Boletín N°. 1004 | Acuerdan reunión con titular de Conapesca para que explique impacto de reducciones anunciadas por gobierno federal |
23-02-2016.- La Comisión de Pesca, presidida por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (PRI), acordó solicitar una reunión con el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Mario Aguilar Sánchez, a fin de que explique el impacto que tendrán, en los programas de ese organismo, las reducciones en su Presupuesto 2016, anunciadas por el gobierno federal, y las acciones que realizará para mitigarlas.
La diputada Rosa Elena Millán Bueno (PRI), proponente de la reunión con Aguilar Sánchez, subrayó que los recursos deben privilegiar las necesidades sociales de los campos pesqueros y atender proyectos productivos con impactos tangibles para el crecimiento de la actividad acuícola.
En reunión de trabajo, la comisión aprobó un acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, para que a través de la Conapesca, realice los estudios necesarios para que, de resultar procedente, se rehabilite y reacondicione el puerto de Santa Rosaliíta, en el municipio de Ensenada, Baja California.
Asimismo, se solicita que, previamente a la rehabilitación de ese puerto, la Conapesca ordene y regule la pesquería de la sardina en el litoral de la península de Baja California, para resolver los problemas sociales, biológicos y económicos que existen actualmente.
La instancia legislativa refirió que actualmente, en ese estado de la República, sólo opera un puerto pesquero en una zona de más de mil kilómetros, situación que resta competitividad al sector.
En 2014, por la lejanía de zonas de captura, y al no llegar el producto del mar en condiciones para el consumo humano, generó que las procesadoras de Ensenada disminuyeran sus labores en 80 por ciento, causando pérdida de empleos, cierre de plantas y bajas en sus ingresos hasta por 21 millones de dólares, sostuvo.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI) señaló que la zona de pesca predominante en Baja California, se encuentra a 26 horas del puerto de embarque de la entidad; por tanto, el 90 por ciento de la captura no es apta para consumo. “Pescar en áreas tan lejanas demanda significativamente los insumos para realizar dicha práctica”, enfatizó.
La habilitación del puerto de Santa Rosaliíta, sostuvo, tendría un impacto social y económico exponencial, ya que su estratégica ubicación geográfica favorecería en todo sentido los procesos, disminuiría los costos de operación y promovería la región como un lugar generador de empleos y divisas para las dos Baja Californias.
Explicó que se evitaría el maltrato del producto en su traslado y, además, se incrementaría la cantidad de captura. “Se asegurarían ingresos por aproximadamente 20 millones de dólares para ese estado”.
La diputada Jisela Paes Martínez (PAN) comentó que en la península de Baja California Sur hay un grave problema con la captura de sardina y “la rehabilitación de este muelle favorecería la actividad”.
En esa zona, continuó, la sardina se concentra gran parte del año, y al no haber pesca, se afecta la propia especie y se generan problemas económicos para los productores del lugar; por ello, subrayó, es necesario que la Conapesca ordene y regule la pesquería de la sardina en el litoral de la península de Baja California, para resolver esas dificultades.
Por otra parte, la Comisión de Pesca se reunió con integrantes de la asociación civil, Environmental Defense Fund (EDF), quienes presentaron a los legisladores lineamientos para fomentar una pesca sustentable.
En su ponencia “Economía y Sustentabilidad de la Pesca”, la directora regional de EDF en México, Laura Rodríguez, precisó que el producto del mar es importante para la nutrición de la población y tiene mucho por crecer.
Consideró necesario que los productores otorguen valor agregado a sus mercancías, ya que actualmente sólo asciende a 60 centavos.
Explicó que el Manejo Basado en Derechos (MBD), un sistema de manejo pesquero exitoso para la restauración y crecimiento de varias pesquerías a nivel mundial, “permite una distribución equitativa de los derechos y beneficios pesqueros, es económicamente redituable y es responsable con los recursos marinos”.
Comentó algunos beneficios de adoptar dicho sistema en más puertos del país: menores costos para que el pescador realice su actividad; mayores ganancias económicas para los productores; más participación social en la toma de decisiones; evita la sobreexplotación de zonas pesqueras y restaura puertos colapsados por conflictos biológicos.
Actualmente, EDF trabaja en comunidades pesqueras de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo, con productores de merluza de Puerto Peñasco, Sonora, y en el Sistema Lagunar de Altata y Ensenada del Pabellón, en Sinaloa.
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