08-12-2016.- El Pleno aprobó el dictamen que faculta a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Estos organismos son el Banco de México, las comisiones Federal de Competencia Económica y Nacional de los Derechos Humanos, así como los institutos Federal de Telecomunicaciones, y nacionales de Estadística y Geografía, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Electoral y para la Evaluación de Educación.

El dictamen, avalado en lo general con 316 votos a favor, 35 abstenciones y tres en contra, excluye al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que no se han emitido, expedido o publicado las leyes que los regulan.

También considera que la Cámara de Diputados inicie el proceso de renovación de la designación de los titulares de los órganos constitucionales autónomos, excepto el del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ya que por mandato constitucional su encargo dura seis años.

De igual modo, reglamenta y regula en leyes primarias y disposiciones en relación con la fiscalización superior que contiene la reforma constitucional en materia de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los entes constitucionales autónomos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015.

Unifica la denominación de la contralor o contralor general por la de titulares de los Órganos Internos de Control; adecua las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir los titulares de los Órganos Internos de Control, a las disposiciones de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, diferenciando las responsabilidades graves de las no graves.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Orgánica del Congreso General.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Triana Tena (PAN), expresó que estas reformas son relevantes para la sociedad que demanda transparencia y probidad en el ejercicio de los recursos.

Hoy, dijo, se armoniza la legalización específica, a fin de dar cumplimiento puntual a sus contenidos, para así colmar con una alta expectativa social y que al marco legal se adapte a los nuevos tiempos y exigencias en el combate a la corrupción y el escrutinio público.

Aclaró que el dictamen no se ciñe a regular la facultad de designar, conferida a la Cámara de Diputados por el Constituyente Permanente, sino que también a la de decidir la remoción de los titulares de órganos internos de control, protestad que no le está concedida.

Triana Tena relató que, con este dictamen, “damos un importante paso en esta permanente labor de perfeccionamiento normativo, al tiempo que consolidamos los mecanismos de vigilancia del servicio público en los órganos internos de control, con la posibilidad de contar con los perfiles idóneos, conocedores del marco normativo aplicable y cuya labor de vigilancia será determinante en la construcción de credibilidad, de cumplimiento a la ley y de castigo a funcionarios corruptos, atendiendo una enorme exigencia social, que es una deuda pendiente, combatir a toda costa la impunidad”.

En los posicionamientos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) mencionó que el dictamen establece el procedimiento de asignación, ratificación y remoción de los contralores generales de diversos órganos autónomos; para el nombramiento, continuó, se requerirá del consenso equivalente a las dos terceras partes de los diputados presentes, lo cual garantiza que las designaciones cumplan con los requisitos de cabalidad, rectitud y competitividad que tan grave misión requiere.

Se formaliza la denominación de los titulares, dejando atrás la multiplicidad de términos, optando por el concepto único de contralor general, lo cual, en última instancia, fortalece el sistema legal y brinda certeza jurídica a los usuarios legales. “Encuentro Social, es congruente con el respeto irrestricto al Estado de derecho, el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia”.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas (Nueva Alianza) argumentó que la finalidad del dictamen es regular de manera precisa el nombramiento, ratificación y remoción de los titulares de los órganos internos de control. Por ello, enfatizó, se hace necesario adecuar el marco jurídico, ya que en el decreto publicado en mayo de 2015, no se incluyó en los transitorios un plazo para las leyes secundarias en esta materia.

Se manifestó a favor de contar con un marco normativo preciso y adecuado a las circunstancias que imponen los nuevos tiempos, “más cuando se refiere a la designación de quienes tendrán la responsabilidad del control interno de los órganos constitucionales autónomos”.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado de Movimiento Ciudadano, precisó que la vida pública mexicana es cada vez más compleja. “Somos muchos y muy complicados y por eso había la necesidad de dar origen y crear organismos constitucionales autónomos y, para que estos funcionen bien, tenemos que regularlos adecuadamente y darles un marco jurídico completo”.

