28-04-2016.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen que establece que toda vivienda debe ser accesible para sus habitantes; incluye los principios de innovación arquitectónica y tecnológica y propone garantizar a los adultos mayores y personas con discapacidad acceso a créditos para mejorar sus hogares.

El documento avalado por la instancia que preside el diputado Gustavo Madero Muñoz, modifica las leyes de Vivienda, de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con las reformas a la primera ley, se establece que la Comisión Nacional de Vivienda será la instancia encargada de promover el uso de la tecnología y fomentar la innovación arquitectónica, a través de convenios con personas u organizaciones especializadas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, con especial énfasis en las casas destinadas a la población adulta mayor y con discapacidad.

Agrega que la innovación arquitectónica y la tecnológica desempeñan una función relevante para mejorar la calidad de vida de los ocupantes de una vivienda. Para ello, la Comisión Nacional podrá procurar acuerdos y convenios que tengan este propósito.

Respecto a la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores se precisa en el artículo 21, señala la obligación de las instituciones de vivienda de garantizar el acceso a crédito para la adaptación de este grupo poblacional.

En el artículo 30, se incluyó a la Comisión Nacional de Vivienda, dentro del Comité Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que participe en la planeación de la política de viviendas para esta población.

La reforma al artículo 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene la finalidad de precisar la obligación de las instituciones de vivienda de garantizar el acceso a créditos para la adaptación de casas de este grupo de personas.

En tanto, en el artículo 44 se busca que la Comisión Nacional de Vivienda se integre a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas Discapacidad, a fin de que participe en la planeación de la política de viviendas para este sector de la población.

De igual modo, la comisión avaló cuatro dictámenes con punto de acuerdo. Uno exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, y a los municipales, a que en el ámbito de sus atribuciones legales diseñen y pongan en marcha más políticas y programas sociales encaminados a elevar la calidad de vida y hacer autosuficiente a la población de 60 años y más.

También se les pide ampliar el catálogo de beneficiarios de los programas y políticas existentes dirigidos a este sector poblacional. El manejo de los recursos destinados a estos fines, se deberá hacer de manera imparcial y transparente, puntualiza.

En otro dictamen, solicita a la Secretaría de Desarrollo Social a que en la medida de sus facultades realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el país, a fin de asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación, con el objetivo de garantizar a esta población el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios.

El tercer dictamen, con punto de acuerdo, pide a las dependencias de la Administración Pública Federal a que destinen y ejerzan de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Además, plantea a las dependencias y entidades coordinar, con la Secretaría de Desarrollo Social, los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Un cuarto dictamen, exhorta a los Poderes Judiciales de los estados y de la Ciudad de México, a que se adhieran al “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual fue presentado el 31 de marzo de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de un documento que sirve de guía para las y los jueces del Poder Judicial de la Federación, en su tarea de impartición de justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

También constituye una oportunidad para reconocer que “todos los seres humanos podemos estar en una situación de discapacidad”, eliminando con ello las barreras a las que se enfrentan estas personas en el ejercicio de sus derechos, independientemente del contexto social, cultural, político y económico en el que se encuentren.

Asimismo, la Comisión aprobó dos opiniones a las iniciativas impulsadas por los legisladores Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) y Gustavo Madero Muñoz (PAN), relativas a modificar distintas leyes con el objeto de homologarlas con el de personas con discapacidad en diversas disposiciones, y para suprimir la prohibición de permitir el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, en el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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