• De acuerdo con CNDH: 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra ellos suceden en Veracruz, Tabasco y Chiapas

11-01-2016.- El diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD), secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, urgió reformar diversas disposiciones de la Ley en la materia, a fin de prevenir la violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Detalló que anualmente ingresan al país 150 mil personas de forma ilegal a través de la frontera sur; a su vez, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) estima que cruzan la frontera hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil mexicanos.

Expuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que el 29.2 por ciento ocurrió en la zona norte y el 2.2 por ciento en el centro del país, datos alarmantes que ponen en evidencia la vejación de las garantías de este grupo de personas.

Subrayó que el INM, por su parte, ha documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan: secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios y robo de órganos, entre otros.

Al respecto, continuó, el director Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de esta dependencia se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaborado con el crimen organizado, e informó que se despidió a cerca de 500 servidores públicos qué no pasaron los controles de confianza.

“Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad”, consideró el diputado.

Resaltó que para el país la seguridad y protección de los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades mexicanas, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones.

En muchos casos, subrayó, “son las mismas autoridades de todos los niveles quienes violan los derechos humanos, lo que provoca una verdadera crisis”.

Reyes Álvarez recordó que los migrantes son víctimas no solo del crimen organizado, sino también de funcionarios del INM, de policías de cualquier orden de gobierno e, inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debe legislar para sancionar a los servidores públicos que atenten contra los derechos humanos fundamentales de esa población.

Puntualizó que las reformas a la Ley de Migración buscan prohibir expresamente que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una estancia irregular en el país.

De igual manera, plantea que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estará a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crearía como un Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

Indicó que esta procuraduría se encargará de prestar, gratuitamente, los servicios de asesoría y representación legal para que los migrantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso a la justicia en la materia ante el INM y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

También tendrá facultades para realizar visitas de inspección a las Estaciones Migratorias, con el objetivo de verificar que se respeten los derechos humanos de los que estén ahí alojados temporalmente y que se cumplan las disposiciones que establece la Ley de Migración.

Asimismo, se propone crear una Visa de Tránsito, por 90 días, que beneficie a los migrantes centroamericanos, ya que constituyen un elevado número de indocumentados que anualmente ingresan a nuestro país.

Finalmente, se plantea estipular que las violaciones a los derechos humanos, por parte de los servidores públicos, se equipararán al delito de Abuso de Autoridad.

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