• Turnan al Ejecutivo dictamen con las tres normas

16-06-2016.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden las leyes Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; General del Sistema Nacional Anticorrupción, y General de Responsabilidades Administrativas.

En ese orden, las leyes fueron votadas por separado en lo general; la primera por unanimidad de 456 votos; la segunda con 449 votos a favor y 1 en contra, y la última con 338 votos a favor y 110 en contra.

El dictamen, turnado al Ejecutivo, señala que los objetivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción son establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Igualmente, instaurar las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

Al fundamentar el documento, aprobado previamente en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, diputado Rogerio Castro Vázquez, explicó que esta ley general establece las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución.

Este sistema, dijo, se integrará por los comités Coordinador; de Participación Ciudadana y Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales, los cuales concurrirán a través de sus representantes.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, comentó, tiene el fin de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, y las sanciones aplicables para los actos u omisiones en que estos incurran.

En dicha reglamentación, detalló, se establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, las faltas administrativas graves y no graves en las que pueden incurrir y las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.

Indicó que las autoridades facultadas para aplicar esta ley serán las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como los tribunales.

Además, continuó, la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.

Con este nuevo ordenamiento, expuso, están obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial de Interés, los servidores públicos, las personas físicas y morales y las personas físicas que presten sus servicios. En los casos en que la Declaración de Situación Patrimonial del declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable, las secretarías y los órganos internos solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.

El dictamen contiene las faltas administrativas que se consideran graves: cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

En cuanto a las sanciones, dijo, se consideran la suspensión del empleo, destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal, la cual podrá ser hasta por 10 años.

Sobre la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, expuso, se establece la organización del tribunal; los primeros 18 rubros contemplan el conflicto de interés y las 15 causas por las cuales los funcionarios serán impedidos para conocer de estos asuntos.

“Estas son las tres leyes que envía el Senado para su discusión. Nosotros queremos decir de manera clara en este asunto, vamos a ir siempre al fondo en la corrupción política y en la corrupción administrativa”, agregó Castro Vázquez.

Al comenzar con la ronda de posicionamientos, el diputado Manuel Jesús Clouthier (Independiente) consideró que falta seriedad a las Cámaras del Congreso. “La sociedad nos reprocha legislar al vapor. El trabajo legislativo merece respeto, y la pregunta primaria que deberíamos hacernos en esta discusión del Sistema Nacional Anticorrupción es si queremos combatir la corrupción o sólo simular”.

Consideró que la parte positiva es el Sistema Nacional de Fiscalización, pero se necesita revisarlo adecuadamente. “Si se quiere combatir la corrupción, esto no puede ser lo que aprobemos, tenemos que estudiarlo con seriedad. Si nada más queremos simular, mejor les propongo que creemos urgentemente el sistema nacional antisimulación”.

El diputad Hugo Eric Flores Cervantes (Encuentro Social) subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dijo, todo va a quedar en sanciones administrativas. Y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta instancia no es la que revisará, decidirá y dará resoluciones respecto a los funcionarios públicos que infrinjan la ley por actos de corrupción.

Refirió que la ley “nació muerta”, porque desde el principio no se le dio instituciones e infraestructura que permitiera un real equilibrio de poderes. “El Congreso mexicano debería convertirse en el fiscalizador del Poder Ejecutivo, pero, otra vez, estamos dejando que sea el Poder Ejecutivo quien se fiscalice a sí mismo”.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) expuso que la corrupción cuesta demasiado al país; de acuerdo con el estudio “México, Anatomía de la Corrupción”, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la inversión por ese motivo se reduce hasta en 5 por ciento, el mismo porcentaje de ventas se pierden anualmente, y hay 480 mil empleos caídos por causa de la piratería.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo, debe ser el inicio de una transformación en el ejercicio del gobierno. Estos ordenamientos nos pondrán en el camino correcto para lograr un México más confiable, más libre y más transparente.

Por Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda Hoeflich refirió que el sistema anticorrupción y las reformas sobre responsabilidades de servidores públicos, rediseñan las instituciones públicas. “Esta reforma representa una oportunidad para romper con el pasado que instauró un régimen de corrupción, privilegios y complicidad, que tanto daño le ha hecho al país y que tanto indigna a todos y a todas las mexicanas”.

Manifestó que “rechazar la iniciativa 3 de 3, y la sistemática oposición a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales públicas completas y obligatorias, será la gran deuda de esta legislatura con los ciudadanos. “Hoy el Poder Legislativo le está fallando a los mexicanos en un aspecto central. Falla al no escucharlos, al no ser capaces de entender que la gran demanda ciudadana, es una ley 3 de 3 obligatoria y transparente”.

