09-03-2016.- Despolitizar el tema del agua y diseñar un nuevo marco jurídico congruente con la realidad y coyuntura económica, productiva, social y técnica que permita a México crecer, plantearon diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento rumbo a la construcción de la Ley General de Aguas.

Destacaron la necesidad de mantener los subsidios, vincular el suministro y tratamiento del recurso, hacer eficiente su uso en la agricultura, que los organismos operadores en los municipios dejen de ser “cajas chicas” de alcaldes y alentar la participación ciudadana.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), apuntó que el reto es lograr una ley que contemple todos los aspectos de forma integral para el desarrollo humano y empresarial, además de la conservación de los ecosistemas.

“El reto es reformar al sector”, seguir haciendo lo que se realiza bien y mejorarlo. “Experimentar y proponer acciones para arriesgarse a implementar modelos nuevos que alienten la eficiencia en el manejo del recurso hídrico nacional”. La convocatoria se dio durante una reunión con Gabriel Quadri de la Torre, director general del Sistema Integral de Gestión Ambiental.

Pichardo Lechuga resaltó la importancia del consenso entre legisladores para formarse un criterio que contribuya a aportar ideas innovadoras que enriquezcan la discusión y análisis, para aprobar un nuevo ordenamiento que coadyuve al desarrollo sustentable del país.

El diputado del PRI, Evelio Plata Inzunza sostuvo que el marco jurídico regulador debe actualizarse en congruencia con la realidad del país, que le permita alcanzar el desarrollo económico, la sustentabilidad y garantice un suministro de calidad y saneamiento del recurso.

Sobre la existencia de subsidios, consideró que no deben eliminarse, porque afectaría a los agricultores debido a que los costos de producción se han elevado.

El priista Enrique Rojas Orozco cuestionó la reorganización administrativa del agua a nivel municipal; advirtió que requieren apoyo económico efectivo, ya que el 80 por ciento están asfixiados financieramente; de no sanearlos cualquier propuesta se “atorará, no podrán funcionar sólo con buenas ideas, requieren recursos”, ya que les quitan el suministro del líquido porque no tienen para pagar la electricidad.

Por el PAN, el diputado Pedro Garza Treviño, urgió a cambiar el concepto que se tiene de los organismos operadores de agua municipales, ya que se les considera la “caja chica” de los alcaldes.

Propuso despolitizar el tema del agua y cambiar el esquema de su uso agrícola que absorbe el 70 por ciento de la disponibilidad; optimizarlo y reducir el desperdicio, generar empleos e impuestos, porque debido a que los subsidios “no les cuesta a los productores del campo no la cuidan”, por lo cual sólo deben entregarse a los grupos vulnerables, precisó.

El panista Ariel Corona Rodríguez sostuvo que entre 50 y 70 por ciento de los usuarios no paga el líquido vital. La gente tiene muy arraigada la idea de que el pozo en su comunidad es de su propiedad y eso alienta la falta de pago, la cual prevalece porque se evita el costo político que implica exigirlo.

Por esta misma bancada participaron los diputados Haydee Vega Olivas, Guadalupe González Suástegui, Wenceslao Martínez Santos

Del PRD, el diputado Xavier Nava Palacios aseveró que la nueva Ley General de Aguas es “un tema nodal para el futuro de México no sólo por el impacto económico y productivo, sino por el social”. Propuso que el ordenamiento no dañe a las comunidades más vulnerables ya que requieren de subsidio en el suministro del recurso.

A nombre del PVEM, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello inquirió sobre la participación de las empresas público-privadas en el suministro y manejo del recurso hídrico, y su competencia con las entidades públicas, ya que los usuarios no están acostumbrados a pagar el agua o reciben subsidio. Del mismo grupo parlamentario participó el diputado José de Jesús Galindo Rosas.

Por Morena, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra subrayó la importancia de mantener los subsidios, en particular para el campo. Propuso la integración de organismos regionales para la gestión, manejo, planeación y abasto del recurso, porque la mayoría de los municipios no pueden hacerse cargo por su débil condición económica. Resaltó que en la participación ciudadana se encuentra un esquema que garantiza un manejo serio, productivo y eficaz del líquido.

Reforma estructural nueva Ley General de Aguas

En su ponencia Gabriel Quadri de la Torre, director general del Sistema Integral de Gestión Ambiental, apuntó que "la nueva Ley General de Aguas será una reforma estructural más allá de lo gremial, corporativo y académico. Es un tema de gobernanza, sustentabilidad, de ciudadanía y calidad de vida vinculados con todos los aspectos de la vida pública”.

Propuso que el derecho humano al agua debe conceptualizarse y definirse claramente en el marco jurídico por las repercusiones legales, sociales y económicas que implica.

“El gran desafío del gobierno es saltar las cadenas de la coyuntura política e intereses particulares y ponerse por encima de ellos para atender los objetivos colectivos, implica riesgos, temeridad, arrojo, liderazgo y capacidad para convencer públicamente y que la gente razone”. Refirió la manipulación electoral de las tarifas y planteó eliminar los subsidios.

Dijo que los usuarios no pagan porque el servicio es pésimo, pero “la cultura de pago es esencial; si no se hace no se resolverá la problemática”.

Para concluir, subrayó que se deberá priorizar la calidad en los servicios públicos, en el suministro de agua potable susceptible de beberse directamente de los grifos, integrar los sistemas naturales en el aprovechamiento del recurso hídrico nacional, y acceso a información transparente de todo el proceso en su manejo.

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