30-01-2016 En México, 21.8 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, por lo que gastar dos mil 200 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos es un privilegio innecesario; esa cantidad podría sumarse al presupuesto total del ISSSTE, que brinda los mismos servicios que aseguradoras en hospitales privados.

Ante ello, la diputada Claudia Corichi García (MC), presentó una iniciativa para reformar las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

Se busca que las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público no autoricen esas coberturas para funcionarios de la Administración Pública Federal (APF), ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La propuesta –turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Trabajo y Previsión Social— señala que en la APF laboran más de cuatro millones de personas (40.5 por ciento en 294 dependencias del gobierno federal, y el resto en 39 mil 896 instituciones de gobiernos estatales y municipales) que cuentan con prestaciones establecidas en el Artículo 1° de la Ley del ISSSTE, por lo que el pago del seguro de gastos médicos mayores representa un gasto duplicado para la Federación.

Refiere que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé la contratación de seguros a favor de funcionarios, “siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos”.

Al otorgar esos privilegios, agrega, el gobierno incumple con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México, que establece el compromiso de los Estados parte para adoptar medidas económicas, técnicas y legislativas que permitan lograr la plena efectividad de los derechos.

La propuesta apunta que a pesar de los recurrentes llamados a la austeridad que ha promovido el Ejecutivo federal, entre 2012 y 2014 el gasto en ese rubro pasó de 2 mil 50 millones de pesos a 5 mil millones, “sólo contando los seguros de las secretarías de Estado y el gabinete ampliado”.

Plantea adicionar un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer que la Secretaría de la Función Pública no podrá autorizar la contratación de seguros por los que se otorguen beneficios a los servidores públicos inscritos al ISSSTE y que representen una dualidad de beneficios.

Asimismo, propone agregar un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, para estipular que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá autorizar seguros de gastos médicos mayores, como parte de los beneficios o prestaciones que reciban los servidores públicos incorporados a la APF.

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