• Se ampliaría el acceso a más y mejores servicios en comunicación y transportes: Del Mazo Maza

18-02-2016 El Pleno aprobó en lo general y particular reformas a las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a fin de regular el otorgamiento de títulos de concesión o resolución de prórrogas en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes.

El dictamen, turnado a la Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue aprobado en lo general con 403 votos a favor y 33 en contra; en la votación particular se emitieron 370 votos a favor y 56 abstenciones.

Establece la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el proceso de análisis de la rentabilidad económica de las concesiones que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en materia de caminos y puentes, puertos, aeropuertos y servicio ferroviario y fortalecer la interacción respecto a la generación de infraestructura.

La reforma reforzará la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la infraestructura en el sector comunicaciones y transportes, para que las concesiones puedan representar una fuente de ingresos no tributarios en beneficio de la hacienda pública, lo cual adquiere relevancia en un escenario de reducción en los ingresos petroleros. '

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alfredo Del Mazo Maza (PRI), destacó que aprobar este dictamen, amplía las oportunidades de acceso a más y mejores servicios y reduce el costo de los traslados, lo que impulsa el potencial logístico.

La propuesta enviada por el Ejecutivo federal busca fortalecer la planeación, el análisis y la evaluación del otorgamiento y ampliación de concesiones, para aprovechar de manera más eficiente los recursos públicos, y exista mayor eficacia y eficiencia en el impulso a la infraestructura, con el apoyo de los sectores público y privado.

Reconoció que la participación de la inversión privada representa un espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo de la infraestructura, por lo que es necesario fortalecer un marco regulatorio que propicie su intervención y establezca condiciones de eficiencia y certeza jurídica para invertir, con el propósito de asegurar la viabilidad de los proyectos.

Las reformas, detalló Del Mazo Maza, contemplan instituir bases claras para considerar, en los proyectos, los recursos destinados para la liberación del derecho de vía dentro de los costos totales del proyecto, permitirán evaluar de manera más precisa las presiones de gasto, y contar con estimaciones reales para la ejecución de las obras en tiempo y forma.

El dictamen, propone homologar diversas leyes para registrar, ante la SHCP todas aquellas concesiones que incluyan inversión pública y puedan ser contempladas en el Presupuesto de Egresos que aprueba la Cámara de Diputados.

Asimismo, determina con mayor claridad, las responsabilidades y procedimientos respecto a las contraprestaciones que deberán cubrir los concesionarios en beneficio del Estado, con motivo del uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público.

Al dar su posicionamiento el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES), se pronunció a favor del dictamen, pues permitirá que quede debidamente establecido que el derecho de vía que ha sido motivo para estancar muchas inversiones, hoy sea parte del proyecto de la obra de infraestructura que se pretenda concesionar.

“Un país que apuesta a la infraestructura, llámese carreteras, aeropuertos, vías férreas, es un nación que da los elementos para detonar económicamente el desarrollo”.

En representación de Nueva alianza, el diputado Ángel García Yáñez expresó su voto a favor, ya que las reformas a las leyes detonarán un gasto y finanzas públicas más sanas y una mejor coordinación entre dependencias del Ejecutivo federal, contribuyendo a mejorar las condiciones respecto a concesiones en el país.

“Como nación, México necesita infraestructura que reafirme su apertura comercial y vínculos con el mundo globalizado y que ante condiciones económicas actuales, necesitamos concesiones que apuesten con el desarrollo del país”.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano) sostuvo con las reformas se podrán comparar los ingresos monetarios susceptibles por uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, con los costos generados por la realización de los proyectos que se pretendan.

Estas modificaciones aseguran que al otorgar una concesión para la realización de proyectos de infraestructura de transporte que sean aprobados, se tendrá certeza jurídica de los mismos; beneficiarán desde el inicio a todos aquellos que participen tanto en la construcción, el funcionamiento y uso de los proyectos, permitiendo la creación de empleos en las regiones.

En el uso de la tribuna, el diputado Jorge Tello López (Morena) dijo que sólo votarían a favor siempre y cuando, desde la Cámara de Diputados, se tenga la participación directa en la elaboración de este tipo de dictámenes. “No más imposiciones”, afirmó.

“No vamos a permitir que se sigan imponiendo empresas que lo único que hacen es beneficiar a unos cuantos”, enfatizó el legislador.

El diputado Edgar Spinoso Carrera (PVEM), indicó que votaría a favor el dictamen, porque es un claro ejemplo de que el gobierno federal sabe el rumbo que se debe tomar para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Se busca que los proyectos sean registrados en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues de esta manera se dará certeza sobre la responsabilidad y el cumplimiento de las empresas para poder participar en la licitación de estas concesiones.

“Con este dictamen estaremos dando la ayuda al Estado mexicano para cubrir las necesidades de las entidades del país, de dotar de infraestructura a sus pobladores sin que esto implique un incremento de recursos públicos en proyectos o en la realización de nuevas obras”.

El perredista Ricardo Ángel Barrientos Ríos, señaló que las medidas lograrán fortalecer el control sobre los proyectos de infraestructura de comunicaciones y transportes, de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país.

Recordó que estas modificaciones fueron propuestas por el Ejecutivo, mediante las cuales se plantea adicionar un artículo a las siguientes cuatro leyes: Caminos, Puertos y Aeropuertos y Servicios Ferroviarios, a fin de elaborar el registro respectivo en la cartera de programas y proyectos de inversión e incluir las contraprestaciones del concesionario hacia el gobierno federal.

El diputado panista Baltazar Martínez Montemayor aseguró que el Estado tiene la obligación de proteger la seguridad, la soberanía de la nación y otorgar concesiones o permisos, a fin de mantener el dominio respectivo de las comunicaciones de acuerdo a las leyes que la establecen y la regulan.

Actualmente resulta imprescindible que al momento de otorgar una concesión o una prórroga se tenga certeza de que los proyectos son viables, que perdurarán en el tiempo, que se garantice su eficacia y sobre todo, que beneficie a todas y todos los ciudadanos de México; por ello, es factible que SCT y SHCP generen una evaluación de la rentabilidad económica como requisito para definir una decisión en este sentido.

En tanto, la diputada Xitlalic Ceja García (PRI) consideró que con estas reformas se pretende garantizar el desarrollo eficiente de los proyectos de infraestructura, evitando cambios, retrasos y sobrecostos.

Otra de las virtudes, es que se establece un tiempo límite de 30 días naturales, para que la SHCP emita una opinión favorable; de no hacerlo se aplicará la afirmativa ficta y con esto se evitará el retraso en el proceso de autorización de una concesión, o bien, en su caso sea de una prórroga, lo que genera certidumbre, derrama económica y que “nos conecta al progreso”.

Reservas

En lo particular, el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano) presentó reservas de los artículos 6 Bis; Primero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 23 Bis, del artículo Segundo de la Ley de Puertos; del 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, y artículo 8 Bis de la Ley de Reglamento del Servicio Ferroviario. Todas fueron desechadas.

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