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| Boletín N°. 2774 | Se consolida autoridad de Semar en supervisión de capitanías de puerto: Comisión de Gobernación |
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13-12-2016.- La Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), avaló reformas a tres leyes para fortalecer y consolidar a la autoridad marítima nacional, las cuales reintegran las funciones de supervisión de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina (Semar), y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el propósito de atender los retos actuales.
“Al fortalecer las capitanías de puerto con los medios operativos para la supervisión, inspección, vigilancia y capacidad de sanción, se garantiza el ejercicio de la autoridad en materia de protección y seguridad marítimo-portuaria del país, sin que implique un presupuesto adicional ni su militarización”, afirmó Guillén Vicente.
Destacó que las funciones de promoción, desarrollo económico y actividades comerciales se mantienen en manos de la SCT, lo que representa un beneficio para la nación al robustecerse el estado de Derecho y cumplir con las obligaciones que hacen de México un actor con responsabilidad global.
La instancia legislativa aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Senado de la República, y enviada a la Cámara de Diputados.
La legisladora explicó que el objetivo de la propuesta es “realizar una reingeniería sobre las estructuras, funciones y organización de las dependencias federales que intervienen en el rubro marítimo, para fortalecer el ejercicio de la autoridad marítima nacional, concentrada en la Semar, en actividades de vigilancia, verificación e inspección, y manteniendo la administración portuaria y la marina mercante en la SCT”.
Precisó que hace 40 años, en aras de fomentar el crecimiento portuario, se transfirió la supervisión de las capitanías a la SCT, lo que significó en la práctica una fractura en la autoridad marítima.
Esa situación, en los tiempos actuales y en el marco de la globalización, ha derivado en la ausencia del ejercicio de dicha autoridad marítima, por la falta de un marco legal en los mandos navales, a través de las capitanías de puerto, que la ejercen formalmente.
Resaltó que en “el aumento de la actividad marítima en el país, la utilización de los puertos y de las embarcaciones nacionales por la delincuencia organizada para realizar actividades ilícitas ha dejado de manifiesto que la autoridad marítima no puede seguir dividida”.
En 1940, cuando nace la Semar, sí tenía concentradas todas estas actividades, como sucede en todas las naciones, donde las capitanías de puerto están sujetas a una dependencia de ese tipo o sus equivalentes, refirió.
Para solventar esta problemática, continuó, las reformas concentran la autoridad marítima en la Semar, mediante la transferencia de las capitanías de puerto a dicha dependencia, por ser la institución del Estado mexicano que cuenta con el personal, las capacidades y medios operativos para ejercerla en materia de protección y seguridad marítima, así como la protección al medio ambiente marino.
Por Morena, la diputada Rocío Nahle García sostuvo que el dictamen “es un paso más a la militarización del país. No debemos ser irresponsables en una decisión tan difícil. Si la SCT tiene deficiencias, deberíamos renovarla y ver quienes dirigen los puertos y toda la corrupción que hay, para cambiar a los funcionarios y la administración, pero no darle los puertos a la Semar, cuando sus funciones son otras”.
Apuntó que es “peligrosa la imposición de una autoridad militar en actividades y gestiones administrativas de carácter civil y comercial internacional. Es contrario a uno de los principios rectores de la política exterior de México que impulsa y defiende la proscripción de la amenaza y al uso de la fuerza, establecido en el artículo 89 constitucional”.
Pretende que las capitanías estén ocupadas por elementos de la Semar. “No solamente se refiere a ejercer un puesto, sino a ocupar las instalaciones civiles, que contraviene el artículo 129 de la Constitución”. Cuestionó la forma en que se va a fortalecer el Estado de derecho, aunque reconoció el destacado papal que ha tenido la Marina al enfrentar al narcotráfico.
El legislador perredista, Rafael Hernández Soriano, se pronunció por poner orden en los puertos nacionales y salvaguardar su seguridad ante la actividad del crimen organizado y el contrabando, realidad que se requiere atender.
Subrayó que se requiere revisar la eficiencia administrativa y la corrupción que prevalecen en los puertos, porque no se han manejado con transparencia; los usuarios de los puertos requieren tener seguridad y sentirse protegidos, así como los inversionistas extranjeros que coadyuven a solventar los problemas económicos que tiene el país, comentó.
Urgió a “garantizar la seguridad nacional y de las personas que usan los puertos”. Se comprometió a cumplir la obligación de fiscalizar la administración pública federal, para evitar que estas reformas “no sean una pantomima y queden los mismos administradores a la luz de compadrazgos por muchos años”.
Del PRI, la diputada Marcela González Salas afirmó que “es correcto y pertinente que regresemos al origen que se le dio a la Marina cuando nació, y sea la responsable de la operación y administración de las capitanías de puerto, y el Estado rector del puerto. Eso no quiere decir que vamos a militarizar ni nada, simplemente se le va a dar la faculta a la Semar de tener un control y se regresa al origen”.
“Esto solventará los problemas que prevalecen en los puertos de Colima y Lázaro Cárdenas. Esta ambigüedad alentó la salida de una cantidad escandalosa de productos mexicanos sin pagar los impuestos y entraron anfetaminas y preculsores químicos sin tener un control”, sostuvo.
Por ello, aseveró, es excelente esta propuesta del Ejecutivo federal para reintegrar las facultades de seguridad a la Semar.
Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Gobernación avalaron un punto de acuerdo, a fin de que los Ejecutivos estatales diseñen y promuevan campañas de concientización entre la población para erradicar las llamadas falsas a los servicios de emergencia, en particular al número 911.
Asimismo, aprobaron por unanimidad el Plan Anual de Trabajo 2016-2017; el Informe Semestral de Actividades de marzo-agosto y el Informe Anual de Actividades del Primer Año Legislativo.
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