16-06-2016.-

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 459 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobado previamente por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El presidente de esta comisión, Rogerio Castro Vázquez, resaltó que el objetivo de esta nueva Ley y las reformas correspondientes en materia de fiscalización y rendición de cuentas públicas, es fortalecer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su capacidad para analizar las cuentas públicas y fiscalizar la totalidad de los recursos federales que son transferidos a otros órdenes de gobierno, estatales o municipales.

Asimismo, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos, todo ello, en consonancia con el que será el Sistema Nacional Anticorrupción.

Explicó que con las nuevas atribuciones, la ASF podrá iniciar los trabajos de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente y podrá solicitar información del ejercicio en curso o procesos concluidos para la planeación de sus funciones.

La reforma, añadió, la faculta también para fiscalizar los recursos federales transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, tanto los de carácter público como privados.

Se establece que derivado de denuncias y con previa autorización de su titular, la Auditoría podrá fiscalizar a las entidades ya sea durante el ejercicio fiscal en curso o anterior, y éstas deberán proporcionar la información que se les solicite, en los plazos y términos establecidos por la ley.

La ASF, abundó, rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dichas auditorías y promoverá las acciones correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y autoridades competentes.

Por su parte, el diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con cuya opinión se integró el dictamen, destacó que la ley y las reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental, formas parte del entramado jurídico que le dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Se trata, dijo, de una de las facultades exclusivas y originarias de esta Cámara de Diputados. “Debo afirmar, con contundencia, que desde la Contaduría Mayor de Hacienda, creada en el seno de esta soberanía en el siglo XIX, hasta la reforma que dio origen en el 2000 a la Auditoría Superior de la Federación, tenemos hoy la más profunda y trascendente reforma en el marco de la fiscalización”.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario de Encuentro Social, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco destacó que el dictamen es en respuesta a un reclamo social, pues el modelo actual del proceso de fiscalización es ineficaz.

La nueva ley, indicó, permitirá fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad de analizar las cuentas públicas, formular observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir informes que correspondan a esta Cámara de Diputados y denunciar hechos de omisiones ante las autoridades competentes, para que se investiguen vicios ilícitos.

Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, resaltó que el dictamen es de la más alta prioridad para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se fortalecen las atribuciones de la ASF. Entre otras, para investigar, sustanciar y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, en especial, aquellas que deriven en el daño al erario público.

Otro aspecto fundamental es que la Comisión de Vigilancia podrá recibir y procesar solicitudes de la sociedad civil, en relación al Programa Anual de Auditorías que realiza esta instancia fiscalizadora, así como de su funcionamiento.

María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) dijo que con esta nueva ley se pretende conocer el destino y ejercicio de todos los recursos públicos que esta Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación por medio de la ASF, y en caso que los ejecutores del gasto no lo apliquen con los principios de honestidad y transparencia, fincar responsabilidades legales.

La ley, indicó, se inscribe en el Sistema Nacional Anticorrupción como una exigencia de la sociedad para que los recursos se ejerzan de manera correcta, que la riqueza de la nación no sea patrimonio de unos cuantos que impunemente se roban. El recurso que se etiqueta aquí es de todas y de todos los mexicanos. “Es un avance, sin embargo, todavía tenemos varios pendientes, como el caso de las auditorías excepcionales y la reparación del daño”.

Vidal Llerenas Morales (Morena) explicó que la ley tiene dos propósitos básicos: facultar a la ASF para fiscalizar todos los recursos públicos de las entidades federativas, y la posibilidad de la auditoría excepcional, cuando se detecte una falla grave, o se abra una investigación para que, ante el tribunal o la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, se pueda determinar una sanción administrativa o penal.

“Cumplimos a secas, no fuimos más allá de tener una ASF que auxilie de mejor manera a esta Cámara para vigilar el gasto público. Queremos un auditor superior con la fortaleza suficiente para llamar a cuentas a los malos funcionarios, a todos esos gobernadores que endeudaron sus estados; queremos un país en donde haya consecuencias”, concluyó.

Del PVEM, Sharon María Teresa Cuenca Ayala consideró que la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación es vital porque armoniza las normas en comento con la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. Se dota al Estado de herramientas más adecuadas para la fiscalización y el control de recursos públicos.

“Queremos un marco jurídico que genere confianza a la ciudadanía, a través de acciones concretas. Que se puedan alcanzar resultados visibles en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto de que se haga uso de manera eficiente”, puntualizó.

El diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, destacó que a pesar de que se avanza con la agenda de transparencia y anticorrupción y el fortalecimiento de la ASF, queda pendiente un gran reto y un obstáculo enorme para acabar con la corrupción: “el fuero de los altos funcionarios. Mientras el fuero no sea reformado de forma sustantiva y no se permita que los procedimientos penales inicien de inmediato, los malos funcionarios se esconderán tras ese manto y se van a mantener impunes”.

La nueva y necesaria batalla, añadió, es cancelar el fuero constitucional para que todos asumamos la responsabilidad de nuestros actos y las consecuencias jurídicas de una eventual conducta de corrupción. En este sentido, emplazó a todos los grupos parlamentarios a que fijen postura y se pronuncien al respecto.

El panista Luis Gilberto Marrón Agustín señaló que a través de esta ley se actualizan y regulan las nuevas atribuciones de la ASF como órgano vigilante de los recursos públicos federales. “Hoy expedimos un ordenamiento que contempla un mejor diseño institucional de los órganos de fiscalización, que en consecuencia, busca evitar que la corrupción siga lastimando el desarrollo político, económico y social del país.

El dictamen establece objetivos claros a la ASF. “Se contempla un nuevo modelo de promoción de responsabilidades y se establece un nuevo esquema de participación de la sociedad civil o académica, en el proceso de integración de la terna para nombrar al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia”.

Claudia Anaya Mota, del PRI, afirmó que con esta reforma y la nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se moderniza el modelo de fiscalización y se ajusta al Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se busca, dijo, es fortalecer el andamiaje para alcanzar mayor transparencia en el gasto público y que la ASF pueda realizar su tarea de la mejor manera.

“Ahora se podrán revisar las participaciones federales de los estados, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México”. Aunado a todas las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, abundó, se logra que un alcalde, un gobernador o cualquier servidor público pueda ser fiscalizado y sancionado severamente, en caso de caer en malas prácticas.

Se manifestaron en pro del dictamen los diputados Alicia Barrientos Pantoja, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezama, del PVEM y Gonzalo Guízar Valladares, de Encuentro Social.

Previo a ello, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción presentó una adenda al dictamen, a fin de modificar los artículos 51, fracción IV, segundo párrafo; Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo transitorios.

Asimismo, fueron reservados para su discusión en lo particular los artículos 4, 6, 7, 8, 10, 11 Bis, 12, 17, 18, 44, 46, 47, 68, 84, 89 y 93, mismos que al término de la argumentación fueron aprobados en los términos del dictamen, con 349 votos a favor y 101 en contra.

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