• Crecimiento demográfico y mala distribución de la población debilita el dinamismo productivo y económico de México

27-06-2016.- El presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Pinto Torres, impulsa reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos para que la construcción de edificaciones destinadas a uso habitacional, comercial, de servicios o industrial se haga bajo criterios de protección ambiental y eficiencia energética.

El legislador por Nueva Alianza agregó que la reforma establece que la legislación estatal de desarrollo urbano deberá incluir disposiciones para la construcción sustentable e inteligente de nuevas edificaciones y la renovación de las ya existentes, de índole público o privado.

Actualmente, las edificaciones aportan aproximadamente la tercera parte de las emisiones totales de Gases Efecto Invernadero y son responsables del 40 por ciento de consumo de energía eléctrica, según estudios del Centro Mario Molina.

A pesar de ello, señaló, no existe ninguna disposición a nivel nacional que obligue a las entidades federativas y municipios a expedir normas vinculatorias en materia de una edificación sustentable.

Por ello, explicó, la iniciativa que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la ley en mención promueve el uso de energías renovables mediante tecnologías limpias aplicables a edificaciones, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, garantizando la seguridad estructural de las mismas.

El también secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que reformar dicha norma equivaldría a normar la transición de todo el país, a través de cada una de sus localidades, hacia una edificación sustentable e inteligente.

Si bien, esto podría representar un incremento de los costos de construcción, a la larga resultará un ahorro importante en cuanto a gastos de operación, ya que actualmente el consumo de agua y energía se elevan como consecuencia de un mal diseño de edificación.

Argumentó que México vive un acelerado crecimiento demográfico y una distribución desequilibrada de su población, lo que genera problemas de desigualdad, falta de infraestructura básica, inseguridad, congestión y contaminación que debilita el dinamismo productivo y económico del país.

Agregó que la mala localización de las construcciones intensifica el gasto en transporte y provoca un aumento en el consumo de combustibles fósiles, situación que genera mayores costos de abastecimiento de servicios básicos.

Destacó que, de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU), para 2020 y 2030 se proyecta que la población que habita en zonas metropolitanas llegue a 72.4 y 78 millones de habitantes, respectivamente.

En la actualidad nuestro país cuenta con una de las más grandes urbes del mundo: la Ciudad de México; en tanto, la zona metropolitana del Valle de México se clasifica como la cuarta urbe más grande a nivel mundial, con alrededor de 21 millones de habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pinto Torres subrayó que entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas en nuestro país aumentó de 55 a 59 y su población creció 23.8 por ciento, al pasar de 51.5 a 63.8 millones.

Al no existir ninguna ley a nivel nacional de la cual se derive la obligación para todos los órdenes de gobierno a crear un marco legal, que prescriba de manera integral y obligatoria el desarrollo de una edificación sustentable en el país, es necesario que la estructura del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, lleve a cabo una gestión estratégica y sustentable de las ciudades.

El documento se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

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