• Crean el Registro de Personas con Sentencia Firme

14-12-2016.- La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para prohibir a quienes hayan cometido los delitos de pederastia y tráfico de menores, asistir a lugares públicos donde concurran niñas, niños o adolescentes, además de sujetarlos a vigilancia policial hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.

El documento, aprobado por 378 votos a favor y 2 abstenciones, reforma los artículos 24 y 366 Ter, y adiciona el 209 Quarter del citado ordenamiento, crea además el Registro de Personas con Sentencia Firme a cargo del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que únicamente podrá ser consultado en términos de la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicable.

En dicho Registro, se inscribirán todas aquellas personas a quienes se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de sentencia, tratándose de cualquiera de los delitos señalados en el Título Decimoquinto: Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual.

El Ejecutivo federal contará con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la reglamentación necesaria y poner en funcionamiento el Registro, en el cuál, en todo momento, se respetarán los derechos humanos de los sentenciados.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que el abuso sexual cometido en contra de un menor de edad por parte de un adulto, debe ser un hecho enérgicamente condenado por la sociedad, ya que “daña lo más valioso que puede tener una nación, que es su niñez, lastimando así el futuro de México”.

Refirió que más de 26 mil niños de entre 10 y 13 años, manifestaron haber sufrido o sufrir violencia sexual en su casa, y más de 29 mil señalaron haber padecido agresiones sexuales en la escuela.

“Temas de atención a víctimas y de protección a los menores no son políticos, son de alto interés social que debemos atender y procurar”, añadió Ibarra Hinojosa.

En la discusión, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (PAN) expresó que uno de los delitos más atroces y más escalofriantes es el abuso sexual infantil, delito que es irreparable para sus víctimas; en México, más de 4.5 millones de niños y niñas han sido abusados sexualmente, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Indicó que el propósito es aumentar las penas a pederastas, pero sobre todo dotar de información a padres de familia, empleadores o educadores de la identidad de quiénes son estas personas, depredadores sexuales de menores.

Jiménez Márquez dijo: “Este dictamen se une a la preocupación de miles de padres de familia para prevenir y desterrar los delitos que atentan en contra de la integridad de niños y niñas. Estas medidas implican hacer uso razonable de información criminalística”.

Desde su curul, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) externó su preocupación por proteger los intereses y derechos de los menores.

Se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

-- ooOoo --