• Se llevó a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro el Foro: “Consumidores de Marihuana: Una perspectiva autónoma”

• Debate sobre el uso del cannabis privilegió el diálogo abierto, análisis objetivo, más allá de las ideologías: Segob

• Usuarios de sustancias psicoactivas deben ser individuos responsables e informados

22-02-2016 Diputados del grupo parlamentario de Morena se pronunciaron por garantizar los derechos de los consumidores de marihuana y legislar para que no sean criminalizados, ya que no todos son delincuentes, ni un problema para la sociedad.

Asimismo, indicaron que la despenalización del uso del cannabis lograría que México interviniera en el mercado industrial textil y de papel.

Al inaugurar el foro “Consumidores de Marihuana: Una perspectiva autónoma”, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) afirmó que se trata de un problema no solamente de política y salud pública, sino de seguridad nacional.

“La situación de inseguridad generada por el crimen organizado y por el narcotráfico pone en riesgo a la seguridad nacional, ya que es altísimo el número de víctimas colaterales sobre estos hechos”, subrayó,

El legislador señaló que existen círculos donde se pone en riesgo la integridad cultural y personal del consumidor, quien además, para adquirir la marihuana entra en contacto con la esfera criminal y pone en peligro su integridad física y su libertad, porque puede ser sujeto de coacción por parte de la autoridad por poseer esta sustancia.

Estimó que no se ha planteado una solución de fondo al problema y es un hecho social que trasgrede no solamente la cuestión personal, de salud y la política pública, sino otros campos que son intocados como el financiamiento. “Se habla de ganancias millonarias en esta distribución de drogas pero no dónde se lava ni quién aplica el lavado de ese recurso”.

Precisó que con este foro se busca reflexionar desde el punto de vista del consumidor, entendiéndolo como una persona con derechos plenos, los cuales no son garantizados por el marco legal y muestra de ello es la resolución de la Corte sobre el uso lúdico de la marihuana.

Consideró que no basta con tipificar y establecer como delito el uso, la distribución y el consumo de la marihuana, ya que es un problema que trasciende a lo social y lo económico y que se tiene que atender en sus justas dimensiones.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) indicó que factores como la violencia y la desintegración familiar son una excusa para etiquetar a los consumidores de las sustancias psicoactivas como algo nocivo o tóxico, ya que se ha demostrado que existen grupos que utilizan el cannabis de forma responsable e informada.

El legislador aseguró que el uso de la marihuana debe separarse de los canales clandestinos y evitar que los colectivos, sean vetados, y pugnar por que estos consumidores estén guiados adecuadamente, pues no todos son criminales y un problema para la sociedad.

Consideró que si el presupuesto destinado a combatir el narcotráfico se focalizara a desarrollar mecanismos de información y el uso responsable de la marihuana, se lograría potenciar asuntos culturales y fincar una creencia diferente acerca de su consumo.

La diputada Laura Esquivel Valdés (Morena) expuso que el cannabis también tiene un uso industrial en forma de cáñamo, el cual se utiliza como biocombustible, forraje, pinturas, además su cultivo es purificador del agua y enriquecedor del suelo; es una solución ecológica que debe tomarse en cuenta dentro los proyectos de sustentabilidad.

Subrayó que la despenalización del uso del cannabis lograría que México interviniera en los mercados industriales textil y del papel, los cuales utilizan este producto por su calidad y durabilidad. Añadió que “es momento de dejar a un lado el prejuicio y el prohibicionismo”.

En su turno, el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) mencionó que alrededor de unas 100 mil personas en un sexenio son puestas a disposición del Ministerio Público por el sólo delito de posesión de drogas, ya que si bien el consumo no está penalizado, la posesión sí.

Estimó que primero se debe dejar claro que lo que dice la Corte es que la penalidad de nuestras leyes de drogas son completamente desproporcionadas y, por lo tanto, inconstitucionales. La resolución, obliga a los legisladores abrir el tema del autocultivo como una posibilidad de ser un mecanismo en el que las personas interesadas en consumir marihuana tengan la provisión adecuada.

Precisó que si se cambiaran las penas como única reforma política de drogas, se podrían tener resultados porque eso podría mover hacia penas alternativas y hacia descriminalizar el consumo.

