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| Boletín N°. 1035 | Cámara de Diputados atenderá propuestas ciudadanas y de expertos para construir nueva Ley General de Aguas |
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28-02-2016 La Cámara de Diputados abrirá sus puertas para escuchar, valorar e incluir todas las propuestas ciudadanas, de académicos, científicos, ambientalistas y expertos en torno a la construcción de la nueva Ley General de Aguas, afirmó el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.
Apuntó que diseñar un nuevo marco jurídico es un gran reto y una oportunidad legislativa para establecer los parámetros que garanticen el abasto del recurso vital, su saneamiento integral y optimizar su uso, ya que el 70 por ciento se destina a actividades agrícolas en el país, con un alto porcentaje de desperdicio.
En reunión de trabajo, propuso a los diputados de los diversos grupos parlamentarios evitar que la discusión de esta ley general se contamine con el proceso electoral del presente año, en 12 entidades federativas, donde habrá una alta competencia electoral. “No queremos que esto forme parte de una agenda discursiva que contamine el trabajo serio y profesional para diseñar este marco jurídico”.
Por ello, solicitó recibir y evaluar todas las iniciativas, sin descartar ninguna, para encontrar una mecánica viable de consenso puntual, pasando el período electoral.
El legislador mexiquense sostuvo que ante el reto de crear una Ley General de Aguas, la comisión calendarizó 12 reuniones, para lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La primera se realizará el próximo 9 de marzo con el ambientalista Gabriel Quadri de la Torre.
Anunció que se invitará a comisiones afines al tema del agua, como la de Agricultura y Sistemas de Riego, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, a fin de trabajar conjuntamente para dictaminar la nueva ley general, e incluir las diferentes visiones y perspectivas que debe contener un ordenamiento de esta naturaleza.
“Es un tema totalmente transversal, con enfoques diversos, que deberá abordarse con la participación de todos, ya que existe un interés real de la ciudadanía organizada en participar”, agregó.
Sobre las reglas de operación de los programas hídricos, Pichardo Lechuga informó que la instancia legislativa diseña un manual al respecto, que contribuya a conocer los requisitos detalladamente y contribuir a agilizar el acceso y distribución de los recursos, para aterrizar proyectos en beneficio de la población.
En síntesis, agregó, definir las propuestas con mayor margen de oportunidad para que reciban recursos etiquetados en el Presupuesto Federal del próximo año.
Refirió que para el diseño del presupuesto 2016, la comisión recibió tres mil propuestas, con un valor superior a los 55 mil millones de pesos. De ellas, “menos de la mitad cumplían con los documentos básicos para ser consideradas en la distribución de recursos; las demás quedaban en cartas de buenas intenciones”.
Este manual, aseguró, contribuirá a integrar los expedientes de manera eficiente con objetivos claros y susceptibles de realizarse en las comunidades que requieren obras de infraestructura hídrica.
La diputada del PAN, Nadia Vega Olivas, apuntó que la construcción de la Ley General de Aguas deberá respaldarse plenamente en las opiniones de académicos, ambientalistas, expertos, órganos consultivos y dependencias públicas. Llamó a sus homólogos a participar comprometidos en su diseño, porque impacta a todos, además de incluir la visión de las comunidades para no centralizar la propuesta.
Respecto a la reglas de operación de los programas hídricos subsidiados, el diputado panista Ariel Enrique Corona Rodríguez resaltó la importancia de que se contrate la mano de obra de los habitantes de las comunidades. Se atendería así a la población más vulnerable, al ofrecerle una oportunidad de empleo formal.
Apuntó que “como legisladores tenemos que definir las reglas en que se gestionará la distribución del agua en el país”. Resaltó la necesidad de conjuntar recursos entre los diversos órdenes de gobierno, para llevar a cabo los proyectos.
También del PAN, el diputado Javier Bolaños Aguilar urgió a fiscalizar los sistemas operadores de agua potable municipales, porque “muchos han sido saqueados, quebrados y los responsables están impunes, pese a provocar un grave daño a la estabilidad social de las comunidades que carecen del abasto del vital líquido”.
