08-12-2016.- La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD) dijo que ante “las amenazas de un presidente de un país vecino, insistiendo en tratar de romper el Tratado de Libre Comercio”, el gobierno federal tiene la oportunidad de impulsar, de forma contundente, una política pública para incentivar la soberanía alimentaria y dejar de importar, cada vez más, y de depender de otros países.

La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al programa especial concurrente anexo 11.1, agregó que el crecimiento irracional e ilimitado obliga a voltear a las comunidades rurales que han reconfigurado sus estrategias económicas, aprovechando sus herencias milenarias, implementando propuestas conducentes al mejor manejo sustentable de recursos naturales.

Durante la presentación del libro “El desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria en el México contemporáneo”, la legisladora precisó que el autor de la obra pone en la mesa de discusión el acelerado proceso de globalización y el castigado desarrollo del campo, no sólo por las limitaciones presupuestales, sino por la carencia en la visión de futuro sin la consolidación de estrategias en la búsqueda de alternativas para un dinamismo diferente y que el campo sea autosuficiente.

La obra, dijo, mueve del pasado al futuro por la búsqueda de alternativas viables donde el desarrollo rural tenga el carácter de sustentable y con un marco jurídico robusto y efectivo, lejano del burocratismo y acorde con los ideales constitucionales de justicia social y reparto justo de la riqueza.

En el evento, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), la diputada Iveth Bernal Casique (PRI) estimó que una tarea pendiente es profundizar en la revisión de políticas e iniciativas de desarrollo en el ámbito rural y darle un marco jurídico al campo, a la ganadería y minería; el libro contiene todo lo que debe modificarse en la ley para generar un desarrollo rural sustentable.

Consideró que se deben reducir los niveles de pobreza y los legisladores tenemos que realizar un trabajo conjunto en el combate contra la pobreza, y el campo es un sector estratégico para ello.

El director del CEDRSSA, Héctor Hugo Olivares Ventura, afirmó que el diálogo con investigadores, académicos, representantes de organizaciones sociales, organismos internacionales y servidores públicos vinculados con el ámbito rural, es un medio privilegiado por este centro como método de análisis, conocimiento y revisión conjunta con los diputados, cuyas tareas legislativas lo relacionan con la basta temática del campo mexicano.

La publicación, del autor Cornelio Rojas Orozco, dijo, responde a esa exigencia de brindar atención prioritaria a los retos para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural e indígena y aportar elementos de análisis a la actual legislatura hacia el logro de un desarrollo integral y sustentable.

Pablo Andrés Ramírez Sepúlveda, consultor internacional para el Derecho a la Alimentación de la FAO en México, sostuvo que uno de los grandes desafíos que plantea el libro es cómo reconocer que es fundamental para el desarrollo rural sustentable, lograr producción y desarrollo económico, pero sin llevar al límite al medio ambiental y poner en riesgo que las futuras generaciones disfruten de los recursos naturales para producir alimentos.

Subrayó que es necesario reconocer que se debe transformar el desarrollo rural porque, como se ha dado en las últimas décadas, ya no es sustentable, y “esa es una de las grandes conclusiones del libro”.

En su turno, el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Roberto Martínez Yllescas, estimó importante darle un giro al enfoque estratégico que se ha concedido al desarrollo agrícola y local, lo que obliga a poner una mirada crítica sobre las políticas que directamente inciden en la vida comunitaria local de la agricultura.

El horizonte de desafíos y asignaturas por atender sugeridas en esta obra, “es mucho más amplio de lo que normalmente se consideraba como el espacio propio de política pública para el sector agroalimentario a nivel local o comunitario; se requiere un cambio de paradigma que tenga como eje y columna vertebral la coherencia de políticas con un sentido sustentable y de inclusión.

Luis Meneses Murillo, dirigente campesino integrante de la Comisión Técnica de Movimiento Social “El campo somos todos”, refirió que el autor define que el movimiento campesino indígena ha luchado por la tierra, el control del proceso productivo y la defensa del medio ambiente

Sin embargo, dijo, en lo que va del presente milenio, “luchamos también por la defensa del territorio, por la soberanía alimentaria, ya que en los últimos 20 años los distintos gobiernos federales han provocado el despojo, sobre todo en la propiedad social de más de 32 millones de hectáreas por la vía de otorgar concesiones mineras y para explotación de recursos energéticos, sin tomar en cuenta a los dueños de la tierra, es decir, a los ejidos, comunidades y habitantes de los pueblos rurales”.

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