06-07-2016.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, en términos del dictamen, la minuta con proyecto de decreto que expide las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal.

El documento avalado en lo general, con 346 votos a favor y 82 en contra, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva, informó que el Ejecutivo federal hizo observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas correspondientes a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, tercer párrafo; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, por lo que la discusión del dictamen versaría únicamente sobre las observaciones a dichos artículos.

Previamente, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avaló dicho dictamen con 18 votos a favor y seis en contra, en términos de la minuta enviada por el Senado de la República.

Durante la sesión, al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), presidente de dicha comisión, explicó que en los citados artículos se elimina la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión.

Detalló que con las modificaciones del Ejecutivo, en el artículo 3 y 4 se omite a la persona física o moral como sujeto obligado a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

En el 27, agregó, se elimina la obligación de los particulares de inscribir sus datos públicos en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de la Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional.

Añadió que en el artículo 30 se elimina a los particulares de la posibilidad de que las secretarías y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las declaraciones mencionadas.

En el artículo 32 se señala la obligación exclusiva de los servidores públicos a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Mientras que en el 33, se eliminan los plazos para la presentación de la declaración inicial de modificación patrimonial para los particulares, precisó.

Respecto al artículo 37, agregó, se excluye a los particulares que en razón de los recursos recibidos o contratados celebrados por un ente público, de que las secretarías y los órganos de control soliciten la aclaración de su situación patrimonial.

El 46, dijo, señala a los servidores públicos como los únicos obligados a presentar declaración de intereses y patrimonial. Se excluye en el artículo 73 como falta de particulares en situación especial, la omisión de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Mientras, del artículo 81 se elimina la posibilidad de imponer sanciones a una persona moral.

Al iniciar la ronda de posicionamientos, la diputada de Encuentro Social, Melissa Torres Sandoval, consideró que las observaciones del Ejecutivo federal a esta norma apelan a la obligación de escuchar a la sociedad. “La rectificación es parte de la naturaleza humana. Implica corregir y perfeccionar lo que hace posible construir un mejor gobierno”, agregó.

Destacó que con las modificaciones al artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, no tendrá que presentar sus declaraciones la población inscrita en programas sociales ni los estudiantes becados, entre otros, lo cual, de lo contrario, “no constituiría un mecanismo efectivo en el combate a la corrupción”.

De Nueva Alianza, el diputado Mariano Lara Salazar celebró la participación de la ciudadanía en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de los nuevos medios de expresión y comunicación, como las redes sociales.

Precisó que con la promulgación de las leyes que regulan dicho sistema, no culmina el combate a las malas prácticas de los servidores públicos, sino que los legisladores deben estar atentos a la aplicación del nuevo marco legislativo a fin de que se cumpla con las expectativas de los mexicanos.

Clemente Castañeda Hoeflich, representante de Movimiento Ciudadano, espetó: “El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo, y pretende agotar la discusión sobre la Ley 3de3”.

Precisó que aunque su fracción parlamentaria respalda las correcciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, también señala que las disposiciones de su artículo 32 eran excesivas, inoperantes y absurdas, además de inconstitucionales, pues sólo respondían a un aire revanchista en contra del sector empresarial.

La diputada Araceli Damián Gonzales, de Morena, aseguró que el veto enviado por el Ejecutivo antepone los intereses particulares al del bien común, bajo el argumento en que lo aprobado con anterioridad atenta contra los derechos de los particulares, no obstante que, subrayó nada de lo establecido restringe las garantías individuales.

Sostuvo que lo grandes empresarios con contratos con el gobierno y que, en algunos casos, financian campañas, deben tener la obligación de presentar su 3de3. Propuso crear una Comisión de la Verdad que investigue a expresidentes por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La diputada del PVEM, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye un capítulo referente a la integridad de las personas morales, en donde obliga a los empresarios manifestar cuando haya un conflicto de intereses en los negocios que formen con el gobierno y se establecen las sanciones por faltas que pudieran cometerse.

Sugirió que las sanciones administrativas sean vinculatorias con acciones penales debido a que antes se aprobaron reformas al Código Penal Federal en las que se crearon tipos específicos, no sólo para servidores públicos, sino también para los particulares por delitos como el tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y “la práctica del moche”.

El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) lamentó que “el Ejecutivo federal haya perdido la oportunidad histórica de generar las condiciones de un sistema robusto, de un sistema nacional que no fuera protector ni defensa de la impunidad”.

Aclaró que no está en contra de los empresarios, del desarrollo, del impulso de la economía y de la inversión sino del contubernio, de la lucha de intereses de grupos tan importantes como Banca Monex, Grupo Higa y OHL. Enfatizó que su grupo parlamentario votaría en contra de esta propuesta “porque de manera clara demuestra que el Ejecutivo quiere un Estado de corrupción y un Estado de opacidad”.

