21-04-2016.- La Comisión de Derechos de la Niñez aprobó reformas para que los menores susceptibles de ser adoptados puedan acceder a un proceso expedito, ágil, simple y guiado por el interés superior de los infantes y se prioricen opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo.

Con las reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier estado de la República, con independencia de la ubicación física del menor susceptible de ser adoptado.

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección mantendrán comunicación, intercambiando información para garantizar el desarrollo de la personalidad y materializar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

Asimismo, las autoridades administrativas a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo conducente para restituir el derecho de los menores a vivir en familia y recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, tutela, guardia o custodia.

Las autoridades garantizarán una adopción con pleno respeto a los derechos de los menores, sin que medien intereses particulares o colectivos que se contrapongan, y establecerán medidas de protección para evitar presiones indebidas y de coacción a las familias de origen, para renunciar a la niña, el niño o el adolescente.

Además, cada entidad federativa, a través de su respectivo Poder Judicial, tendrá que contar, al menos, con un juzgado especializado en adopción.

Se prohíbe la adopción del menor no nacido y la promesa de adopción; la adopción privada, sin intervención de las autoridades competentes y la que tenga fines de venta, sustracción, retención, ocultación lícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. También, impide el contacto entre el adoptado y sus padres biológicos, y el matrimonio entre el adoptado y el adoptante y sus descendientes

Se incluyen medidas de seguimiento como los reportes de Trabajo Social, constancias fotográficas, testimoniales, de video o cualquier medio donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, cada seis meses por tres años.

Se establece que, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberá contarse con un registro que incluya, además, a quienes cuenten con un certificado de idoneidad; información desagregada de adopciones nacionales e internacionales y de las niñas, niños y adolescentes adoptados, así como de las familias de acogida y de los menores recibidos por ellas.

Asimismo, la Comisión aprobó otro dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de incluir en su artículo 4 el Sistema Municipal de Protección, que constituye un paso trascendental en la vida legislativa del Estado mexicano y lo coloca a la vanguardia en la salvaguardia y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Plantea, en el artículo 98, que si los Sistemas DIF identifican a menores extranjeros susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, que, en colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, adoptará medidas de protección especial. Con ello se garantizan los derechos de los menores migrantes.

Asimismo, se propone que el Instituto Nacional de Migración proporcionará información y, en su caso, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberán colaborar con el Sistema Nacional DIF.

En esta reunión, los legisladores aprobaron también exhortar a los Congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación con la reforma constitucional que reconoció el derecho a la identidad de las personas, a ser registradas inmediatamente a su nacimiento y a la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Aceptaron un dictamen más, para exhortar al Congreso del Estado de Guerrero a armonizar su legislación local con la federal, en materia de violencia, abuso y corrupción contra niñas, niños y adolescentes.

Además, se demanda a los servidores públicos y administradores de justicia de la Fiscalía General y del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a observar la aplicación de jurisprudencia y tratados internacionales firmados y ratificados por México en los resultados de su investigación, con el fin de que no existan dudas en el caso del imputado canadiense Walter Suk.

De igual forma, se aprobó el dictamen con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y municipales a que en el marco de la normatividad aplicable y en el ámbito de sus atribuciones legales, refuercen las medidas tendentes a procurar que las niñas, niños y adolescentes no sean expuestos a ambientes con humo de tabaco.

Otro, para solicitar a los Congresos locales que no cuenten con la ley estatal correspondiente a la ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a que las armonicen, y a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados que cuenten con la ley en la materia, para que expidan los reglamentos que garanticen su operación adecuada.

Se admitió la proposición con punto de acuerdo relativo al Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, para que se establezcan jornadas de información de las acciones en materia de protección civil.

Durante esta reunión, se acordó también conformar cuatro subcomisiones: Explotación laboral y sexual infantil; Niñas y niños migrantes y vulnerables; Salud, y Educación.

Asimismo, votó la opinión de esta comisión respecto al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, en la que se cuestiona si se cuenta con indicadores para evaluar el desempeño del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), y contar con información que permita realizar una política educativa o modificar la normatividad, a fin de lograr la meta de 40 mil planteles con jornada ampliada.

Se dijo que 47.1 por ciento de las escuelas no tenía almacén de alimentos; 20.3 por ciento carecía de cocina y en el 29.4 por ciento no había comedor; además, 54 por ciento, no contó con un Comité de Establecimiento de Consumo Escolar.

Por ello, se cuestiona en qué consistieron las recomendaciones para subsanar estas cifras, que reflejan la falta de infraestructura suficiente para cumplir con la alimentación de los alumnos.

“Las respuestas a estos cuestionamientos serán de vital importancia para conocer detalladamente el estado que guarda la aplicación de este programa, a efecto de tener claridad y transparencia en cuanto a su efectividad”, expresa laopinión.

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