitantes del país deben cursar la educación media superior. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Cultura de trabajo digno en favor de la juventud

En su turno, el diputado Mariano Lara Salazar (Nueva Alianza) presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con la cual pretende impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno en favor de la juventud, promoviendo mejorar las condiciones de calidad en el trabajo respecto al primer empleo.

Estimó que México requiere promover un enfoque político desde la perspectiva de la juventud, la cual debe reflejarse en políticas públicas sobre empleo, emprendimiento y reactivación del mercado laboral, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y reducir la tasa de desempleo de ese sector. Se canalizó a la Comisión de Juventud.

Protección de menores ante contenidos audiovisuales violentos

La diputada Ana María Boone Godoy (PRI) propuso cambios al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de protegerlos de contenidos audiovisuales violentos o explícitos que afecten su desarrollo emocional.

Con esta iniciativa, dijo, se busca involucrar a los tres órdenes de gobierno en esta tarea e impedir que sean expuestos a contenidos impropios para su edad y desarrollo cognitivo, atendiendo a los distintos sistemas de clasificación tales como los establecidos por la Secretaría de Gobernación para las películas. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez.

Proteger a menores víctimas

Por el PAN, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez planteó cambios a diversas disposiciones del Código Penal Federal, para prohibir que menores víctimas asistan a lugares determinados cuando sus agresores sexuales ya han sido identificados y condenados.

Explicó que el propósito es reforzar el catálogo de penas aplicables para que se imponga la prohibición de ir a lugar determinado, y la publicación especial de sentencia, ya que en la actualidad, aunque están previstas ambas sanciones, es necesario especificar su aplicabilidad. Se mandó a la Comisión de Justicia.

Definir la figura de voto en blanco

El diputado Daniel Ordóñez Hernández e integrantes del PRD impulsan una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para definir la figura de voto en blanco, diferenciándola de la de voto nulo y otorgándole un peso específico.

La iniciativa, enviada a las comisiones de Justicia y de Gobernación, refiere que el voto blanco sería aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente, y cuando el elector marca el recuadro de la boleta, designado como voto en blanco.

El mismo legislador también propuso modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidaturas independientes y garantizar el ejercicio del derecho humano a ser votado. Se canalizó a la Comisión de Gobernación.

Sistema Nacional de Defensoría Pública

En tanto, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) planteó cambios a los artículos 17 y 116 de la Constitución Política, para establecer el Sistema Nacional de Defensoría Pública, el cual deberá garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y las garantías individuales en materia de acceso a la justicia, previstas en la Carta Magna y en los tratados internacionales, a través de la asistencia necesaria y representación de las personas, con la debida calidad y excelencia, cuando ésta sea requerida.

También se señala que dicho sistema deberá garantizar la asesoría y representación en las materias penal, civil, familiar, laboral, administrativa y político-electoral de todas las personas carentes de los recursos suficientes para poder contratar a un abogado. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Modelo educativo para alumnos con aptitudes sobresalientes

Por Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Ley General de Educación, con el propósito de que para la atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, se establezca un modelo educativo, curricular y pedagógico, flexible, no limitante y acorde a sus necesidades y capacidades cognitivas individualizadas.

Se precisa que la autoridad educativa federal deberá revisar y actualizar, por lo menos cada dos años, los lineamientos referidos, debiendo involucrar y favorecer obligatoriamente la participación colegiada de asociaciones, agrupaciones, federaciones u otros organismos legalmente constituidos de la sociedad civil involucrados en la identificación y atención de este tipo de alumnos. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Ingreso ciudadano universal

La diputada Araceli Damián González (Morena) propuso cambios a los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política para que toda persona, desde su nacimiento, tenga derecho a un ingreso ciudadano universal. El Estado garantizaría su cumplimiento a través de transferencias monetarias, cuyo valor será suficiente para cubrir, como mínimo, el costo de una alimentación balanceada y digna. La Ley establecerá los montos, periodicidad y mecanismos de entrega.

Estimó que con el ingreso ciudadano universal se reduciría sustancialmente la pobreza; se avanzaría en el desarrollo social y se alcanzarían las metas del milenio de manera efectiva. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Indemnización por error judicial

Por el PRD, la diputada Cecilia Soto González presentó reformas al artículo 18 de la Constitución Política, con el objetivo de instituir la indemnización a quien sea privado de su libertad sin causa justificada o si se exceden los límites fijados por la ley para la prisión preventiva.

Consideró que actualmente existe una laguna en el sistema jurídico nacional, sobre las consecuencias derivadas del error cometido por la autoridad judicial en el caso de la prisión preventiva, ya que no existe la norma constitucional y legal que reconozca y determine la indemnización correspondiente cuando esto ocurra. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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