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| Boletín N°. 0926 | En el Sistema Penitenciario prevalece violación de derecho a la salud de personas con discapacidad psicosocial: CNDH |
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11-02-2016.- La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros penitenciarios del país.
En el documento, remitido a la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara para conocimiento y publicado en la Gaceta Parlamentaria, la CNDH reconoce que en el Sistema Penitenciario Nacional prevalece una persistente violación del derecho a la protección de la salud de esa población.
Asegura que no existen políticas públicas enfocadas a la prevención, identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno, con calidad y calidez, para estos internos que, en virtud de su especial condición de vulnerabilidad, reconocida en la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, “hace evidente que los centros de reclusión penitenciaria no son las instancias adecuadas para proteger y garantizar el respeto a sus derechos”.
En su informe, la CNDH plantea adoptar medidas para que las personas que requieran atención especial por alguna discapacidad psicosocial, sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico, para que sean atendidas por un médico psiquiatra.
Solicita que el sector salud, en concordancia con los artículos 1 y 4 constitucionales, tome las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentren en centros penitenciarios, a ser internadas en instituciones especializadas, para que les brinden los cuidados indispensables, con base en las normas y estándares nacionales e internacionales aplicables.
También, se requiere contar con infraestructura para proporcionar la mejor atención y estancia a esta población, es decir, construir o habilitar unidades especiales, previéndose anualmente las partidas presupuestales para tal fin.
Igualmente, armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales que prevén un cuidado específico en unidades de segundo y tercer nivel de atención mental del sector salud.
De la misma manera, instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables, dependiente de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y sus homólogos a nivel estatal, a fin de que se puedan generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas procedentes.
La CNDH puntualizó que, a octubre de 2015, el Sistema Penitenciario Nacional registró 4 mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros de readaptación del país, de los cuales mil 54 fueron declarados inimputables y 3 mil 422 con discapacidad psicosocial.
Reincorporación de diputadas
En la sesión, se informó de la reincorporación a los trabajos de la LXIII Legislatura de las diputadas por Tamaulipas, María Esther Guadalupe Camargo Félix (PRI-Distrito 2) y Yahleel Abdala Carmona (PRI-Distrito 1).
Comunicaciones
La Secretaría de Gobernación remitió el Informe Anual de las concesiones otorgadas por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, durante el ejercicio fiscal 2015. Se canalizó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
A las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, se mandó un oficio de la Secretaría de Educación Pública que contiene información complementaria, correspondiente al Tercero y Cuarto Trimestres, de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior.
Se recibió de la Secretaría de Cultura contestación a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, relativa a solucionar el conflicto en el Canal 22 de televisión y realizar acciones a fin de preservar este medio público.
La Procuraduría Federal del Consumidor respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada “cuesta de enero”.
De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca se recibió respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implantar campañas de información y toma de conciencia sobre las afectaciones a la salud y ambientales, provocadas por el uso irracional de automóviles.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz remitió acuerdo por el que se hace exhorto a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, en relación con ministraciones pendientes y autorizadas por el Congreso del estado.
Se conoció un acuerdo del Congreso del estado de Guerrero por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que legisle de manera integral sobre la vigilancia y operación de las instituciones y sociedades mercantiles o financieras en cualquiera de sus denominaciones, que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan operando al margen de la ley en dicha entidad y en el país. Fue enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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