23-02-2016.- La Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que reforman la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Con la modificación al artículo 5 de dicha norma, avalada con 419 votos, se busca garantizar el derecho de esta población a ser sujeta de acciones y políticas públicas de parte de instituciones federales, estatales y municipales, a fin de fortalecer su plena integración social.

El Pleno aprobó, con 404 votos, adicionar una fracción XXI al artículo 10 de dicha ley, para que la política nacional tenga el objetivo de promover programas especiales enfocados a ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para estas personas.

Ambos dictámenes se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, explicó que la reforma al artículo 5 tiene como propósito la capacitación adecuada de los adultos mayores para que logren su empoderamiento en el ámbito económico, desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explorar y darles una vida de autosuficiencia económica o satisfagan sus necesidades básicas.

Estimó que se debe avanzar en la construcción de una sociedad incluyente, en la que sean aceptados los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad y los demás grupos en situación de vulnerabilidad, para que tengan las mismas oportunidades. Para ello, dijo, es necesario generar políticas públicas que permitan su plena integración social.

Precisó que la reforma para adicionar una fracción XXI al artículo 10 de dicha ley, pretende establecer la promoción de programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.

Refirió que el proceso de envejecimiento en México crece de manera acelerada y hoy viven en nuestro país 10.8 millones de adultos mayores que representan el 9 por ciento de la población total. La perspectiva arroja cifras del triple para el 2050, por lo que “tenemos que estar preparados para los retos que esto implica”.

Enfatizó la necesidad de redoblar esfuerzos para concientizar y sensibilizar, de manera que quede claro que el adulto mayor no es un sujeto de dádivas o caridades, sino de derechos.

Durante su posicionamiento, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) comentó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, para el año 2040 México casi igualará en población de adultos mayores al vecino país del norte. Esta transformación, continuó, obliga a la sociedad a generar nuevas oportunidades para ellos, que les permitan explotar sus capacidades y motiven a ser partícipes de todas las actividades de la sociedad.

Estimó que ambos dictámenes constituyen voluntades para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y fortalecer su capacidad de autonomía; se pronunció a favor, con la convicción de la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) mencionó que, de acuerdo con el Inegi, en México el número de personas entre 65 y 84 años ha aumentado en los últimos 15 años, al igual que las de entre 15 y 64 años. Se estima que en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total, detalló.

Estas personas, dijo, conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, ya que frecuentemente son discriminadas, despreciadas o abandonadas en completo estado de pobreza. “Se enfrentan a la falta de oportunidades laborales, sin un sistema de salud adecuado, sintiéndose menospreciados y desplazados por un gobierno y una sociedad a la que sirvieron la mayor parte de su vida”, por lo que consideró viable las modificaciones.

Por MC, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola indicó que, según el informe del Consejo Nacional de la Población, (Conapo), el 82 por ciento de las personas mayores de 60 años vive algún grado de pobreza. La mayoría son mujeres, y sólo dos de cada 10 adultas mayores de 65 años cuentan con una pensión. La mayoría de los hombres, añadió, sigue trabajando aún después de la edad promedio de jubilación, pues su pensión no es suficiente.

Por otra parte, enfatizó, el abandono y la violencia familiar son también una problemática que sufren los adultos mayores. Tres de cada cinco ancianos sufren violencia intrafamiliar. Consideró que las reformas beneficiarán a este sector, para erradicar esa problemática y darle una vida digna.

La diputada Mariana Trejo Flores (Morena) señaló que la población mexicana requiere de una política nacional de acciones legales, presupuestales y políticas que brinden una mayor protección a los adultos mayores, “sector que ha sido ignorado y violentado durante décadas”.

Destacó la necesidad de implementar acciones que propicien marcos normativos a favor de un México con mayor igualdad, equidad y sin discriminación. Anunció su voto en pro para que el Estado sea garante de la implementación de un programa de infraestructura a favor de estas personas.

Del PVEM, la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz comentó que la situación de los adultos mayores se caracteriza por diversas problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza, en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observan tanto en el campo como en las ciudades. Por ello, djo, es necesario impulsar una cultura de la vejez y del envejecimiento.

Se pronunció a favor de los dictámenes a discusión y coincidió en la necesidad de desplegar acciones para su empoderamiento, a través del desarrollo de competencias que les permita ser autosuficientes y cubrir sus necesidades básicas, así como garantizarles apoyos, estímulos o subsidios que fortalezcan su ingreso y economía personal.

La diputada Karen Hurtado Arana (PRD) sostuvo que, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de las personas mayores de 65 años en México, 4.7 millones carece de al menos uno de sus derechos sociales, así como de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos; es decir, 43 por ciento se encuentra en situación de pobreza. Además de las enfermedades, agregó, tres de cada cinco sufre violencia dentro de sus familias.

Por ello, resaltó que se debe promover su dignificación a través de programas especiales para aplicar la cobertura de espacios de asistencia integral y evitar su exclusión social y económica. Precisó que con ambas reformas se pretende contribuir a revertir las condiciones de pobreza y exclusión en que vive un gran porcentaje de esta población.

En su turno, el diputado panista Ricardo del Rivero Martínez indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en el segundo trimestre de 2015 la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, fue del 34.3 por ciento y su nivel disminuye conforme avanza la edad. Asimismo, alrededor de tres de cada 10, están ocupados durante el segundo trimestre de ese mismo año y percibió hasta un salario mínimo; mientras, el 25.4 por ciento ganó hasta dos salarios mínimos y el 15 por ciento, tres.

Reconoció que este sector representa una enorme riqueza para la sociedad y contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país. Con las reformas, explicó, se busca fortalecer sus capacidades económicas sujetas a acciones y políticas públicas de parte de instituciones federales, estatales y municipales, cuyo fin último es la plena integración y el ejercicio de sus derechos.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) admitió este sector poblacional presenta diversas circunstancias que siguen obstaculizando el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Por ello, dijo, es necesario llevar a cabo estas reformas, cuya finalidad es promover, entre los objetivos de la política nacional para los adultos mayores, programas especiales a fin de ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral.

Coincidió en que es imprescindible mejorar la situación de estas personas. “El reto que nos une es afrontar esa transformación a través de la inclusión social, con solidaridad, fomentando la igualdad y la tolerancia, para así fortalecer la convivencia y hacer una sociedad incluyente con nuestros adultos mayores”.

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