Se pronunció por legislar y buscar alternativas para que las personas que consumen una sustancia como la marihuana tengan una opción para no ser criminalizadas y puedan autoproveerse de ese producto como puede ser el autocultivo con una legislación y regulación al respecto.

Enrique Irazoque Palazuelos, representante de la Secretaría de Gobernación, expuso que esta dependencia diseñó una plataforma digital que permite a la ciudadanía tener a su disposición información académica y científica sobre el tema de la marihuana; además, se destinó un espacio en este sitio para conocer su opinión, con el objetivo de generar una política pública eficiente y realista.

Añadió que el debate sobre drogas ha ido evolucionando, pues en un principio sólo estaba enfocado en la oferta y la criminalización del consumo; sin embargo, ahora se analiza con una perspectiva de salud pública y de derechos humanos, para lo cual se privilegió el diálogo abierto, análisis objetivo, más allá de las ideologías y cualquier coyuntura.

El diputado local de la Ciudad de México por el PVEM, Fernando Zárate Salgado, afirmó que legalizar la marihuana no significa promover su uso, ni fomentar los prejuicios a este producto, sino reconocer una realidad; por ello, es necesario incorporarlo al mercado estableciendo principios, efectos y consecuencias.

Destacó que la legalización tiene el propósito de controlar el comercio que actualmente encuentra refugio en el mercado negro, lo que implica altos costos para el Estado y a los consumidores, pues al no contar con marco jurídico se fomenta la criminalidad, muertes y productos de mala calidad y no se pueden crear estrategias que establezcan su consumo adecuado e informado.

Juan Pablo García Vallejo, escritor y sociólogo mencionó que para avanzar en las políticas públicas de drogas democráticas es necesario reconocer la opinión de las minorías organizadas, las cuales proponen que los usuarios del cannabis dejen de ser perseguidos, a través de la promoción de su uso informado y responsable, lejos de la vinculación con la delincuencia.

Adolfo Galindo Aldama, representante del Colectivo Marihuana Liberación, sostuvo que la legalización y el uso de la hierba debe ser vista sin tintes calificativos y destinar espacios adecuados, pues en varios países su consumo es visto como una válvula social para detonar las habilidades artísticas y culturales, siempre y cuando sea con responsabilidad y educación.

Leonardo Herrera García, representante del Colectivo Marihuana Liberación, dijo que los consumidores buscan debatir con los tres poderes de gobierno e instituciones científicas, para proponer el uso religioso, filosófico y científico; a través de tres vías de regulación: el estado científico-existencial, clubes cannábicos y cooperativas para el autoconsumo. “No pedimos usos lúdicos, hasta que los consumidores retiren los prejuicios, y no promovemos fiesta ni el uso embriagante del cannabis”, reiteró.

Alfonso Jesús García Pérez, representante del Colectivo de Marihuana Liberación, presentó el “Plan de Rescate de Cáñamo para el Ciclo del Agua” para sustituir la madera de los árboles por fibra del cannabis, y en zonas deforestadas se cultive este producto, lo cual permitirá que la tierra recobre sus nutrientes.

Ricardo Sala, representante del Colectivo por una Política hacia las Drogas, puntualizó que el uso de la marihuana requiere un marco jurídico con perspectiva en los derechos humanos y medidas de prevención, detección temprana y reincorporación social de quién tiene problemas de adicciones, es decir, dar la oportunidad a los consumidores de autolimitarse.

Mario Mendoza Silva, del Hospital Psiquiatrico “Fray Bernardino Álvarez”, afirmó que el 10 por ciento de los adictos desarrolla problemas de alteraciones en las sustancias cerebrales, por lo que propuso realizar una investigación seria y formal, y, en caso de legalizarla, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, porque hacen falta en el país 110 mil médicos, 605 mil enfermeras y 320 mil camas de hospital.

En su participación, los médicos María de Pilar López Salgado, del Instituto de Salud Mental, Consultoría y Capacitación, y Luis Manuel Sánchez García, del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, solicitaron que dentro de la legislación del uso de la marihuana se considere la creación de lugares especializados en el tratamiento de las adicciones, a fin de atender los efectos físico-sociables que alteran la personalidad de quienes son consumidores dependientes de estos psicoactivos.

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