• En este nuevo sistema, la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos: Álvaro Ibarra

14-06-2016.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

El documento, aprobado con 449 votos en lo general, también adiciona las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de especificar los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.

El ordenamiento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, plantea que los principios rectores del Sistema Penitenciario sean la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, expresó que este documento forma parte del marco normativo que lleva a fortalecer un camino iniciado hace ocho años con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, para transitar de una justicia escrita e inquisitiva hacia una oral y adversarial.

Indicó que en este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y, sobre todo, la atención del derecho de las víctimas.

“El día de hoy, estamos cumpliendo con el compromiso que nos marcó el Constituyente Permanente, de darle a los mexicanos antes del 18 de junio del 2016, las herramientas que permitan hacer realidad en las leyes secundarias los principios consagrados en la Ley Suprema”, afirmó.

El propósito de la Ley Nacional de Ejecución Penal es precisar las normas que deben observarse durante la prisión, ya sea preventiva o compurgando una sentencia, buscando respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones, bajo el principio de reinserción social.

En esta nueva ley, se definen las atribuciones y alcances de la figura del juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sea aplicada sin abusos ni privilegios.

Se contemplan permisos humanitarios de salida, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino. También, brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas.

Ofrece la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para que se garantice el respeto de sus derechos, mientras dure su internamiento, y un novedoso enfoque de justicia restaurativa, contemplado en los programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) señaló que con el dictamen se sientan las bases del nuevo sistema penitenciario, que tiene como fin la efectiva readaptación del sentenciado y su reinserción social, y contribuye a garantizar el debido proceso y la integridad física de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, así como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradición.

Indicó que la falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el autogobierno y el abuso de las autoridades carcelarias en prejuicio de los internos. Además, 40 por ciento de la población penitenciaria no ha sido sentenciada, por lo cual la nueva legislación establece que los centros penitenciarios se dividirán en dos secciones: para la extinción de penas y para la prisión preventiva.

Carlos Gutiérrez García, legislador de Nueva Alianza, subrayó que según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta junio del año pasado la población carcelaria en el país era de 255 mil 138 internos, de los cuales el 80.73 por ciento se encuentra por delitos del fuero común y 19.22 por delitos del fuero federal, por lo que es prioritario atender las necesidades de este sector de la población, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye una oportunidad para brindar mejores condiciones a quienes cumplen una condena.

Precisó que la nueva ley estipula que las mujeres privadas de la libertad tendrán acceso a derechos específicos, así como condiciones especiales para niñas y niños que nazcan en los centros de reclusión. Se establece que las autoridades penitenciarias organizarán la administración y operación del sistema sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco relató que las reformas en materia de ejecución penal, de adolescentes y de delincuencia organizada, eran pendientes legislativos, pues la implementación del nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactarán de manera negativa en la operación del modelo de juicios orales y retrasarán la consolidación de una justicia eficaz y adecuada.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los estados más rezagados son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco y Nayarit. “Es importante que esta reforma lleve a una dirección correcta. Hay dos grandes ejes en la misma: la judicialización del procedimiento de ejecución de las sanciones penales y el establecimiento de un nuevo paradigma del sistema penitenciario, relativo a la reinserción social del sentenciado”.

El legislador Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) argumentó que el sistema carcelario en México enfrenta una profunda crisis, por lo que la Ley Nacional de Ejecución Penal adquiere una relevancia trascendental. Se necesita limitar y controlar a las autoridades administrativas respecto al tratamiento en los centros penitenciarios, mediante la figura del juez de ejecución, ya que el sentenciado es una persona sujeto de derecho.

En la medida en que el nuevo sistema de justicia penal sea puesto completamente en marcha, con eficacia y bajo el principio de legalidad, será posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario. Se requiere prevenir la corrupción en los centros penitenciarios, utilizar de mejor manera los recursos destinados al sistema penal, pues México es de los países en Latinoamérica que más gasta en mantener a sus reos, dar mayor impulso a programas de trabajo y capacitación.

La diputada Lía Limón García (PVEM) destacó que la ley contribuirá a un sistema de ejecución de sentencias penales pronto y expedito bajo la óptica del debido proceso y en aras de lograr la reinserción de las personas sentenciadas. “Sin duda alguna, creemos que esta ley va a contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro país”.

Explicó que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal armonizará el sistema de cumplimiento de penas impuestas por resolución judicial, internamiento por prisión preventiva y dará mayor claridad a los procedimientos que surjan con motivo de las controversias de la ejecución penal. En particular, busca la reinserción social, reducir el hacinamiento, y mejorar las condiciones de vida de los reos.

Cristina Teresa García Bravo, legisladora del PRD, mencionó que el sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los principios constitucionales. “Representa además, un gran costo económico y social, porque no reinserta, no capacita para el trabajo, no educa y no dignifica la persona, y lo más grave, no propicia la reparación del daño a las víctimas.

Esta ley permitirá concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario. Busca remediar las pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones y establecer las bases para el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad, impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) resaltó que la Ley presenta propuestas claras y concretas para transformar el sistema penitenciario del país; no obstante, consideró que su cumplimiento supone una obligación del Poder Legislativo. No basta con votar una ley que es necesaria, debemos darle seguimiento para que todo lo establecido no sea letra muerta.

La reforma constitucional en materia de justicia penal del 17 de junio de 2008, fue una de las decisiones más relevantes ya que se estableció un nuevo modelo para la convivencia y orden social en nuestro país, mismo que desafortunadamente no ha podido ser puesto en marcha a plenitud.

César Alejandro Domínguez Domínguez, legislador del PRI, mencionó que en el país existen 387 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 203 mil 228 personas; sin embargo, hay una sobrepoblación de más de 54 mil reos, “lo que significa: hacinamiento, problemas internos, pleitos y enfrentamientos, mezclar primodelincuentes con delincuentes de alta peligrosidad, desorden y autogobierno”.

Indicó que se busca atender la problemática existente, regular el internamiento por prisión preventiva, ejecución puntual de una penalidad, medidas judiciales, todo esto, cumpliendo con los principios y garantías constitucionales y tratados internacionales.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) se pronunció a favor del dictamen, toda vez que se establecen con claridad los beneficios de libertad anticipada, a los cuales las personas sentenciadas podrán acceder, lo que abonará a reducir el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios.

Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, mencionó que su voto sería positivo, pero solicitó se establezcan mesas interinstitucionales respectivas, para dar atención debida a los derechos de mujeres privadas de su libertad, en donde se estipulan el derecho a la maternidad y lactancia.

Con 391 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, las reservas a los artículos: 9, 10, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y 188 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

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