03-03-2016.- El Pleno cameral exhortó a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes y de organismos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción.

El documento, avalado en votación económica, refiere que, según el Instituto para la Economía y la Paz, la corrupción incide de manera directa en los niveles de impunidad en todos los ámbitos, incluidos los de violencia e inseguridad.

Asimismo, provoca la disminución de la inversión privada, que es más de 5 por ciento menor en los países corruptos, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y afecta de manera drástica la confianza de los ciudadanos.

Subraya que, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a pesar de que cada vez se invierten mayores recursos para combatir la corrupción, “se sigue cayendo la calificación del país en esta materia”.

Es decir, añade, en los últimos 10 años se ha duplicado el monto de recursos para combatir este fenómeno, alcanzando más de 4 mil 400 millones de pesos anuales, y en el mismo periodo el país ha pasado de la posición 64 a la 103 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (Movimiento Ciudadano), promovente del punto de acuerdo, considerado de urgente resolución, resaltó que para enfrentar la crisis de corrupción por la que atravesamos se debe atender el diseño institucional, imponer castigos, limitar el comportamiento discrecional e inhibir los actos de corrupción con reglas muy claras.

Asimismo, dijo, se necesita entender y estar conscientes de que esta crisis fundamentalmente es responsabilidad de la clase política y por ello “se requiere voluntad política para enviar un mensaje claro de que quienes ocupamos estos cargos de responsabilidad estamos dispuestos a hacer lo correcto”.

Durante la sesión, diversos diputados expresaron comentarios al respecto desde su curul.

El legislador Francisco Martínez Neri (PRD) invitó a sus compañeros a apoyar la propuesta, ya que es una forma de demostrar que “efectivamente queremos vivir en un país en el cual la corrupción sea desterrada totalmente”.

Del mismo modo, la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN) se pronunció a favor del acuerdo y comentó que en su grupo parlamentario conciben la transparencia como el primer paso para erradicar “el mayor lastre que ha estancado a nuestra nación por décadas; la corrupción en la función pública”.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) respaldó la propuesta y se pronunció por que sea más que una intención y un simple deseo y que “la transparencia, de verdad, atraviese todas nuestras actividades, en el Legislativo, empezando con nuestra responsabilidad, en el Ejecutivo y en los Ejecutivos estatales”. Estimó que la “transparencia no es una bandera política ni podemos dejar que sea una moda. Debe ser una práctica en todos los niveles del Estado mexicano y ese es nuestro compromiso”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que “la única forma de dignificar la política es con la transparencia y honestidad. Y la única forma que tienen los representantes populares y de los órganos autónomos, es transparentando su personalidad y situación patrimonial”.

La diputada Rocío Nahle García (Morena) consideró muy buena la idea e intención de la propuesta, pero la transparencia tiene que ser institucional. “Hay que exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que realice una página y todos los servidores públicos lo hagamos también, pero en forma institucional”.

En tanto, la diputada de Nueva Alianza, Soralla Bañuelos de la Torre, manifestó que su grupo parlamentario estará siempre de acuerdo con las medidas que sean para fomentar la transparencia y combatir la corrupción.

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