16-02-2016.- La Cámara de Diputados dio declaratoria de publicidad a seis dictámenes que próximamente serán sometidos a votación del Pleno; entre ellos, uno que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La reforma establece que en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, éstos se otorgarán a la empresa que cuente con trabajadores jóvenes en el rango de edad de 18 a 25 años, cuando menos en una porción del cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses para que se otorguen puntos adicionales.

El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que reforma y adiciona los artículos 14, 19 y 41 de la citada ley, señala que es urgente estimular a las empresas que les otorguen el primer empleo o los contraten, a fin de resolver el desempleo que sufren 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Precisa que en la actualidad la juventud es discriminada en las empresas o en el sector gubernamental por no tener experiencia. Ante este panorama, el Congreso de la Unión debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de este sector estratégico de la población, creando instrumentos jurídicos para su desarrollo integral.

La reforma también pretende disminuir el costo en servicios de consultoría, asesorías e investigaciones, apoyándose para ello en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o en los Consejos Estatales de Ciencia o Tecnología.

Asimismo, las dependencias y entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando la contratación se realice con artesanos y ganaderos, considerados como pequeños productores, afiliados al Régimen de Incorporación Fiscal.

Será obligación de servidores públicos garantizar igualdad y no discriminación

Otro dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que sea obligación de todo funcionario observar que exista igualdad y no discriminación a las personas, así como garantizar un trato digno y de respeto.

El objetivo de la minuta es analizar las prácticas discriminatorias que aún existen en nuestro país dentro del ámbito laboral, en el caso particular de la Administración Pública, lo que se constata en estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dan cuenta de la discriminación que viven aquellas personas en razón de su orientación sexual e identidad de género.

Menciona que, a pesar de que existe un marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, las prácticas discriminatorias siguen presentándose en México en diversas formas, resaltando el ámbito público.

Otorgamiento de títulos de concesión y resolución de prórrogas

De la Comisión de Infraestructura, se dio declaratoria de publicidad al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refieren dichas normas.

En su transitorio, señala que el Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias a que se refiere este decreto, dentro de los 180 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

Garantizar integración social a adultos mayores

Asimismo, se cumplió con la declaratoria de publicidad de tres dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; uno modifica el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de garantizar que esta población sea objeto de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, refiere que el Estado debe promover acciones y políticas públicas para inducir aptitudes de carácter personal, laboral, social, educativa y alimentaria para ese grupo social.

Espacios de asistencia integral para adultos mayores

El segundo dictamen adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de que la política nacional sobre personas adultas mayores promueva programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para esta población.

El dictamen indica que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección de los órganos del Estado, pues su edad los coloca en situaciones de discriminación, la cual se debe combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.

Mecanismos de evaluación, asesoría y captación de quejas ciudadanas para el Conadis

Otro dictamen reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de establecer como atribución del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), impulsar mecanismos de evaluación y asesoría, y de captación de quejas ciudadanas, coadyuvando con las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad vigente.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que esta adecuación a la ley fortalece la vida cotidiana del Conadis, y garantiza el derecho que tienen las personas con discapacidad de accesibilidad en un sentido amplio y transversal.

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