Propuso una revisión jurídica al marco que norma este funcionamiento, para que intervenga la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su reglamentación y “se castigue a los administradores y no a los usuarios”, a través de una propuesta consensuada entre los diversos grupos parlamentarios.
El diputado del PRI, Christian Joaquín Sánchez, mencionó la urgencia de otorgar justicia social a la mayor cantidad de mexicanos, mediante el acceso a servicios indispensables como el abasto de agua entubada en comunidades de alta marginación, mediante el apoyo financiero al cien por ciento de la inversión, sin exigir el Pari passu.
El priista Ramón Villagómez Guerrero reconoció avances en el diseño de las reglas de operación, las cuales se pueden remitir al Ramo 33 del Presupuesto Federal para que los municipios se alleguen fondos y se eviten subejercicios, con lo cual “se elimina una traba que impedía la construcción de infraestructura”.
De la misma bancada, la diputada Xitlalic Ceja García resaltó la necesidad de que los Comités de Agua Potable de Usos y Costumbres accedan a recursos financieros federales, para agilizar el proceso y las comunidades indígenas accedan al agua potable. También participó el diputado priista Germán Escobar Manjarrez.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Dennisse Huaffen Torres consideró pertinente la entrega adelantada del 25 por ciento de los apoyos para emprender los proyectos de abasto, alcantarillado y saneamiento de agua, mediante convenios con Banobras.
Por el PRD, el diputado Óscar Ferrer Abalos destacó el impacto negativo que tendrá el recorte de mil millones de pesos en el sector hídrico nacional, al inhibir la construcción de más infraestructura para abastecer agua potable, alcantarillado y saneamiento, por lo que no descartó que se incurrirá en mayor rezago.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (Nueva Alianza) reconoció que las reglas de operación vigentes para las obras hídricas “son más accesibles y flexibles” al no condicionarse la entrega del Pari passu en los casos de municipios con alta marginación y acceder a mayores beneficios directos a través del abasto del líquido. Refleja un esfuerzo conjunto que debe apoyarse.
Del PVEM, el diputado Ángel Sedas Castro Miguel pidió atención inmediata de la Conagua a las demandas de municipios como Carrillo Puerto, Alpatláhuac y Amatlán de los Reyes, en Veracruz, porque no recibieron la validación de los proyectos, pese a contar con el Pari passu, ya que los ciudadanos esperan resultados tangibles.
Por su parte, Francisco José Muñiz Pereyra, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, sostuvo que se priorizan las obras de infraestructura de alto impacto en las zonas urbanas y rurales, en especial en comunidades indígenas de alta marginación, como los proyectos de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento pluvial. Aseguró que son servicios vitales que se garantizan.
Por ello, continuó, se han definido reglas de operación más sencillas apoyadas en nuevos esquemas de planeación e inversión, con el propósito de focalizar los recursos en sectores vulnerables para abatir la carencia de los servicios hídricos de ocho millones de personas.
Explicó que la Conagua construye una propuesta para que los municipios regulen directamente el abasto de agua a los habitantes; una vez que la concluya, se entregará a los diputados, a fin de que la evalúen y la conviertan en una realidad.
Alfonso Camarena Larriva, coordinador de Asesores de la Conagua, indicó que ante el ajuste presupuestal se consideran tres elementos para la distribución de fondos: capacidad de la entidad federativa para aportar el Pari passu; presentación de anexos de los proyectos, donde intervienen los criterios de factibilidad, y comportamiento histórico de cada estado para ejecutar las obras y usar los recursos, premiando la eficiencia.
Los recursos federalizados enviados por la Conagua a las entidades, y no se ejercieron, ascendieron, en el 2010, a mil 940 millones de pesos (mdp); en 2011 fueron dos mil 128; en 2012, dos mil 400; en 2013, mil 400, y en 2014, mil 200 mdp; es decir, “cada año se han dejado de ejercer, en promedio, mil millones de pesos por deficiencias”.
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