• Pide que FONATUR informe de los términos en que se autorizó el proyecto en el manglar de Tajamar

• Solicitan al GDF un informe pormenorizado sobre las licitaciones a las empresas Autotraffic e Inteltráfico

26-01-2016.- La Tercera Comisión de la Permanente, que preside la diputada Marcela González Salas y Petricioli (PRI), aprobó 10 dictámenes con punto de acuerdo para conocer estudios de impacto ambiental en Quintana Roo, la aplicación de fotomultas en la Ciudad de México, el pago de adeudos a jubilados, y en materia de pesca y salud, entre otros temas.

El primero de ellos solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exhibir la manifestación de impacto ambiental, presentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), correspondiente a las construcciones proyectadas en el malecón de Tajamar, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Le pide que informe, de manera pormenorizada, los términos y condiciones de la autorización del proyecto citado, en relación con la prohibición, en materia de mangle, prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

También, le requiere un reporte del FONATUR sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre, en cumplimiento de la autorización que otorgó.

Al respecto, González Salas y Petricioli consideró que anteriormente se dieron autorizaciones no en los mejores términos, por lo que sugirió que se impulse una comisión especial para asegurar que no vuelva a presentarse una situación similar.

“No tenemos otro planeta, ni podemos decir: paren el mundo, me quiero bajar”, expresó la diputada.
Por su parte, la proponente del punto de acuerdo, Silvia Guadalupe Garza Galván, pidió investigar si se han otorgado más manifestaciones de impacto ambiental similares y, de ser así, se suspendan o cancelen.

El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) coincidió en la urgencia de que tanto la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), como la Semarnat, revisen a fondo las autorizaciones otorgadas en los últimos años, que derivaron en casos como el del proyecto Dragon Mart.

No obstante, la senadora del PRI, Mely Romero Celis, dijo que el Legislativo primero debe contar con el informe de las dependencias para conocer más a fondo las circunstancias.

Los legisladores también aprobaron un dictamen para pedir al gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la ejecución de recursos materiales, económicos y humanos, y las licitaciones realizadas y las empresas acreedoras y ejecutoras del sistema de “Fotomultas”, principalmente de las denominadas Autotraffic S.A. de C.V. e Inteltráfico S.A. de C.V.

De igual forma, para solicitar que remita los contratos firmados con dichas empresas durante el periodo 2015 – 2016.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena), quien propuso el exhorto, explicó que si bien su grupo parlamentario se pronuncia a favor de la cancelación de estos contratos, el gobierno local lo descarta al considerar que fueron firmados de manera legal.

Por otra parte, la comisión acordó pedir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) establezca acciones tendentes a instaurar los mecanismos que permitan, con la intervención del gobierno de Veracruz, la reactivación inmediata y el pago de los adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de la ciudad de Lerdo, en esa entidad.

En otro punto de acuerdo, se requiere a la Sagarpa, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y al gobierno de Yucatán incrementar los recursos destinados a pescadores yucatecos, por motivo de la veda del mero y otras especies.

Asimismo, para que la CONAPESCA informe sobre los recursos que otorgó por entidad federativa y programa, así como el padrón de beneficiados, correspondientes al 2015.

Avalaron también un punto de acuerdo para que la Semarnat, el gobierno de Coahuila y del municipio de General Cepeda, hagan públicas las copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas respecto al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, ubicado en el ejido Noria de Sabina, del citado ayuntamiento.

Otro más, para que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) remitan un informe detallado en torno a las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, respecto a la radiación encontrada en los pozos de la ciudad de San José de Iturbide, Guanajuato.

Además, se requiere a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades de la entidad, comunique a esta soberanía las medidas que debe tomar la población para garantizar su salud, incluyendo el dato de las fábricas cercanas a la zona y que se surten de esta agua.

Los legisladores también avalaron un dictamen para llamar al grupo institucional, formado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, a realizar una evaluación para saber si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.

Ratificaron un punto para demandar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, atender de manera oportuna, eficaz y con transparencia, el proceso de donación de todos los activos remanentes, propiedad de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, y revise la viabilidad de que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Un dictamen más, pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en la elaboración de los lineamientos de operación del Fondo para Fronteras, considere incluir a la población de Campeche.

Un último punto es para solicitar a la Secretaría de Función Pública (ASF) continuar con los trabajos de auditoría a los proyectos, concesiones y contratos en los que participe la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en su caso, proceda de acuerdo con la normatividad vigente en materia de responsabilidad de servidores públicos.

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