En tanto, la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) celebró que, aunque tardíamente, se corrija el artículo 32 y sus correlativos, y anunció su voto a favor al estimar que es adecuada la decisión del Ejecutivo, aunque incompleta sobre el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas ya que “se quedó corto al no escuchar a los más de 634 mil ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos presentando las declaraciones 3 de 3”.

No tomó en cuenta las deficiencias del artículo 29 para que toda la información de bienes o intereses de los funcionarios sea pública tal y como lo mandata la Constitución Política. Expresó su convicción de que a México le urge detener las inercias de “una sociedad sometida y acostumbrada a la reproducción de prácticas indeseables como el chantaje, soborno y la complicidad entre gobierno y particulares para obtener preventas económicas”.

Por el PRI, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores resaltó que las observaciones del Ejecutivo se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes.

Aclaró que la forma en que fueron aprobados los artículos observados por el Ejecutivo, pondrían en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y resultaría contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales. Enfatizó que la eliminación de algunos incisos no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.

Durante la discusión, la diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) anunció su voto en contra del dictamen al estimar que no se corrigieron los errores, las insuficiencias y las limitaciones contenidas en el conjunto de leyes anticorrupción aprobadas por el Congreso de la Unión. “México pierde la oportunidad de contar con instrumentos jurídicos eficaces y reales para combatir la corrupción”.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) expresó que los artículos a discusión son contrarios a los derechos humanos previstos en la Constitución, perturban la vida privada y la protección de los datos personales de todos los mexicanos y de quienes realizan transacciones contractuales con el gobierno, y no abona en su fortalecimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. “Actuemos a favor de todos y no de intereses propios; a trabajar en conjunto para erradicar las malas prácticas. Sumémonos en la práctica a un mejor gobierno, démosle brillo a nuestras instituciones”.

Jorge Álvarez Maynez, legislador de Movimiento Ciudadano, indicó que las modificaciones tienen congruencia con lo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Llamó a promover un bloque legislativo para iniciar una acción de inconstitucionalidad, y otorgar a los ciudadanos un instrumento de combate a la corrupción y rendición de cuentas.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) solicitó firmar la acción de inconstitucionalidad, con la finalidad de dignificar a la política. “Estamos seguros que las observaciones al artículo 32 van ayudar, pero no cantemos victoria ante un tema de corrupción que puede seguir estando presente, tenemos que atajarlo. Requerimos que todos los funcionarios públicos tengamos voluntad política para establecer esta modificación”.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) mencionó que su voto sería en contra, porque no está incluida la obligación de publicitar las declaraciones patrimoniales de intereses de servidores públicos que es una de las principales demandas de la ciudadanía. “La sociedad ya no requiere discursos, sino hechos”.

Por su parte, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) resaltó que nadie puede estar a favor de la corrupción, se tiene que hacer una ley simple y fácil de cumplir que “no se llene de burocratismo” en el que nadie pueda hacer nada. “Estamos hartos de exgobernadores, funcionarios ricos y de empresarios de ocasión que se hacen de un momento a otro millonarios”.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) indicó que su voto sería en sentido negativo, pues se deja fuera del Sistema Nacional de Anticorrupción a estos grupos que se enriquecen a costa de los recursos públicos; por el contrario, dijo, “exigimos cumplan con transparentar sus exorbitantes ingresos y se dé seguimiento al patrimonio de los servidores públicos”

De Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen enfatizó que se advirtió que había inconsistencias, que estaban sembrando posibles situaciones que dejaban en indefensión en todo el Sistema Nacional de Anticorrupción, por lo que estaba a favor de estas reformas. “Nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco bajo el manto de la impunidad”.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD) anunció su voto en contra del dictamen porque su objetivo y misión es respetar la voluntad ciudadana y fortalecer la vida democrática del país y “esto se logra combatiendo la corrupción y desterrando la impunidad, no tapando los errores con vetos que vetan la transparencia y generan tratos de excepción, eso es un nuevo error”.

Por último, la diputada Yulma Rocha Aguilar (PRI) aseguró que los particulares, los empresarios y toda la ciudadanía están dispuestos a ser parte de la solución del grave problema de la corrupción. Anunció su voto a favor y estimó que con esto se da un paso contundente e histórico para combatir la corrupción en nuestro país.

Previamente, el Pleno cameral rechazó una moción suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio (Morena), quien acusó que esta nueva modificación a la también conocida Ley 3de3, es muestra de que “no existe seriedad en el estudio de las leyes y el trabajo legislativo” del Congreso de la Unión.

Discusión en lo particular

Para su discusión en lo particular, diputados del PRD y Morena reservaron los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales fueron rechazados y con 314 votos a favor y 104 en contra, quedaron en términos del dictamen.

-- ooOoo --