24-02-2016.- La Comisión de Derechos Humanos aprobó exhortar a las legislaturas estatales a incorporar en su norma civil y familiar los más altos estándares en materia de derechos humanos, en especial los señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha declarado la inconstitucionalidad de normas locales, así como los establecidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Mediante un punto de acuerdo, aprobado en reunión ordinaria, precisa que existen diversos rezagos en diferentes entidades federativas, que no han realizado una adecuada armonización de sus disposiciones en materia de derechos humanos y con los estándares en la materia.

Ello, añade, se evidencia con el hecho de que son cada vez más personas las que, mediante juicio de amparo, buscan el reconocimiento de sus derechos humanos, argumentando falta de adecuación de las normas locales con la Constitución y con los tratados internacionales.

Se destaca el importante papel que ha tenido para México la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que ha repercutido en los diversos poderes y órdenes de gobierno del Estado, en especial, a través de las obligaciones básicas impuestas a todos los entes públicos en este tema, y en la interpretación que deben hacer para beneficiar en todo momento a las personas.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Armando Luna Canales (PRI), consideró que no se debe obligar al ciudadano a recurrir a un juicio de amparo para obtener el reconocimiento de un derecho que ya fue reconocido por tratados internacionales y por nuestra Constitución Política.

Estimó que sería un avance importante que las legislaturas adoptaran en sus normas, especialmente civil y familiar, el reconocimiento de los derechos de todas las comunidades.

En su turno, la diputada Maricela Contreras Julián (PRD) se pronunció en pro del exhorto, que está enmarcado en el tema de la armonización legislativa.

Propuso hacer una subcomisión respecto al tema y considerar un trabajo directo con los congresos locales para plantear las modificaciones que se tienen que hacer.

Por su parte, la diputada Cristina Gaytán Hernández, del mismo partido, estimó fundamental que la Cámara de Diputados haga este pronunciamiento sobre la obligatoriedad de los gobiernos y de los congresos en estar apegados a los márgenes internacionales. Expresó que esto no debe quedar en letra muerta sino que se debe ser vigilantes de que se cumpla.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) manifestó su voto a favor y destacó la importancia de los derechos individuales y sociales.

Inician análisis de minutas en materia de suspensión de derechos y expulsión de extranjeros

El diputado presidente Luna Canales expuso el contenido de las minutas que expiden las Leyes Reglamentarias al artículo 29 y 33 de la Constitución Política, la cuales, dijo, en fechas próximas se analizarán en conjunto con la Comisión de Gobernación.

Precisó que se han sostenido diálogos con esta Comisión para delinear una ruta de trabajo con la intención de que a finales de febrero se cuente con un proyecto de dictamen y en los primeros días de marzo se circulen y se realicen las observaciones de los integrantes, a fin de que al término de marzo se puedan votar.

Explicó que la minuta que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29, establece un proceso de suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías a que hace referencia dicho artículo.

Dispone que la restricción o suspensión sólo procederá “en caso de invasión, de perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Dicha medida tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

Asimismo, queda previsto que la restricción o suspensión sólo podrá decretarse por la única razón que los derechos y garantías restringidos o suspendidos fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional, y siempre y cuando sea por el menor tiempo posible.

Respecto a la minuta que expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna, expuso que el objetivo es regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que participen en asuntos políticos del país o que ejerciten, por sí o por interpósita persona, algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios de la forma de gobierno, republicano, representativo, democrático, laico y federal.

Luna Canales estimó que lo más importante es avanzar en la reglamentación. “Y estas reglas son mejores que ninguna, obedecen y cumplen con los más altos estándares internacionales”.

En asuntos generales, el diputado presidente recordó que el próximo 21 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Discriminación Racial, por lo que planteó realizar algunas actividades de índole académica y cultural, así como debates.

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