27- 01- 2016.- La defensa y protección de los derechos humanos en México no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos, aseguró Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sostuvo que el reto es tomar en serio el respeto a los derechos humanos para lograr un verdadero Estado de Derecho y una institucionalidad fuerte, donde corrupción e impunidad no tienen cabida.

Ante la Comisión Permanente, presidida por el diputado Jesús Zambrano Grijalva, el ombudsman nacional destacó que “México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado”.

Al presentar el Informe Anual de Actividades 2015 de la CNDH, resaltó que todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, de la mano con la sociedad, deben implementar efectivamente la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011.

“La formulación de leyes pertinentes y su aplicación efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar, ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio entre intereses de ninguna índole. El Poder Legislativo, a nivel federal y local, tiene la capacidad de incidir de manera positiva en el logro de este propósito”, aseveró.

González Pérez apuntó que son asignaturas pendientes la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales; la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país y para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen de los recursos y capacidades necesarias en el desempeño de sus funciones.

El titular de la CNDH sostuvo que el caso Iguala indignó y movilizó a la sociedad ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado.

“Un caso como Tierra Blanca (Veracruz), en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto, hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado, y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones”, señaló.

Urgió a replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente.

Los derechos humanos, continuó, no pueden asumirse como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción. “Los costos de las lecciones no aprendidas son muy altos. No podemos eludir o voltear la cara a la realidad que tenemos, es nuestra responsabilidad empezar a transformarla”.

Es necesario como nación, comprometerse con la verdad, la legalidad, el respeto a los otros y la convivencia pacífica, enfatizó.

Consideró preciso encarar efectiva y coordinadamente temas como las desapariciones, las fosas clandestinas, la trata de personas, los abusos a migrantes, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios no resueltos, los agravios y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, así como la falta de un acceso real a la justicia para todas y todos, entre otros.

Estimó que el reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y su respeto. “El desafío de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de derechos humanos, es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el Sistema de Protección No Jurisdiccional de los mismos”.

Para que estos mecanismos cumplan sus objetivos, subrayó, se requiere no sólo que las instancias federales y locales encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos desempeñen adecuadamente sus funciones.

“Es preciso un compromiso y actuación responsable por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para atender los requerimientos y solicitudes de información que se les formulen, así como la aplicación irrestricta y oportuna de la ley para sancionar a aquellos servidores públicos que hayan violado los derechos fundamentales y prevenir que tales hechos se repitan”.

González Pérez refirió que durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 980 correspondieron a quejas; 8 mil 252 a orientaciones directas; 9 mil 003 a remisiones y 632 a inconformidades. Equivalente, agregó, a un incremento aproximado de 12 por ciento respecto a 2014. Además, la Comisión atendió y orientó de manera directa a 160 mil 307 personas.

La presentación de quejas aumentó en cerca del 18 por ciento, al captarse 9 mil 980 expedientes. Los expedientes registrados como orientación directa, remisión e inconformidad durante 2015, registraron un alza de 12, 4.7 y 33 por ciento, respectivamente, en comparación a 2014, detalló.

En materia de quejas, las autoridades con mayor recurrencia, como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos, fueron: el IMSS, en 2 mil 185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308; la Policía Federal, 783; la PGR, 761; el ISSSTE, 705; el Instituto Nacional de Migración, 688; la SEDENA, 620; la SEP, 548; la SEMAR, 373, y la CFE 316.

Indicó que la CNDH emitió el año pasado 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las que destacan el IMSS, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, 7; el gobierno de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada uno con 3 recomendaciones.

Sólo una no fue aceptada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, por lo que la Comisión Nacional analiza los argumentos de la autoridad responsable, con el objeto de definir una posición y actuar en consecuencia conforme a derecho.

Como resultado de las recomendaciones emitidas en 2015, se atendieron y dio seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, que propiciaron aplicar sanciones administrativas a 41 servidores públicos y 58 denuncias consignadas ante distintas procuradurías.

González Pérez reconoció que el cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles, por lo que en 2016 se buscará fortalecer esta área.

“La promoción, integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales es una forma en la que la CNDH puede lograr que sus recomendaciones efectivamente se cumplan. Los resultados obtenidos hasta ahora son modestos, pero indudablemente marcan los primeros pasos en una ruta que de manera previa no se había explorado con toda la intensidad e interés posible”, precisó.

El año pasado, la CNDH promovió 29 acciones de inconstitucionalidad, 42.6 por ciento del total de acciones de este tipo interpuestas desde 2006, fecha en que se le concedió dicha atribución. Con ello, se hacen visibles los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos; además, contribuye a mejorar el sistema legal mediante la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional.

De las autoridades identificadas por presunta responsabilidad de algún abuso de poder por sectores, resalta el de salud al captar 3 mil 70 quejas; el de seguridad registró 3 mil 24 y el educativo 702.

Las entidades federativas que reportaron mayor frecuencia en la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron el Distrito Federal, en 2 mil 350 casos; Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302 y Michoacán 299.

Sobre las conductas más denunciadas por falta de respeto a las garantías humanas, destacan: prestación indebida del servicio público, 3 mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 871; no proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; evitar motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.

Sobre desaparición de personas, dio a conocer que durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportaron 423 personas. De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría un presunto delito de este tipo. Respecto a los lugares en que se identificó la desaparición con mayor recurrencia fueron los estados de Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.

El titular de la CNDH apuntó que con base en las cifras mencionadas, la Comisión no puede permitirse demoras o burocratismos en la atención de los asuntos que le competen. Se comprometió a mejorar capacidades y procedimientos para lograr mayor efectividad y eficiencia en este ámbito. Cada hora se reciben y concluyen 3 expedientes, implicando una investigación exhaustiva, imparcial y objetiva, garantizó.

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