08-06-2016 El Grupo de Trabajo en Materia de Fiscalización entregará este jueves a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, un “documento sólido, integral y consensado en un 90 por ciento”, que servirá de base para dictaminar la nueva la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), presidente colegiado del Grupo de Trabajo, quien encabeza también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), aseguró que “no está descafeinado el documento” e incluye la mayor parte de las propuestas de los grupos parlamentarios.

Es un texto más avanzado que lo que es la actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, afirmó. El objetivo es que la comisión respectiva presente el dictamen de la ley al Pleno de la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario de sesiones que inicia el próximo 13 de junio, para su aprobación.

De esta forma, sostuvo, se tendrá una posición adelantada frente a las dificultades que se han presentado en el Senado con algunas de las otras leyes del paquete integral. Hizo votos por que en la comisión dictaminadora se mejore y enriquezca la propuesta y se logre no sólo el consenso sino la unanimidad en un tema tan importante y relevante para la sociedad.

Este nuevo marco jurídico, aseguró, permitirá que el trabajo de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sea más eficaz, más clara la rendición de cuentas y haya transparencia en el manejo de los recursos públicos que son de la ciudadanía.

Para ello, los diversos grupos parlamentarios tendrán hasta mañana jueves para entregar los asuntos conceptuales y comentarios, a fin de lograr un mayor acercamiento, y sean adjuntados a la propuesta final que se entregará a la Jucopo, a la comisión dictaminadora y a la CVASF, que emitirá una opinión.

Respecto a los temas más polémicos, Maldonado Venegas comentó que hay distintos enfoques en cuatro o cinco rubros particulares, que son sujetos de interpretación, entre los que destacan, la facultad que tiene en la Constitución la ASF para auditar de manera directa las participaciones estatales.

“Las participaciones son recursos propios de los estados, nadie está quitándoles en el documento la posibilidad de auditar directamente, pero respetando la reforma. Es decir, se hará en coadyuvancia con los gobiernos de los estados, pues supone dentro del espíritu federalista que tendrá que ser en un marco de coordinación. Nadie está disminuyendo, en lo más mínimo, lo que ya es un mandato constitucional”, explicó.

Indicó que se incluye la facultad investigadora de la Auditoría Superior, la cual no viene como título de un capítulo, porque se fusiona a los temas de procesos sustanciados en materia fiscalizadora. Por supuesto, continuó, “están fortalecidas y ampliadas sus facultades y el problema se trasladaría a un tema presupuestal, para designar los recursos necesarios y cumpla las responsabilidades que se duplican de entrada. Ahora habrá que luchar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por hacer compatible, también, la suficiencia de recursos”.

Víctor Andrade, titular de Asuntos Jurídicos de la ASF, aseveró que desde la perspectiva de ese órgano, “es muy importante partir con un documento único con grado de consenso que sea el punto de inicio de la discusión en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para que dictamine”.

En términos generales, la propuesta aborda los temas objeto de la reforma constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), enriquecida con las opiniones de la ASF.

A nombre de la Auditoría Superior, solicitó a los diputados que en el dictamen se fortalezca al órgano fiscalizador; se preserve en todo momento la autonomía técnica y de gestión, y tenga plena alineación con las leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción como la de Responsabilidades se logre “un dictamen que permita efectivamente materializar lo que ya se plasmó en el Congreso de la Unión en la reforma que estableció el SNA”.

Al fijar su pronunciamiento a nombre del PRD, Maldonado Venegas, indicó que entregará una veintena de comentarios entre los que destacan que los requisitos para nombrar al Auditor Superior de la Federación sean mejorados y que el informe que presenta la ASF sea desarrollado de manera amplia, ya que es una pieza clave para las comisiones de Vigilancia de la ASF y Presupuesto y Cuenta Pública.

Asimismo, el establecimiento de mecanismos que permitan evaluar de manera eficaz la política pública.

Vidal Llerenas Morales (Morena) resaltó que es fundamental que cualquier empréstito que sea respaldado con participaciones federales pueda ser auditado por la ASF.

El diputado Edgar Romo García (PRI) resaltó que con este proyecto se llegó a un documento de partida, donde hay mucho acercamiento por parte de las diversas fuerzas políticas, pues se fortalecen las facultades de la ASF en cuanto a su competencia.

Subrayó que con la reciente Ley de Disciplina Financiera se establecen las normas que regulan las deudas de los estados. “Hoy los gobernadores ya no pueden solicitar deuda con un mandato general, ahora tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de los congresos locales”.

El priista Pedro Luis Noble Monterrubio mencionó las bondades del documento, como la fiscalización del gasto federalizado, de las participaciones, de la deuda pública de estados y municipios, y el fincamiento de responsabilidades, entre otras. Apuntó que la estructura de la propuesta contiene metodología y técnica legislativa, marcada en la Constitución.

“Si se respeta el federalismo, mi fracción parlamentaria, con responsabilidad y compromiso social, será respetuosa de la Constitución y de todas las leyes que de ella emanan. Por eso, en materia de fiscalización de las participaciones, está claro el proyecto. Si tenemos coordinación en los rubros electoral y tributario, por supuesto que en fiscalización se logrará”.

Los panistas, Emma Margarita Alemán Olvera, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam y Luis Gilberto Marrón Agustín, destacaron que su fracción no acompañará este documento, ya que en lugar de sumar propuestas se han retirado y en otros casos, sólo se han dado “pinceladas” de algunas observaciones.

En este sentido, ejemplificaron que en el tema de las participaciones, es muy claro el mandato constitucional: la ASF fiscalizará directamente las participaciones federales, por lo que es un retroceso lo que se propone en el proyecto.

Agregaron que se busca no quitar las participaciones a los estados, sino que se pueda fiscalizar el mayor número de recursos públicos y con las auditorías a dichas participaciones, se podría alcanzar una supervisión de hasta un 90 por ciento de estos recursos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) mencionó que aún hay temas pendientes que permitan a la ASF ser autónoma; no está claro por qué tiene que estar dirigida por el Fiscal de Anticorrupción, si se supone que esta se encargará de auditarlos a ellos.

Además, puntualizó que las auditorías excepcionales no se deben eliminar y el informe debe ser público y de acceso para cualquier persona, por ello hará algunas reservas.

En representación de Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, reconoció el esfuerzo y el buen juicio político para integrar este documento base, el cual deberá enriquecerse con todas las aportaciones de las diversas fracciones, por lo que pidió no quedarse con un sentimiento de que estamos haciendo las cosas mal.

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