27-01-2016 El pleno de la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, Benito Juárez, Quintana Roo.

El exhorto presentado por la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones; y, Obras Públicas, tiene el propósito de que se detalle cuáles han sido las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre de la región.

Durante la discusión del tema, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) se pronunció a favor de avalar este punto de acuerdo, ya que es necesario conocer qué fue lo que pasó, qué autorizaron, hasta dónde llegó su intervención o sus omisiones, y con ello buscar la estrategia para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República cumplan con el principio de solidaridad y deje a las generaciones futuras un mejor mundo.

Subrayó que los sucesos de Quintana Roo contradicen la tendencia mundial respecto al resolver el problema sobre el calentamiento global; pero sobre todo, es un atentado contra el principio de solidaridad vertical o lineal, la cual “obliga a los que estamos presentes a entregar en las mejores condiciones a las generaciones futuras”.

Por su parte, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena) manifestó que su fracción se opone a este ecocidio y apoya cada una de las medidas, que se encaminen a detener la devastación del malecón de Tajamar.

Agregó que es de asombrarse e indignarse la irracional destrucción, en la cual participaron funcionarios en instituciones locales y federales, desde el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, esta última institución federal, autora material del ecocidio.

“A esta fecha, los funcionarios federales tratan de justificar su actuación, alegando que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre actualmente, que adiciona el artículo 60 Ter, protege a los manglares y fue promulgada con fecha posterior a que se dieran los permisos por parte de la Semarnat”.

El senador Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) afirmó que como legisladores deben generar las herramientas necesarias para lograr la protección de los recursos naturales y fue por ello que en el 2007 se logró la protección de los ecosistemas del manglar, a través de la prohibición de cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hídrico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia.

Sin embargo, añadió, este trabajo debe continuar con el cabal cumplimiento de la ley, motivo por el cual se requiere que la Semarnat informe sobre las construcciones del malecón de Tajamar.

Recordó que la transparencia es una herramienta que permitirá contar con todos los elementos para demostrar que las autoridades están cumpliendo con sus funciones bajo el estricto apego de la ley, por lo que confío que la dependencia competente resolverá con estricto apego a derecho, y el interés general de proteger los recursos naturales.

La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) pidió que no haya impunidad, se castigue a los responsables y se repare este terrible daño ambiental. Añadió que se está explorando la posibilidad de impulsar juicio político para los funcionarios involucrados en este crimen a la naturaleza.

“Debemos reflexionar cómo es posible que en México, precisamente en Cancún, se vaya a desarrollar este año la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas y que con esto se esté mandando un mensaje con el aval de su gobierno, de una erosión biológica a todas las naciones del mundo”, enfatizó.

En tanto, el diputado panista, Juan Pablo Piña Kurczyn, urgió al gobierno federal a tomar las medidas necesarias para detener de manera inmediata el daño ambiental al manglar de Tajamar. “El ejercicio del poder público trae aparejada una gran responsabilidad de tener el valor de hacer lo correcto, cosa que no siempre sucede. Desde aquí exigimos a los servidores públicos que cumplan con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos”.

Refirió que existen recursos legales para detener este ecocidio sin tener que pagar indemnizaciones millonarias, como por ejemplo el juicio de lesividad, argumentando que la manifestación de impacto ambiental se trata de un derecho precario; es la figura jurídica que los tribunales mexicanos resumen como aquella que tiene una vigencia y se adapta a las necesidades colectivas imperantes en diferentes condiciones y tiempos.

Finalmente, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) reprobó cualquier acción que vulnere nuestro entorno y que ponga en peligro los recursos naturales; por ello coincidió en que es fundamental que la Semarnat brinde la información necesaria y pormenorizada, para que con esta información el Congreso tenga los elementos para asumir una posición objetiva, responsable y determinar con mucha solvencia las acciones legislativas que se tomarán al respecto.

“Todos sabemos que puede haber diversas aristas desde el punto de vista jurídico, eso es innegable. Nosotros confiamos plenamente y pedimos, con acento a las autoridades correspondientes, que determinen si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, definan también las sanciones correspondientes”.

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