25-02-2016.- La Cámara de Diputados recibió de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sus consideraciones para la construcción de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria y enviado, para su conocimiento, a las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal, la CDHDF hace mención de las omisiones en la propuesta de ley que el titular del Ejecutivo federal remitió al Senado de la República, como cámara de origen, el pasado 14 de diciembre de 2015.

Entre otras, menciona que la ley debe establecer agravantes, en caso de que los hechos de tortura sean cometidos en cuarteles militares, centros de detención y de readaptación social, y cuando los probables responsables tengan antecedentes de haber cometido dichos actos.

Se omitió incorporar el concepto de indemnización por daño material e inmaterial. Tampoco se prevén los principios mínimos que sirvan como directriz para la elaboración e implementación eficaz de los protocolos de actuación para la investigación y persecución de los delitos.

Se abstiene de precisar que en la elaboración de protocolos deberán participar expertos en la materia, tanto académicos como sociedad civil y organismos de derechos humanos.

Se excluyó establecer mecanismos que garanticen que se informará a los familiares cuando una persona es detenida y trasladada a un lugar de detención; asimismo, se les deben proporcionar todos los datos que les permitan ejercer una defensa adecuada para la persona.

El documento no incluyó un párrafo que obligue a los operadores de justicia a interpretar sus normas de conformidad, no sólo con la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado, sino de acuerdo a la jurisprudencia y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos creados.

Igualmente, se necesita precisar que el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar a la autoridad local que le remita la investigación cuando existan indicios suficientes de que la investigación no es “pronta, imparcial, exhaustiva y diligente”.

La CDHDF destacó que el proyecto no incluye la sanción de actos de tortura cometidos por particulares sin la intervención de agentes del Estado.

Licencia de diputado

El Pleno otorgó licencia por tiempo indefinido al diputado Remberto Estrada Barba (PVEM-Distrito 3, Quintana Roo), para separarse del cargo federal en la LXIII Legislatura, a partir del 2 de marzo.

Comunicaciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) remitió un acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación del traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, a dicho recinto, en el marco del CCX Aniversario de su natalicio. Fue enviado a la Junta de Coordinación Política.

De igual modo, la Segob respondió a 14 puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, referentes a granos transgénicos; campañas de información sobre “grooming”; artefactos de manipulación del clima; comités técnicos de operación hidráulica regionales; apoyos a productores agropecuarios en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán; equipos de cómputo y sistemas de operación de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y seguridad alimentaria.

También, sobre protección y atención de los trabajadores infantiles en Tapachula; acopio de televisores inutilizados por el apagón analógico; productores de maíz de Jalisco; proceso electoral de 2015, efectuado en Argentina; condena internacional contra el ensayo nuclear de la República Popular Democrática de Corea; trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de Ciudad Lerdo, y donación de los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación.

A la Comisión de Puntos Constitucionales se mandó una iniciativa del Congreso del estado de Morelos, que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política, con la finalidad de reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano.

La adición dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del servicio eléctrico. El Estado respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa, de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes”.

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