De Morena, la diputada Ernestina Godoy Ramos afirmó que la minuta enviada por el Senado contiene un modelo burocrático y minimalista del Sistema Nacional Anticorrupción, carece de instrumentos efectivos para prevenirla y combatirla, reproduce los mismos errores, y no cambia el terreno ni las reglas del juego que no sólo permiten, sino que generan la corrupción.

“Tenemos que extirpar la corrupción y evitar simulaciones; el mensaje de la sociedad es claro y Morena asume la responsabilidad de luchar por extirparla de raíz, con medidas que vayan al origen del problema”, añadió.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) subrayó que la corrupción es un mal que deja una estela de conductas que daña las instituciones, trasgrede derechos y condiciona el crecimiento económico, social y político.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es el eje principal del Sistema Nacional Anticorrupción, pues incluye una iniciativa ciudadana y establece la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno. “Es lamentable que se reduzca sólo a la famosa 3 de 3”.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), indicó que la corrupción es el peor cáncer del país, consume el 9 por ciento del PIB, casi el 20 por ciento del Presupuesto de Egresos. “Hoy es un día histórico, porque luego de 10 meses de discusión se tiene un documento que hará frente a la crisis institucional que vive el país”.

No obstante, consideró necesario analizar la exigencia ciudadana, de más de 635 mil firmas que respaldan que todos los funcionarios y representantes populares presenten la declaración 3 de 3. “No podemos pedirles a las empresas y a las personas físicas y morales que cumplan y nosotros, quienes estamos aprobando todo este sistema que pretende atacar la corrupción, nos neguemos”.

Del PAN, Cecilia Romero Castillo señaló que la corrupción es un modo de conseguir negocios, prebendas, poder, y su fruto es la impunidad. Además de la pobreza, la desigualdad, y la ignominia, la corrupción es el origen de los males que padece este país.

Hizo votos para que todo el proceso que constituye el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, sea el inicio de un camino muy largo de cambio de leyes para que la política sea generadora de esperanza. “No es una varita mágica, no es agua bendita, pero es perfectible, tiene defectos, pero podemos partir de algo”.

El diputado Edgar Romo García (PRI) sostuvo que el día de hoy no sólo damos cumplimiento a la obligación constitucional de integrar un Sistema Nacional Anticorrupción, sino se logra un avance decidido a combatir el cáncer más peligroso de nuestro sistema público, y lo que genera mayores obstáculos para un mejor desarrollo de nuestro país, que es la corrupción.

“Hoy tenemos un gran acuerdo en un Sistema Nacional Anticorrupción que comprende más de 700 artículos, distribuidos en 7 leyes y que posiblemente exista el disenso en algunos de ellos”. Sin embargo, aseguró, va a ser vigente la declaración 3 de 3. “Estará vigente la obligación inexcusable de todos los servidores públicos para presentar tres declaraciones y hacerlas públicas”.

Durante la discusión en lo general, el diputado Jorge Álvarez Maynez (MC), se pronunció en contra del dictamen, ya que no se tomó la postura sobre la ley 3 de 3, propuesta por los ciudadanos.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama del PVEM, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción establece que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción no solamente sean sancionados, sino obligados a resarcir los daños.

Del grupo de Morena, Guadalupe Hernández Correa señaló que la corrupción es un fenómeno de consecuencias negativas, y en México es una práctica extendida gracias a los altos índices de impunidad.

La diputada Candelaria Ochoa Avalos (MC) consideró que la llamada Ley 3 de 3 es fundamental, y la reforma falla a los mexicanos al no establecer esas declaraciones como obligatorias.

Omar Ortega Álvarez, del PRD, expresó el compromiso por acabar con los flagelos que dañan al país como la impunidad, opacidad y corrupción, que tanto laceran el Estado mexicano. Resaltó la importancia de la minuta, ya que atiende un reclamo ciudadano. “Estamos a favor de un sistema que dé transparencia y rendición de cuentas, que no dé paso a la opacidad”.

Votación en lo particular

Luego de la fundamentación del dictamen, el Pleno rechazó una moción suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio (Morena), quien consideró que la minuta enviada por el Senado de la República se debía conocer a fondo.

La votación de los artículos reservados 1, 43 y 46 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue de 392 votos a favor y 55 en contra para continuar en términos del dictamen.

En tanto, se emitieron 384 votos a favor, 63 en contra y cuatro abstenciones en la votación en particular de los artículos reservados 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 51, 56, 57 y 59 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que quedo en los términos del dictamen.

Finalmente, los legisladores aprobaron con 241 votos a favor y 212 votos en contra, los artículos reservados 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 50, 54, 57, 61, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 88, 89, 91, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 132, 200, 208, 210, 222 y 223 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales permanecieron en términos del dictamen.

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