Relató que estos organismos tienen facultades, atribuciones, personal y no nombramientos y un gran presupuesto que es preciso manejar con pulcritud y con aseo.

Por Morena, el diputado Rogerio Castro Vázquez destacó que el dictamen, es producto de reformas constitucionales en materia de anticorrupción. No obstante, se manifestó por establecer un método democrático para la designación de los contralores.

“Nuestra abstención es porque no queremos más simulación en el tema del combate a la corrupción. No queremos más designaciones partidistas, queremos una política responsable porque estamos hablando de lo más importante, que son los ciudadanos y el presupuesto de este país, que tenemos que conservar para que exista justicia y bienestar”, aclaró.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) subrayó que el dictamen es de gran importancia por todo lo que representa la función de los titulares de los órganos internos de control, de manera específica de los organismos constitucionalmente autónomos.

Recordó que estos órganos internos de control vigilan y evalúan que los procesos de procedimientos gubernamentales, realizados por los servidores públicos; estén apegados a la ética y legalidad, que promuevan la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, mediante la realización de auditorías y revisiones.

Francisco Martínez Neri, diputado del PRD, destacó que se logró que los contralores reciban quejas y denuncias de cualquier persona que conozca de una falta del servidor público de organismos autónomos. “Se recuperó el espíritu de la reforma de la Ley de Fiscalización y facilitamos la presentación de las denuncias”.

Añadió que se impulsaron los requisitos para ser titular de los órganos internos de control. Queda establecido que ningún candidato que haya tenido cargo de dirección, responsable de manejar recursos económicos de un partido político o sido oficial mayor, pueda participar en el proceso de designación. “Con ese cambio se logró que las designaciones tuvieran mayor distancia del ámbito partidario y gubernamental”.

El diputado panista, Luis Gilberto Marrón Agustín, expresó que esta es la oportunidad para coadyuvar a la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Al modificarse cada una de las leyes que establecen el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos, fijando las bases para el nombramiento de los vigentes entes internos de control.

“Desde esta Cámara mantengámonos atentos para generar las mejores condiciones, a fin de que los órganos constitucionales autónomos desarrollen las funciones que la norma fundamental les otorga, pero además, a permanecer vigilantes de que se realicen con estricto apego a las disposiciones referentes al combate a la corrupción, y para lo cual los órganos internos de control representan un papel fundamental”, añadió.

Del PRI, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que hoy se reforman diversos ordenamientos legales relacionados con el nombramiento y atribuciones de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos, así como homologar la forma para sustanciar, investigar y resolver las faltas administrativas en concordancia con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen dos importantes herramientas para el combate a la corrupción, pero sobre todo, son elementos significativos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos respecto a las instituciones.

Al hablar en contra, la diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) expuso que los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción son la antítesis del objetivo de un sistema de este tipo, “demostrando la necesidad que tienen de cubrirle las espaldas a todos los funcionarios y gobernadores corruptos que hay todavía algunos por ahí que están prófugos. Lo que no queremos es que se sigan con estas prácticas oscuras”.

Su compañera de bancada, diputada Guadalupe Hernández Correa argumentó que la aprobación de este paquete de reformas se integra al conjunto de cambios legales exigidos por la Constitución para prevenir, combatir y erradicar los actos de corrupción que han caracterizado al régimen político.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) indicó que el dictamen intenta establecer un procedimiento para la selección de los titulares de los órganos internos de control, mismI que se vuelve una decisión política, mezquina Y tendenciosa, en contra de los intereses de los mexicanos y favoreciendo a los firmantes del Pacto Contra México, a través de la Junta de Coordinación Política, de esta Cámara.

Con 264 votos a favor, 0 abstenciones y 74 en contra, se aprobaron en lo particular y en términos del dictamen, los artículos 42 de la Ley Federal de Competencia Económica; 72 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 30, 32, 35 y 37 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 91 y 91 Ter de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía; el 62 Ter de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el 52 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General.

Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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